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Mauricio Aira

Estado aval de sus Instituciones


2017-01-01 - 07:39:13
De nuevo ante un caso de distorsión de la verdad. Tiene su origen en el informe de Colombia vinculado a la catástrofe aérea con avión matriculado y operado por Bolivia desde el aeropuerto de ViruViru y siniestrado cerca de Medellín provocando la muerte de 71 personas y la destrucción total de la nave propiedad del venezolano español Albacete. Resultado de su publicación hace pocas horas se han dado varias reacciones, entre ellas que el Gobierno procesará a las autoridades de AASANA y de Aeronáutica Civil de Santa Cruz.

Es posible que la comunicación oficial esté provocando risitas en los países involucrados en la tragedia Colombia y Brasil, porque carece de importancia que la Administración incoe juicios a sus subalternos, puesto que la responsabilidad plena recae sobre el Gobierno del EMA. Es más, pronto lloverán las facturas por danos y perjuicios, las de los seguros que serán pagados sin demora a los damnificados y sus familias, y por el resarcimiento de daños a terceros y por los costos de investigación y recuperación y traslado de los restos desde el lugar del siniestro hasta sus lugares de destino. O sea, las facturas serán por muchos millones de dólares.

De vuelta al informe colombiano, resulta confirmando que la aeronavegación nuestra sirve a intereses de grupo, si se quiere de tinte político oficialista, más aún por la conducta de funcionarios subalternos que por instrucciones de más arriba se resistieron a informar. No se trata de “buscar y encontrar chivos expiatorios” como destaca un medio serio, no es posible culpar a otros de la autoría oficial, la culpa es del Estado y será el Estado que tendrá que cancelar esas facturas por las chambonadas, la permisividad, la complicidad con los encargados y por la otorgación de licencias fuera de norma.

Al parecer cuesta aceptar que el Estado tenga que ver, y mucho, porque a la hora de pagar, no le pedirán a AASANA, ni a la Dirección de Aeronáutica Civil que cancele las cuentas, serán cobros directos al Estado, porque es el garante, es el aval de todas las Instituciones bajo su tutela según la C.P.E. pocas semanas de plazo le queda al Estado dejando atrás a LaMia, y todas sus maniobras ante la Administración de Morales.

De tal manera los ministros y otros altos dignatarios que tienen relación con la Fuerza Aérea Boliviana, que cobijaron a LaMia concediéndole un trato de privilegio, perdonándole sus cuentas, socapando sus adeudos inexplicables, etc., etc., ya no tendrán ante el Seguro, ante sus pares de Brasil y Colombia y los organismos internacionales que regulan los vuelos, pretexto alguno para dilatar el pago por lucro cesante y daño emergente, reglas de oro con que se mueven los negocios internacionales, que figuran en los convenios interestatales del mundo globalizado y comercializado en que vivimos.

Con sobrada razón se está pidiendo un informe concreto sobre el origen, la propiedad y los curiosos vínculos de LaMia con el Gobierno, la FAB, BOA, y que incluya sus manejos económicos y como se ha denunciado si actuaban en Bolivia no sólo como arrendatario de aviones, sino también como “socios con derecho a negociar y retirar utilidades mediante apoderada”. Si el Gobierno de Morales Ayma pretende darle como es su costumbre “largas al asunto” Bolivia corre el riesgo de ser tildada de “insegura para operaciones aéreas regulares” lo que bien puede dar lugar a ciertas restricciones en los vuelos de tinte internacional, con gravísimo perjuicio para pasajeros y carga. Sin el pago oportuno, vendrá la indexación de costos. Grave.
En fin, estamos frente a un episodio que actuando con honestidad y rectitud puede sacar airoso al país, de lo contrario la fosa será profunda y el sacrificio de tantas vidas humanas dejará honda huella en las “alas nacionales”.

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