PresentaciónTurísmoBlogshoybolivia | FacebookJuegosRSSYoutubeTwitterMóvil
Jueves 28 de marzo 2024 Contacto
InicioPortadaDestacadasEspecialesBoliviaTemas
CuriosidadesEspectáculosArte y CulturaHoy EventosMujer

           
Armando Méndez Morales

Análisis y comentarios de la nueva política económica


2011-04-27 - 21:34:41

Nota. Como se ha anunciado la derogatoria del DS 21060, adquiere vigencia el presente análisis publicado en el Suplemento Análisis del Periódico HOY el 30 de septiembre de 1985.

Sin duda alguna, los propósitos y las medidas planteadas en el DS 21060, de tener éxito, cambiará radicalmente la fisonomía de la economía boliviana que se ha configurado en los últimos cuarenta años, dando lugar a un nuevo modelo económico donde se ubique al mercado como el sistema asignador de los recursos y, por tanto, donde las funciones que cumplen los precios se convierten en vitales par el éxito del sistema, en la medida que expresen correctamente la situación y el comportamiento de las funciones de ofertoferta y demanda en todos y cada uno de los mercados.

i) LA HIPERINFLACIÓN

Si partimos del hecho de que la tasa de inflación en los últimos doce meses, hasta agosto de 1985, había superado el veinte mil por ciento anual, y que la tasa promedia mensual de los primeros ocho meses de este año había alcanzado un ritmo del 67 por ciento por mes, quiere decir que la posibilidad de tener un ritmo de inflación del cincuenta mil por ciento anual estaba a la vuelta de la esquina, de no implantarse una rigurosa política anti inflacionaria.

Este sobreentendido contexto, lleva la Nueva Política Económica (NPE) a la conclusión de que la hiperinflación es el problema fundamental de la actividad económica nacional. La hiperinflación no sólo entendida como unaun alevoso proceso de reducción de ingresos, sino como causa principal de la profunda recesión económica actual del aparato productivo y como barrera infranqueable par la reactivación económica.

Se rechaza pues, la falsedad de la creencia dominante de los años sesenta de que el crecimiento económico va acompañado de inflación en las economías latinoamericanas. Si bien este proceso puede ser cierto en el corto plazo, con una inflación no superior a los dos dígito, al final es simplemente una ilusión de crecimiento ya que al transcurrir el tiempo, el proceso inflacionario adquiere un ritmo creciente que incrementa significativamente los costos de producción y genera expectativas inflacionarias, todo lo cual se traduce en un proceso continuo y persistente de reducción de la producción, simultáneo al proceso de inflación.

En síntesis, la NPE reconoce que es una falacia afirmar  que se puede reactivar el aparato económico y menos aún salir de la grave depresión en que nos encontramos si es que previamente no eliminamos la hiperinflación.

Es de suponer que los autores de la NPE se hayan enfrentado al problema de la forma de aplicar la política anti-inflacionaria, en términos de “gradualismo” o “shock”. Parece que la decisión tomada va por el camino de tratamiento de “shock”, ya que ella forma gradualista no rompe ni elimina las expectativas inflacionarias, convertidas ya en el principal impulsos del alaza de precio en un proceso hiperinflacionario.

ii)  LOS OBJETIVOS EXPLICITOS E IMPLICITOS

En toda formulación de política económica se establecen los objetivos que se buscan alcanzar. En el caso de la NPE, explícitamente se señalan dos objetivos: el primero, a corto plazo, se refiere a frenar el proceso inflacionario, y el segundo, a mediano plazo busca: “reiniciar, redefinir y encaminar el desarrollo nacional liberados con profundo contenido social”.

Siendo la prioridad de estos objetivos coherentemente lógicos, es dable reconocer la existencia de objetivos implícitos en esta nueva política. A mi juicio son tres: en primer lugar, se busca romper la presencia de expectativas inflacionarias y, en segundo lugar, pero en forma simultánea, está la eliminación de las graves distorsiones en el sistema de precios. En tercer lugar está el ataque frontal al fenómeno de la corrupción.

