Opinión

La informalidad y el Estado

2015-04-01 - 10:30:55
En 1986, se publicó la obra ‘El otro sendero’, del investigador peruano Hernando de Soto, que recoge los resultados de un estudio del Instituto Libertad y Democracia sobre la informalidad en el Perú. Fue un “Best Seller”. Quizá por primera vez, se trató de identificar, con seriedad y objetividad, las causas de la informalidad, de precisar sus características –las que persisten en algunos países y, en especial, en Bolivia– y de proponer acciones para lidiar efectivamente con este asunto, sin afectar a los sectores de ciudadanos que se ven obligados a permanecer al margen de las regulaciones del Estado.

En dicha obra se identifican las causas de la renuencia de los ciudadanos corrientes y sin capitales considerables, de cumplir con las exigencias contenidas en una infinidad de leyes, resoluciones, reglamentos y otras regulaciones –se calculó que, entonces, en el Perú había medio millón de normas, la mayoría de difícil cumplimiento– lo que daba la idea de un Estado cada vez más hipertrofiado y crecientemente interventor en todos los órdenes de la vida ciudadana. La tiranía es, al decir de don Juan Lechín Oquendo, de burócratas “insensibles y satisfechos”, como enorme legión que, para asegurar su permanencia en la hinchada administración pública, crean recovecos en trámites sencillos además de requisitos inútiles.

De Soto explica que el informal no lo es porque así lo prefiera –realmente quisiera estar en orden con la ley–, sino que se ve obligado a seguir por esos absurdos y tortuosos caminos, por la obligación que nace de esas reglas complicadas, arbitrarias y, a veces, incumplibles. En suma, es el Estado el que empuja a eludir las insólitas exigencias para la incorporación a la actividad formal.

Lo examinado en ‘El otro sendero’ se aplica, no solamente a la Bolivia de los años 80 del siglo pasado, sino a la actual. Es notorio que la informalidad crece, se empodera y se convierte en un desafío. La solución, por supuesto que no es fácil. Pero habrá que comenzar por reducir exigencias irracionales, diligencias engorrosas y, por supuesto, impedir coimas para que un trámite siga el curso normal.

Han terminado las elecciones departamentales. Las nuevas autoridades de las gobernaciones y alcaldías podrían decidirse a reducir su tamaño –con seguridad aumentarían en eficiencia–, como ejemplo para la administración central que ya rebalsa de funcionarios, y a simplificar sus procedimientos, haciendo posible que un mayor número de ciudadanos se incorporen en las filas de formalidad