Marcelo Ostria TrigoLa justicia puesta a prueba
2013-04-24 - 11:20:44
El representante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Denis Racicot, ha afirmado que la justicia boliviana se encuentra en “profunda crisis”. Los signos: la retardación en el trámite de los procesos judiciales, el hacinamiento en las cárceles y la corrupción y extorsión, lo que desfigura una institución indispensable para la convivencia y la armonía de la sociedad, y para la protección de la integridad, los bienes, la dignidad, la libertad y la vida de los ciudadano
Sin duda que el caso del supuesto terrorismo, separatismo y complot para asesinar al Presidente, que terminó en los sucesos sangrientos del Hotel Las Américas de Santa Cruz, es la principal muestra de la crisis que sufre la administración de justicia. Se han cumplido ya cuatro años de la tramitación del juicio y, según se ve, se prolongará mucho más. Si este es un ejemplo de los resultados de la reforma judicial consagrada por la constitución vigente, es comprensible que haya muchos decepcionados, pues esperaron un sistema que asegure el imperio de la ley y la protección de los derechos ciudadanos.
Preocupa también la tendencia de poner la justicia al servicio del gobierno, como sucede en las dictaduras que pretenden, y a veces lo consiguen, usar el poder judicial con fines políticos y aún como instrumento de persecución. El más reciente intento de monopolizar la justicia –ya cumplido por el chavismo y sus aliados–, es el del gobierno argentino con una reforma institucional, claramente inspirada en el lema kirchnerista: “¡Vamos por todo!”, y que ya ha desatado una protesta, con un inmenso cacerolazo, el pasado jueves 18.
En Bolivia, pese a la advertencia de señor Racicot, sigue el empeño de copar todo; es nuestra versión del “¡Vamos por todo!”. Ahora, en la Asamblea Legislativa habría un proyecto de ley para otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de intervenir en la designación de notarios de fe pública, precisamente de los encargados de dar fe de los actos públicos y privados; designación que, hasta ahora, fue atribución del Consejo de la Magistratura. Si se aprueba este proyecto, será equivalente a la ocurrencia de hacer elegir, por voto ciudadano, a los candidatos a magistrados escogidos previamente por el poder. Así, no se solucionan los males recurrentes de la justicia; es decir: la corrupción y la extorsión que preocupan a Naciones Unidas.
La justicia ha sido puesta a prueba, pese a que todos saben que sin ella no hay libertad.