Implícitamente también la NPE reconoce que la hiperinflación es causada por la exagerada expansión del dinero creado por el Banco Central y por las expectativas inflacionarias de los agentes económicos. En un proceso tal, se da el caso de que un uno por ciento de expansión monetaria puede generar dos y tres veces por ciento del alza en el nivel general de precios, justamente por la presencia de las expectativas que reducen al mínimo la demanda de dinero. En otras palabras,  los agentes económicos “huyen” de la tenencia de dinero. Por tanto, una misma cantidad de dinero en una economía no inflacionaria se convierte en altamente inflacionaria en otra que está pasando por este proceso. Es por esta razón que no basta con el riguroso control de la expansión monetario para atacar un proceso hiperinflacionario sino que también es necesario eliminar expectativas.

iii)  LA POLITICA ECONOMICA DE CORTO PLAZO.

Como no debía ser de otra manera la NPE es fundamentalmente una política de corto plazo. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del Titulo V, del Titulo VI ni del Titulo VII del DS 21060 y que se refieren al tratamiento de las empresas públicas; a la formulación de los proyectos de reforma monetaria y de reforma fiscal; a la reorganización del Banco Central y de la formulación de la política presupuestaria, respectivamente.

La descentralización de las empresas estatales no es un proceso inmediatos y menos aún de efectos positivos en el corto plazo. La reforma fiscal y la reforma monetaria son proyectos a formularse, luego deben contar con la aprobación del Congreso Nacional. La reorganización del Banco Central debe vincularse con la reforma monetaria y la política presupuestaria con la reforma fiscal.

Surge la interrogante de cuáles fueron las razones que impulsaron al gobierno del Dr. Paz Estensoro para plantear este otro conjunto de propósitos y de medidas que son ya de mediano plazo y no de fácil ejecución, conjuntamente el otro conjunto de propósitos y medidas de corto plazo, que tampoco son sencillos de lograr resultados positivos rápidamente y que requieren de una especial atención del gobierno.

Una respuesta hipotética sería que para lograr el objetivo de eliminación de las expectativas de inflación, se requería mostrar una imagen a la sociedad boliviana de que el gobierno no era solamente “corto placista” y que más bien tenía una política económica completa. Esta actitud puede ser correcta, pero al precio de abrirse varios frentes sociales  de oposición, sin antes consolidar los propósitos y medidas de corto plazo.

Por lo expuesto, es que vamos a referirnos a la política económica de corto plazo y que a mi juicio descansa en los siguientes pilares: precios libres con la consiguiente libertad de comercio; libre comercio exterior; flotación administrada del tipo de cambio; operaciones bancarias también en moneda extranjera; tasas libres de interés y libre contratación laboral con autonomía salarial.

Este conjunto de propósitos y de medidas, implícitamente reconoce el fracaso de los controles sobre los diferentes precios de la economía que se han venido ejecutando, y sobre sus funestas consecuencias en el funcionamiento de la economía en su conjunto. También se reconoce que objetiva y mayoritariamente la actividad económica nacional se desenvuelve en una economía de mercado y, guste o no, para todos rige esta regla, pero imperiosamente se requerirá que el Estado deje de distorsionar los mecanismos de precios y las mismas reglas del mercado.

Con este conjunto de propósitos y de medidas de corto plazo, la NPE busca que las principales distorsiones en la economía causadas por la acción del Estado se eliminen y, de esta manera, permitir que los recursos económicos se dirijan allá se tiene mayor productividad y eficiencia.

iv) LOS PRECIOS LIBRES

La política de precios libres considera al “precio” como la variable más importante para una buena asignación de los recursos escasos en toda economía moderna y enaltece las cuatro funciones que éste cumple. En primer lugar, el precio cumple la función de “informar” sobre el comportamiento de la economía, con la ventaja que dicha información no molesta a quién no la requiera. El precio informa sobre el grado de escasez y de preferencias sobre todos los bienes y factores de producción, para que, en segundo lugar, todo agente económico, por ejemplo, en su calidad de productor, elija los métodos de producción menos costosos. En tercer lugar, permite la distribución de lo producido entre los agentes económicos mediante los precios específicamente denominados: salarios, rentas, intereses y utilidades. Finalmente, permite la coordinación  de todo el sistema económico y la participación democrática de todos los agentes económicos, ya sean como productores o como consumidores.

