“CONTRADICCIONES” DIALÉCTICAS E INCOHERENCIAS onTOLÓGICAS – I.
A propósito del discurso exitista que manejaba el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, respecto al control de las mayorías nacionales, escribí en febrero de este año un análisis titulado “Instrumentos neomarxistas para decisiones neoliberales”, donde me referí a la promulgación de algunas leyes para la implementación de los aparatos ideológicos del Estado (AIE) –en el marco de la interpretación Althusseriana- y en el que cuestioné los resultados de su aplicación los últimos años, ya que desde mi punto de vista, el gobierno no había conseguido hegemonizar la ideología y en consecuencia, desde mi percepción resultaba evidente que los postulados del socialismo comunitario no constituían al momento la ideología dominante en el imaginario de nuestro pueblo.
Si bien no considero que el vicepresidente haya leído mis comentarios, estoy persuadida de que el transcurso del tiempo y algunos conflictos por los que atravesó el gobierno durante este año han convencido al segundo mandatario que para consolidar la hegemonía ideológica deseada -en caso de que algún día se logre tal cometido- falta un largo camino por transitar.
En el ánimo de reflexionar sobre el proceso de cambio, el vicepresidente escribió: “Rige quinta fase del proceso de cambio: TENSIONES CREATIVAS DE LA REVOLUCIÓN”, donde afirma que se derrotó al neoliberalismo y que “no hay en el horizonte una propuesta alternativa al de la plurinacionalidad descolonizadora que consolida una única nación estatal, en la que conviven múltiples naciones culturales y pueblos…Pero estos logros de una revolución democrática y cultural no implican que las tensiones, las diferencias internas, las contradicciones y las luchas hayan desaparecido.”
En este contexto establece que la “segunda tensión:flexibilidad hegemónica frente a firmeza en el núcleo social es la que se da entre la amplitud social del proceso revolucionario (la incorporación creciente de muchos sectores) y la necesidad de garantizar la conducción indígena, campesina, obrera y popular de este proceso. Es una tensión creativa que uno puede visualizar, por ejemplo, entre trabajadores, obreros, asalariados y el sector empresarial. Pero así como se tiene que apostar a una gran amplitud social que incorpore a amplios sectores…es imprescindible reforzar y garantizar el núcleo duro de la revolución: los pobres, humildes, campesinos, indígenas, obreros, vecinos, que son, en las buenas y en las malas, el núcleo, el baluarte y la garantía de la conducción precisa y justa del proceso.”
Y agrega: “No hay una receta ni modelo para salir de esta contradicción propia de la construcción de las hegemonías. Sólo el debate, las tensiones, las rectificaciones continuas entre firmeza de liderazgo del núcleo social revolucionario y amplitud hegemónica puede desplegar esta contradicción necesaria, y canalizarla como fuerza impulsora de la dinámica revolucionaria.”
No obstante esta visión optimista del vicepresidente, considero que en la coyuntura actual y a lo largo del 2011 se irá acentuando la ruptura y el distanciamiento entre los diversos estamentos del pueblo con los actuales gobernantes, separación que no tiene retorno. Es probable que esa preocupación haya motivado al vicepresidente a reescribir la historia reciente y establecer las cinco fases del proceso de cambio desde el año 2000, en las que incluyó movimientos e insurrecciones del pueblo como la guerra del agua, para diagramar un esquema que sustente la evolución de un proceso revolucionario y con el fin de reencausar el proceso de cambio.
Principalmente se debe distinguir que los hechos históricos protagonizados por el pueblo boliviano, no son la autoría de un partido ni de personas que en toda su carrera política nunca lucharon por aquellas reivindicaciones ni participaron de esas luchas, y en consecuencia, el presidente y su vicepresidente no representan a los pueblos originarios ni a los obreros y proletarios, ni a los trabajadores de clase media, ni a los desempleados, ni a los cuentapropistas, ni a los jóvenes que se forman para el futuro, ni a las mujeres que sostienen familias, ni a los profesionales con bajos salarios, ni a los pequeños comerciantes, simplemente porque ellos nunca desempeñaron esos roles. Recordemos que el presidente Evo Morales era y es el principal dirigente de la Federación de Cocaleros de Bolivia y no se ha despojado de dicha identidad.
Si bien el texto citado párrafos antes, se refería a contradicciones diálecticas en el seno de las fuerzas que integran e impulsan el proceso de cambio, podemos advertir que por las acciones y decisiones del gobierno, las contradicciones que existen son de naturaleza ontológica, y no dialéctica, dando como resultado una incoherencia entre el discurso con las decisiones asumidas por el gobierno.
En este contexto, la interpelación de la sociedad deberá trasladarse desde el campo ideológico -a donde siempre se ha procurado llevar el debate- hacia el terreno ontológico-ético, por cuanto la principal incoherencia del Presidente Morales se evidencia de la contrastación empírica del “deber ser” con el “ser”.
