El Agio es un delito cuyas consecuencias afectan directamente a la economía del Pueblo y por tanto merece una sanción mayor a quienes resulten culpables e instigadores del delito.
A groso modo podemos ver una de las consecuencias más notorias y sus ramificaciones de gran efecto perjudicial para la sociedad. El Agio, es el alza de los precios de las mercancías, salarios o valores, el alza se debe a una conducta antijurídica como ser el ocultamiento de los productos, falsa alarma o cualquier otro artificio engañoso que utilizan sus autores produciendo (entre otras) las siguientes ramificaciones:
-Por un lado generan zozobra en la población que de hecho se vuelca a aprovisionarse del producto que se les ha dicho que escaseará o que está muy difícil encontrarlo.
-Generado este primer paso, los comerciantes inescrupulosos empiezan a ocultar dicho producto y sacarlo de a poco con precios elevados. Lo que en la práctica es un verdadero robo al pueblo, véase que los comerciantes lo han adquirido al precio oficial de mercado antes de provocar el alza y en su mayoría de forma directa del productor, luego lo venden en muchos casos hasta en el doble al consumidor.
-Como quiera que el pueblo está obligado por una u otra razón a consumir el producto, lo adquiere a un precio exorbitante para su economía, privándose en muchos casos de adquirir otros productos que antes solía consumir por ese mismo monto de dinero. Lo que en suma, viene a resultar en un atentado directo a su economía y a su alimentación diaria.
-Al subir un producto estratégico (como el caso del azúcar en nuestro medio), automáticamente suben otros productos derivados o asociados a éste.
Esto sólo es una muestra a la rápida, lo cierto es que con el Agio, los comerciantes resultan mil veces favorecidos mientras el pueblo consumidor otras tantas perjudicado.
¿Qué hacer para evitar este problema?, a nuestro juicio desarrollar una política de control de precios entre los productores y los consumidores, es decir, se debe controlar la manipulación de los intermediarios, ahí radica el corazón de todos nuestros males en la cadena alimenticia (Canasta Familiar) y de vestido. Para colmo muchos de ellos no emiten facturas.
¿Quién o quiénes deben realizar ese control?, las autoridades como el gobierno, las gobernaciones y alcaldías de cada distrito. Para ello deben dejar de pelear por cuestiones de tipo personal y político-partidista, sentarse a construir estrategias de trabajo, de desarrollo, de bienestar social. No se apoyen en el 21060 (libre mercado) eso era simplemente para regular la oferta y la demanda, no así el ocultamiento que es cosa diametralmente distinta.
Por otro lado, consideramos que el Art. 226 del Código Penal merece ser reformado con una pena igual o mayor a la del robo y que atribuya sanciones de tipo penal para los instigadores, pero además, que se disponga el decomiso directo de los productos ocultados para ponerlos a la venta al público, el dinero de su recaudación que sea destinado a obras de caridad u otras de bien común.