Por lo dicho, es que si la información que transmiten los precios no es fidedigna, trae consigo el cumplimiento deficiente de las demás funciones ya señaladas. En cambio si la información es cierta, si la información es libre, las demás funciones del precio se cumplen con eficiencia. Si hay cambios en las condiciones productivas o de oferta y en las preferencias de los consumidores, en un régimen de precios libres, estos cambios se transmiten inmediatamente a los interesados para que realicen los ajustes necesarios y, de esta manera, los desequilibrios y desajustes, que en una sociedad dinámica y de cambio siempre se producen, no se acumulen peligrosamente y más bien se corrijan con prontitud, asegurando, de esta manera, que las demás funciones de los precios continúen armónicamente activándose en provecho definitivo de una buena asignación de recursos.

Es cierto que las actitudes monopólicas u oligopólicas son elementos perturbadores u deformadores de la información que traen los precios, por lo cual simultáneamente al funcionamiento de los precios libres es imprescindible, el libre transito de productos, su libre comercialización n todo el territorio  y también la libre importación, para de esta manera contar con un oferta de bienes los más atomístico posible. Además, una imprescindible promulgación de una ley preventiva de conductas monopólicas también se hace necesaria y cuya formulación también está prevista en la nueva política. Esta ley debe impedir, entre otras cosas, las representaciones exclusivas que muchas de las firmas importadoras bolivianas las tienen, justamente por el carácter monopólico  que significan.

Si se considera que socialmente no es justa la distribución del ingreso que genera el mercado, ya sea por desigualdad de oportunidades, desigual distribución de la riqueza y del poder, entre los agentes económicos, ahí están los instrumentos fiscales de los impuestos, las transferencias y los subsidios para corregir y mejorar la distribución social del ingreso.

v)  LA FLOTACIÓN ADMINISTRADA

Dada la característica estructural de economía sumamente abierta que somos, el tratamiento del tipo de cambio es de vital importancia. Al no existir un stock de reservas internacionales no puede tener éxito una política de cambio fijo, ya que su aplicación requiere, precisamente, de dicho stock y que el léxico popular  lo bautiza con el nombre de “colchón financiero”. Es por esto que la NPE optó por la flotación administrada dada que su aplicación no requiere de un stock de reservas, o si la requiere es mínima en comparación a la política de tipo de cambio fijo.

Con la flotación administrada se busca que el Banco Central sea la autoridad que permanentemente determine el tipo de cambio, en función a la inflación interna y a la demanda y oferta de divisas que constantemente las esté recibiendo. La flotación libre era la otra alternativa que se podía considerar en la nueva política económica, pero con el peligro de inestabilidad. Supuesta la eliminación de expectativas  inflacionarias y en un contexto de grave depresión, como la que se encuentra la economía boliviana, el tipo de cambio se puede inicialmente ubicar en un nivel relativamente bajo al interior de la estructura de precios internos, ocasionando con ello una rigidez estructural de inicio en el rendimiento real de las exportaciones, con lo cual no se estaría incentivando la formación de un fuerte aparato productivo de exportaciones, que es vital para la economía boliviana., precisamente, por su carácter de apertura que ya hemos señalado.

El régimen de flotación administrada tampoco elimina el peligro de un tipo de cambio bajo, más por el contrario si no se lo “administra” correctamente puede acentuarlo. En otras palabras, lo que quiero decir es que el tratamiento al tipo de cambio debe superar la costumbre muy enraizada en el comportamiento cultura del nuestro país, e incluso de toda la América Latina, cuál e el de tratar de mantener un “dólar barato”, que en el pasado fue posible gracias al endeudamiento externo, alternativa que por los resultados vistos no se le puede volver a repetir.