De la contrastación de las “contradicciones” e incoherencias del discurso y la acción del presidente-cocalero, debemos inferir la verdad de lo que dice representar, y lo que en verdad representa, de lo que dice defender y lo que en verdad defiende, de lo que dice hacer y en verdad hace. La problemática y las tensiones creativas no son contradicciones dialécticas, sino incoherencias ontológicas, que procuraré explicar a continuación.
PRIMERA INCOHERENCIA: EL SUPERAVIT FISCAL.
Las enérgicas protestas protagonizadas por la Central Obrera Boliviana (COB), en marzo-abril del 2011, inicialmente minimizadas por el gobierno y justificadas en su oportunidad por el Vicepresidente como las “contradicciones al interior de los movimientos sociales”, que deben ser superadas para consolidar el mitificado proceso de cambio, fueron generadas por una de las incoherencias del discurso gubernamental.
Es oportuno señalar que la principal contradicción en el seno del movimiento obrero no fue por discrepancias ideológicas, como advirtió el vicepresidente Linera, sino más bien por una reivindicación salarial de los trabajadores, motivada en la pérdida de valor adquisitivo de la moneda nacional, a causa de la inflación admitida en discutibles indicadores inflacionarios, pero fundamentalmente en la realidad económica que palpan los trabajadores en sus respectivos hogares, por ello, el conflicto hallaba sustento en la convicción de que el Estado se hallaba en un real superávit fiscal y que la economía había tenido el crecimiento pregonado en los últimos años.
En aquél conflicto, se movilizaron 47 confederaciones, federaciones nacionales y centrales obreras departamentales y regionales de todo el país demandando al gobierno: a) la derogación Decreto Supremo 809, que disponía el incremento salarial del 10%, señalando que no existió negociación previa con las organizaciones sociales. b) la derogación el artículo 23 de la Ley Financial, ordenaba que las cajas de salud transfieran todos sus bienes y recursos para ser administrados por el Ejecutivo, como medio para financiar la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) c) La derogación del Decreto Supremo 21060, que marcó el inicio de la implementación del modelo neoliberal hace 26 años. d) La implementación de políticas orientadas a la reactivación del aparato productivo
Por más de dos semanas el país se vio envuelto en una serie de movilizaciones, anunciadas y otras sorpresivas, con reivindicaciones sectoriales y generales, todas ellas plegadas a la dirigencia de la COB y alimentadas en sus filas por distintos sectores que vieron por primera vez, marchar juntos cascos de mineros con cascos municipales. La sede de Gobierno fue el escenario donde se realizaron las movilizaciones de las organizaciones nacionales bajo una estrategia denominada de las “mil esquinas”, incluyendo la explosión de petardos y dinamitas.
En apoyo al discurso oficial de descalificar a los huelguistas, el presidente del Senado, René Martínez, señalaba que éstos representaban “a una minoría de asalariados”, ocasionando perjuicios a los estudiantes y el derecho al libre tránsito que tiene la ciudadanía. Las declaraciones en conferencia de prensa de las bancadas del MAS de Diputados y Senadores, y ex asambleístas expresando su repudio al bloqueo de calles, caminos, marchas y manifestaciones que perturban el normal, desarrollo de las actividades en la industria, la banca y el comercio, constituyeron otra patética contradicción entre el discurso y la acción, pues la metodología de cercar ciudades y el bloqueo de carreteras y calles, fue la práctica usual de los dirigentes del MAS antes de llegar al gobierno.
En aquél contexto, la pulseta del gobierno con la COB se basó en acusaciones para descalificado a los huelguistas y consignas elaboradas por los intelectuales mercenarios del gobierno, y la bancada del MAS proponía como solución del conflicto, la posibilidad de confrontar a la COB con "contramarchas" de las organizaciones sociales, promoviendo el enfrentamiento entre compatriotas. La anunciada “contra marcha”, tuvo el efecto contrario pues dio como resultado el ejecutivo de la COB, Pedro Montes asegurara que no tenían miedo advirtiendo que “…algunos hermanos están trayendo para enfrentar, pero los ministros, viceministros, algunos diputados y senadores serán culpables.”
No obstante el desprestigio mediático realizado por el gobierno, en la segunda semana de la huelga de la COB, junto a las protestas de la Caja Nacional de Salud (CNS), de los magisterios urbano-rural y los mineros, se sumaron al conflicto los salubristas, las universidades en sus tres estamentos, los trabajadores municipales y hasta los jubilados que sistemáticamente reforzaron la presión contra el Ejecutivo paralizando la sede de gobierno y realizando marchas en las demás ciudades capitales, mientras el gobierno afirmaba que los sectores en protesta eran sólo dos y dado que existe por mandato de este gobierno, la prohibición de ingresar a la plaza Murillo, no es un detalle menor que el Palacio Quemado, sede de la presidencia, había sido simbólicamente cercado el día viernes 8 de abril de 2011.
