Claro siempre es distinto sentir en carne propia, porque el dolor se hace verdad, se vuelve existencia y lacera dejando heridas que no es cierto que cicatrizan, no lo hacen, simplemente sangran cada vez que las tocas.
Una de esas heridas es tener que dejar la Patria por la ausencia de justicia. El único refugio que tiene un ser humano cuando es perseguido injustamente es la administración de justicia. Pedir justicia, es pedir que apliquen la ley sin parcialidades de ningún tipo.
Aplicar la ley es tarea de la justicia, no hay otra institución, no hay otra manera y por tanto la justicia tiene que ser administrada por hombres probos, apegados y respetuosos de la ley. Si esto no es así, entonces todos los derechos dejan de tener respaldo. Cuando la justicia pasa a ser un instrumento al servicio de intereses de grupo encaramados transitoriamente en el Poder, todo el sentido de la ley se pierde en los vericuetos de la insana satisfacción de poner entre rejas a quien no sea de tu agrado.
Los primeros en darnos cuenta de lo que se avecinaba en Bolivia fuimos los ex ministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado por el señor Evo Morales. Todo el proceso del juicio de responsabilidades estuvo viciado desde un inicio. Sin una prueba que demuestre que hubo genocidio, y que pueda por tanto aplicarse esa figura jurídica para justificar el juicio, se montó un circo que ha tenido como resultado la cárcel para aquellos generales que cumplieron su deber constitucional y una sentencia para dos Ministros que fue simplemente una burla ante semejante acusación, porque sencillamente no había pruebas y no había razón para ser parte del juicio. Fue por ello que yo no me presté ni me prestaré al manoseo jurídico urdido, para darle visos de legalidad a lo que nunca tuvo base jurídica para tal efecto.
Muchos se alegraron y entre ellos el señor Carlos Mesa Gisbert, para que ese juicio aberrante se llevara a cabo. Hoy día podemos darnos cuenta de que nosotros no fuimos el todo, sino la parte de lo que se venía. Con nosotros comenzaron a burlarse del debido proceso y como muchos aplaudieron, el gobierno comprendió que podía hacer uso de esa burla cuando quiera, con quien quiera y como quiera.
Comenzó con unos pocos y luego la persecución sañuda se hizo grupo y después se extendió a toda la sociedad. Somos más de 600 los bolivianos con refugio político otorgado luego de un exhaustivo análisis jurídico que se hace en cada caso. Es importante que la ciudadanía sepa que el refugio Político, está amparado por leyes y Tratados. El refugio Político y el Asilo, sólo se concede a quien puede demostrar que no está acusado por la comisión de delitos comunes penales sino por acusaciones políticas o que no tiene garantías para defenderse de ellas. No es una concesión graciosa, sino fruto de análisis jurídico que se hace por una Comisión de expertos en estos temas.
Y por ello resulta incomprensible declaraciones que hace el señor García Linera al calificar de desatino el asilo político otorgado al Senador Pinto o las aseveraciones simplonas del señor Morales que niega la persecución política y que convirtiéndose en juez supremo califica de delincuentes políticos a los perseguidos. La propia calificación de delincuente político, ya es suficiente para que el refugio se otorgue, porque esa figura penal no existe.
Esa misma calificación hizo posible el refugio político al gobernador Mario Cossío a pesar de todo el escándalo que levantó el gobierno incluso enviando a personitas con cargo público que no dudaron en injuriar al Estado paraguayo que tuvo que reaccionar ante el atrevimiento.
Y como anillo al dedo viene la Cancillería mexicana a tratar de inconsistentes y arbitrarios los argumentos del Fiscal Suaznabar, para convencer a esa Cancillería que el señor Antonio Aranibar cometió delito en función pública, entregando unos recibos que no contienen la firma del ex Canciller Aranibar, demostrando una vez más que desde el Poder se urden pruebas, se falsifican documentos y se planifican asesinatos.
No hay garantías para nadie, cualquiera puede ser imputado y luego acusado, para eso cuenta el gobierno con jueces que determinan sus sentencias mirando la coca, o que urden pruebas para sustentar sus procesos o que asumen procesos sin que el hecho sea de su jurisdicción. Esta es la realidad.
Y sobre esta realidad hay que actuar, con la verdad en la mano. Hay que denunciar en todo foro, reunión, asamblea y en toda organización que se pueda la situación de la Justicia en Bolivia y de los Derechos Humanos pisoteados y escarnecidos por un gobierno que busca prolongarse indefinidamente en el uso de Poder.
Donde no hay garantías a los derechos humanos, donde no hay garantías a la propiedad privada, donde ni hay garantías a la libertad de opinión, no hay democracia.