Dadas las condiciones de gran depresión económicos en que nos desenvolvemos, la enorme demanda de divisas que ha existido en el país se debió simplemente a la sustitución de la envilecida moneda nacional y a la especulación cambiaria, que una vez eliminadas las expectativas de inflación, dicha demanda se reducirá abruptamente. En tal situación y ante una ausencia de una demanda normal de divisas y ante una coyuntural oferta de divisas  por desatesoramiento y por exportaciones acumuladas recientemente realizadas, se tendría de inicio un tipo de cambio real relativamente bajo, que no refleje el comportamiento normal de un mercado de divisas, debido justamente a la depresión económica.

Y un tipo de cambio inicialmente bajo no es fácilmente corregible a futuro, cuando la economía se normalice, o en otros términos, cuando las importaciones se dinamicen para el funcionamiento regular de la economía, debido a que cualquier modificación devaluatoria vuelve a generar expectativas inflacionarias. Por lo mismo, el Banco Central vería restringida su autoridad devaluatoria del tipo de cambio y más aún, si el contexto hubiese alcanzado una relativa estabilidad de precios. Es lógico pensar, por la experiencia vivida, que el gobierno no estaría dispuesto nuevamente a desencadenar expectativas y presiones inflacionarias con una futura devaluación cambiaria, más bien buscaría la alternativa de utilizar recursos externos para mantener el tipo de cambio y con ello, sin premeditación, disminuir el rendimiento de nuestras exportaciones, reducir competitividad a la industria nacional e incluso colocarla en peligro de cierre.

De otro lado, si partimos del hecho de que las condiciones de importación no son actualmente las normales, en virtud a la depresión, el tipo de cambio administrado no debe basarse en el comportamiento de la demanda de divisas, sino más bien en el criterio de aumentar la oferta de las mismas. En otros términos, sostenemos que el Banco Central debe manejar el tipo de cambio buscando la mayor absorción de divisas para acumularlas, para de esta manera establecer un nivel óptimo de reservas internacionales que servirían para atender los requerimientos de las importaciones una vez que pase la depresión económica. Además, si en el periodo depresivo se logra acumular divisas no se tendrá que realizar devaluaciones significativas cuando se reactiven las importaciones.

Por lo expuesto, el régimen de flotación administrada debe y puede convertirse en el mejor instrumentos de política cambiaria, siempre y cuando se parta del hecho de que lo importante es desarrollar una nueva estructura de precios relativos, donde el precio de la divisa sea relativamente cara, para que con esta señal, con esa información, los productores nacionales comiencen a ver la  actividad exportadora como una actividad de gran rendimiento. Por tanto, se comience a invertir en dicho sector. Por su parte, la industria nacional puede mantener y desarrollar una adecuada competitividad con el resto del mundo, al tener un dólar caro que justamente encarece las importaciones.

vi) OTRAS MEDIDAS

La libre importación con bajos aranceles se hacia una imperiosa necesidad y una correcta respuesta a nuestra realidad ya hace tiempo atrás, en virtud a la proliferación de la economía informal y, en virtud, a que una importante población del país, desde hace rato, desarrolla la actividad del contrabando y vive de dicha actividad. Una buena ejecución de la política de libre importación requiere de un sistema sencillo, simple y ágil, acompañado de una educación y propaganda persistente sobre las facilidades para importar. Esto permitirá incorporar a la economía formal la vasta actividad económica y social del contrabando, elevará las recaudaciones arancelarias y enfrentará el enriquecimiento ilícito y a la corrupción.
El restablecimiento de las operaciones en moneda extranjera en el sistema bancario es atinado, porque intenta y permite captar el ahorro interno que fuga al exterior. Sin embargo, de deben diferencias las operaciones en moneda extranjera con las operaciones  con “cláusula dólar”; la primera son operaciones financieras con un tipo de activos denominados “divisas”, y la segunda son operaciones del mercado del dinero sujetas a un tipo de corrección monetaria para defender su valor real frente a la inflación interna. Si se elimina la inflación no es recomendable vincular las operaciones financieras del mercado monetario al dólar, porque se está relacionando variaciones relativas del tipo de cambio, que en cualquier momento pueden presentarse por un cambio en los precios relativos internos, con operaciones financieras que no tienen nada que ver con las variaciones del tipo de cambio, y que tienen su propio mecanismo de ajuste, cual es la tasa de interés.