El gobierno había sobrevalorado sus fuerzas y la relación con las organizaciones sociales. Lo que el vicepresidente denominó reivindicaciones particulares que perjudican el curso del proceso de cambio, resultaban las reivindicaciones de múltiples sectores de la población, excepto los cocaleros. Desde Cochabamba, la Federación del Trópico expresó su preocupación por el crecimiento del conflicto y no descartó asumir movilizaciones, conminando a los maestros y trabajadores en salud a retornar a sus fuentes de trabajo.
Muchos de los esfuerzos del gobierno durante esa crisis fueron empleados en una estrategia mediática-televisiva que intentaba desacreditar al movimiento obrero en general y de manera particular, a sus dirigentes, buscando asociarles con la desgastada oposición. En aquélla oportunidad el gobierno apostaba al cansancio de los sectores movilizados y como de costumbre cuando se le interpela, acusaba a los dirigentes de la COB de una conducta conspiradora. Entretanto, la dirigencia cobista exigía la participación del presidente Morales en las negociaciones quien se hallaba en la ciudad de Tarija y declaraban su voluntad de diálogo:“Hay capacidad, hay voluntad y esa seriedad, no tenemos ningún inconveniente apenas nos convoque a la media noche, a la madrugada, en la tarde, al media día vamos a estar presente. Queremos una reunión con el presidente no con los ministros.”
Demostrando una vez más su tendencia a retroceder ante la presión que amenace la permanencia del MAS en el gobierno, ante la incontrolable situación, los Ministros se sentaron en la mesa de negociación con los ejecutivos de la COB, dando como resultado un acuerdo donde ambas partes cedieron: la COB en sus pretensiones que originalmente habían sido planteadas en un 30% y luego en un 15%, y el gobierno en su postura soberbia que establecía la imposibilidad de aumentar ni en una décima el incremento salarial.
El presidente Morales se hallaba nuevamente en un laberinto. En aquélla oportunidad los ministros negociadores para apagar el incendio se vieron en la necesidad de realizar una explicación técnica ante los trabajadores que contribuyó decisivamente para la aceptación de la propuesta gubernamental, reconociendo que las arcas del Estado Plurinacional, administradas con el modelo del socialismo comunitario, no contaba con la liquidez necesaria para incrementar los paupérrimos salarios, sino estrictamente para obras y proyectos estatales, así como para la priorización del pago de bonos clientelares. En este contexto, la realidad develada con el DS 748 fue confirmada con la justificación presentada ante los trabajadores, mostrando la realidad económica y las limitaciones que ésta conlleva. A confesión de parte, relevo de prueba.
La explicación del superávit y las reservas internacionales (RIN) que según las propias palabras del vicepresidente en su ensayo El Oenegismo enfermedad infantil del derechismo: “…En 180 años de vida republicana apenas se pudo ahorrar USD 1.714 millones, mientras que en cinco años se ahorró 5 veces más que en dos siglos. En términos proporcionales las RIN representaban el 18% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado el 2011,un incremento sin precedentes que deja a Bolivia como uno de los países con una relación RIN/PIB más elevados.” quedó relegada a la realidad de que el país no se encuentra en posibilidades de realizar un gasto social, porque dicho superávit está destinado a otros gastos traducidos en bonos clientelares.
Y aquí es donde se observa la ruptura epistemológica del discurso y la realidad, pues es evidente que si el Organo Ejecutivo hubiera podido incrementar los salarios y dictar cuanta medida prebendal se le ocurriese, lo habría hecho. Los incrementos salariales hubieran sido posibles de haber existido una economía saneada, como aseveraba el oficialismo.
SEGUNDA INCOHERENCIA: ERRADICACIÓN DE COCA EXCEDENTARIA.
Una de las principales incoherencias del discurso presidencial, es aquélla de agendar la lucha contra el narcotráfico, como obligación de gobernante en representación de todos los bolivianos, pero sin abandonar la dirigencia principal de la Federación de cocaleros del trópico de Cochabamba, en representación de aquél sector. En este contexto de “contradicciones”, los cocaleros, incrementan sin control el cultivo de hoja de coca, convirtiendo a la Pachamama, a la que el primer mandatario del Estado Plurinacional dice defender, en tierra infértil para siempre.
Esta señal política, contradictoria desde su contenido ontológico-ético, por cuanto la naturaleza de las funciones del primer mandatario implican que debe gobernar para todos y no sólo para un sector de la población, ni para un grupo o sindicato, ha sido interpretada y aplicada cabalmente por los productores de la hoja de coca quienes han incrementado también las plantaciones de la hoja sagrada ante la falta de control real de las hectáreas límite de cultivos permitidos por la ley 1008, para evitar la producción de coca excedentaria que se desvíe hacia la industria de la cocaína.
