Víctor Vargas MontañoCambio real en el Órgano Judicial
2014-07-24 - 16:55:26
Al final alguien del MAS como el Diputado Edwin Tupa se animó aunque tímidamente a proponer desde las huestes del oficialismo un cambio real en el Órgano Judicial y eso, puede ser bueno en la medida en que sea aplicado efectivamente y para mejorar la administración de justicia.
Aunque no nos guste, de un tiempo a esta parte, la administración de justicia con todos los cambios y contracambios que se vienen ensayando en nuestro medio, lo único que se ha logrado es agravar la situación de retardación de justicia, ahondar la corrupción y tergiversar en todo sentido lo que medianamente debía entenderse por “justicia” (valga la redundancia).
“Para muestra basta un botón”, así vemos que, bajo el supuesto de agilizar los procesos, la elección de los nuevos Magistrados trajo consigo una reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia, pero no así del Órgano Judicial en su conjunto, es más, se estableció internamente que los nuevos Magistrados atenderían las causas nuevas y las antiguas quedaron en manos de los suplentes (liquidadores), pero, como ya existía un cúmulo de expedientes apilonados del retraso histórico anterior, estos señores no pueden despachar asuntos que datan de hasta 2007, es decir, hay causas que están en espera del Auto Supremo hasta por más de 7 años y eso, por más justo que sea el resultado, para las partes ya es una injusticia.
Por otro lado, si bien en materia penal se viene aplicando la oralidad en los procesos y con este sistema se fijaron plazos “perentorios” para lograr un sentencia y combatir la retardación de justicia penal, resulta que en la práctica existen procesos que tienen más de cinco (5) años en trámite y no se ha dictado sentencia cuando debía ser como máximo en tres (3) años para que esta esté totalmente ejecutoriada, es más, los acusados siguen presos… entonces, ¿En qué quedan las normas procesales y el sistema mismo?.
De otra parte, si bien se dice que la “justicia es gratuita”… así está establecida en todos los Principios de nuestro ordenamiento jurídico (aunque en la práctica no es cierto ya que el Estado paga por ella y el Estado es la Sociedad), sin embargo, para el ciudadano común sigue siendo un servicio muy oneroso, máxime cuando la mayoría de los funcionarios, siguen pidiendo dinero extra a su sueldo para realizar sus labores, es como si su sueldo no cubriera el valor de su trabajo, pues el “oficial” no notifica si no le dejas dinero extra para que salga de su despacho así sea al frente del juzgado (salvo muy raras excepciones…), lo propio ocurre con la búsqueda de expedientes, oficios, testimonios y otras diligencias… Amén, de muchos errores en la aplicación de las normas e interpretaciones diversas que les vienen dando los mismos jueces, o por último, en lugar de agilizar su labor, se proponen observar cuestiones triviales, situación que deja mucho que desear de la administración de justicia.
De ahí que, coincido con el criterio del Diputado Edwin Tupa en que se deben hacer cambios reales en la administración de justicia para beneficio de la sociedad y ello, implica no sólo un simple cambio del elemento humano dentro del Órgano Judicial de forma estructural, sino del modo de administrar JUSTICIA en Bolivia, para ello, se debe diseñar un nuevo comportamiento en la selección de ese personal, despolitizándolo completamente, valorando las cualidades humanas y su preparación intelectual de los funcionarios, jueces y magistrados en lugar de otras cuestiones que se dicen son determinantes como: “pertenecer al partido…, aportar… u otros”. Y, por supuesto, se debe ajustar y controlar la preparación académica que se viene dando en las distintas Universidades a los profesionales en todas las áreas.