La libre contratación en el mercado del trabajo con libertad par determinar lo salarios son elementos coherentes en el nuevo modelo económico que se intenta construir, ya que permiten, por una parte, la imprescindible movilidad del factor trabajo cuando así se lo requiera. Por otra parte, permite que la negociación salarial se efectué entre los específicamente interesados, conocedores de la situación de la empresa y del nivel de productividad alcanzada, vale decir, entre la empresa y el sindicato de trabajadores de dicha empresa. No obstante, esta política debe complementarse con una política de solidaridad social e incluso, si es necesario, con una política fiscal que mejore los salarios de quienes se considera son muy insuficientes. Las políticas de subsidios  a la cesantía y al desempleo e, incluso, políticas gubernamentales de empleo mínimo para paliar situaciones de grave depresión deben comenzar a estudiarse y a implementarse, no sólo como un acto de justicia social sino como un elemento de disminución de presiones sociales.

En fin, sería posible seguir comentando sobre las otras medidas de los diferentes regímenes aprobados en los primeros cuatro capítulos del DS, 21060, pero creo que lo fundamental se ha hecho.

vii) CONCLUSIONES

La Nueva Política Económica hasta ahora implementada puede tener éxito en el objetivo de romper la presencia de expectativas inflacionarias y puede también permitir que disminuyan las distorsiones en los precios gracias a la acción liberadora de los mimos.

Sin embargo, todavía no se puede asegurar el éxito sobre las causas mismas de la inflación, que son el voluminoso déficit fiscal y la descontrolada expansión monetaria, hasta no poner en práctica  la reforma fiscal y la reforma monetaria.

La reforma fiscal, cuyos objetivos, además de buscar el aumento significativo de los ingresos fiscales, de los medios para aumentar la base tributaria, de los mecanismos para eliminar la evasión, también debe abocarse a la reestructuración del proceso presupuestario, a la política del gasto y a política fiscal distributiva del ingreso. De otro lado, el tratamiento a las empresas públicas, que ya mencionamos, supone que busca eliminar sus crónicos déficits presupuestarios, aspecto que todavía está por verse.

La reforma monetaria debe formular los procedimientos que aseguren el eficiente control de la expansión monetaria, entre ellos, el más importante, impedir la monetización del déficit fiscal; debe delimitar con precisión las funciones que deber cumplir el Banco Central, lo cual puede llevar a una reorganización del sistema financiero nacional; debe señalar la manera y los mecanismos para una efectiva fiscalización bancaria , y debe llevar a la práctica el nuevo signo monetario con el firme propósito de mantener su valor.

Es importante señalar que el objetivo de romper expectativas no es suficiente par atacar con éxito el proceso inflacionario, es imprescindible el tratamiento fiscal y monetario. Sería de lamentar que se desaproveche esta oportunidad en que han caído las expectativas inflacionarias, para muy luego volverlas a reactivas, si es que continúa el voluminoso déficit fiscal financiado con los créditos del Banco Central.

En definitiva, podemos concluir diciendo que la Nueva Política Económica puesta en marcha por el gobierno mediante DS 21060 es el intento más serio de las casi res últimas décadas en materia de política económica  y que si tiene éxito se reiniciará el crecimiento económico, en un marco de liberalización de los precios pero no de privatización de las empresas públicas. Es un intento que todavía tiene mucho camino por recorrer.

Copyright © Hoybolivia.com Reservados. 2000- 2024
Optimizado para Resolución 1024 X 768 Internet Explorer 4.0, Netscape 4.0, Mozilla Firefox 2.0