Pero la máxima paradoja de este circuito de la coca-cocaína es que el Estado Plurinacional de corte socialista, es el reservorio de hoja de coca, materia prima de la mercancía cocaína, que genera la ilegal economía política de la cocaína, actividad de las más rentables y millonarias de la acumulación capitalista globalizada. En esa cadena de producción, el campesino que cultiva la hoja de coca es el eslabón más explotado por el narcotráfico, y de acuerdo a la ley 1008, el más vulnerable.
Las toneladas de cocaína interceptadas en frontera, son cantidades que requieren potentes motorizados para ser trasladadas, ya sean avionetas, lanchas, remolcadores y hasta enormes contenedores, donde la droga es camuflada entre el zinc, el arroz o cualquier producto que sea trasladado en grandes cantidades. Si el Estado Plurinacional no puede o no quiere controlar las actividades del narcotráfico, ese rol lo cumplirán los países vecinos en coordinación con la DEA, como ya ocurrió en la operación conjunta de la DEA con la policía chilena, en el operativo de captura del general Sanabria.
Al momento de ser aprehendido el general Sanabria en Panamá, se confirmó la imagen de Bolivia como el país con mayor impunidad para el narcortráfico, ya que la ex – autoridad era el máximo encargado del control antidrogas en el Estado Plurinacional y hombre de confianza del Presidente Morales. Es sugestivo de que al cabo de algunas, horas de incertidumbre, posteriores a la captura de Sanabria por parte de la DEA, fueron detenidos varios policías de alto rango en territorio nacional. Luego de las investigaciones preliminares, el general Sanabria será juzgado en el mes de septiembre en una corte de Miami, donde tendrá la potestad de involucrar y dar datos de autoridades y personas con las que realizaba sus actividades delictivas.
Nuevamente el presidente se encuentra transitando un laberinto del que sólo saldrá una vez que sea juzgado el general Sanabria y exonere de vínculos al presidente Evo Morales y a las autoridades de su gobierno.
Intentando mostrar un control eficiente del gobierno en materia de narcotráfico, en el mes de junio, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, ponderó los resultados en la lucha antinarcóticos y erradicación de cultivos excedentarios declarando que “En materia de interdicción lo más rescatable fue haber aprehendido a tres peces gordos del narcotráfico. Logramos incautar 11,8 toneladas de cocaína y 348 de marihuana en 6.090 operativos. Se destruyeron 2.454 fábricas de cocaína, se detuvo a más de 1.836 personas y se han erradicado 5.158 hectáreas de cultivos de hojas de coca.”
Pero olvidan las autoridades explicar cómo la producción de cocaína se ha incrementado a tal punto que deba descubrirse más de dos mil fábricas de cocaína, las cuales para funcionar a tanta demanda deben sin duda contar con proveedores de hoja de coca.
No es casualidad entonces, que la producción de cocaína se haya exacerbado en nuestro país los últimos años, pues sumado a la señal alentadora de que el presidente continúa representando con la misma prioridad a los cocaleros que a todo el pueblo boliviano, se observan otras acciones que sitúan al Estado en flagrante incumplimiento de pactos y acuerdos internacionales respecto a la erradicación de la hoja de coca excedentaria.
Para ilustrar esta afirmación, basta con señalar que el Estado Boliviano presentó el 1 de julio de 2011 ante la Organización de Naciones Unidas onU su renuncia a la Convención la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, para que el acullico de la hoja de coca sea borrado de la clasificación de estupefacientes.y posteriormente acceder con “reservas”, actitud que fue duramente criticada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), pues la actitud del gobierno boliviano pretendiendo imponer condiciones para formar parte de dicho organismo internacional tendría graves implicancias, señalando de manera oficial: “La comunidad internacional no debe aceptar ninguna propuesta en la que los gobiernos usen el mecanismo de retiro y reacceso con reservas para evadirse de la obligación de implementar ciertas normas del tratado…ese tipo de acción “puede socavar la integridad del sistema global de control de drogas”.
Producto de ello, únicamente hasta enero del 2012, Bolivia se mantendrá como miembro pleno de la Convención, pero luego quedará al margen al menos durante un año, hasta que los demás países signatarios de la Convención analicen la reserva que Bolivia planteará el 1 de enero para que se considere su reingreso. Esto en definitiva no contribuye para que Bolivia se quite el estigma de país productor-exportador de cocaína.
Concluyamos que actualmente no hay una política seria de prevención y erradicación, circunstancia ratificada por la conducta del gobierno ante los organismos internacionales, y por el respaldo simbólico y de facto del presidente Evo Morales hacia los sindicatos de cocaleros, siendo en consecuencia, incoherente e insostenible el discurso de lucha contra el narcotráfico.
* Abogada independiente.
