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Marcelo Ostria Trigo

Protesta ciudadana


2018-01-17 - 20:59:42
El viernes pasado, se confirmó que los ciudadanos exigen que los integrantes del poder —que siempre es temporal— respeten la ley y sirvan, sin exclusiones, a una sociedad que desea vivir en paz, es decir protegida por una justicia idónea y en un ambiente propicio para lograr el progreso. Si esto se califica como una movida política, se da en el clavo, pues todo esfuerzo para restaurar libertades e injusticias es un asunto político, aunque no sea una acción de un partido. Es más: es política ciudadana en serio, sin sectarismos, orientada a cambiar un estado de temporal indefensión de una mayoría que está desencantada con la llamada “revolución democrática y cultural”. Sin embargo, aún hay ceguera en el oficialismo; la que se debería superar ante la determinación de una sociedad unida y descontenta.

Lo que viene dependerá de la actitud que asuma el régimen: o acepta que debe atender el clamor popular, o insiste en la porfía de perpetuarse en el poder, dictando leyes injustas, persiguiendo a los que disienten y se oponen al modelo neopopulista que pretende consolidar, negando uno de los elementos esenciales de la democracia: la alternancia en el poder. Por lo visto se pretende olvidar que en Bolivia ha pasado la época de los llamados “caudillos bárbaros” del siglo XIX empeñados en eternizarse en el poder y que, luego, nadie pudo perdurar más allá de lo legal. Quizá la insistencia —ahora reeditada— en perdurar haya sido una de las causas de que el país tenga el récord de más golpes de Estado y revoluciones.

Si el oficialismo aceptara —no parece que por ahora esté dispuesto a hacerlo— que es necesario cuidar la legalidad, con su mayoría congresal abrogaría un código penal destinado a consagrar arbitrariedades. También tendría que dictar amnistía para los presos políticos y de conciencia y para los exiliados. Debería, en definitiva, tramitar ante el Tribunal Constitucional la inmediata anulación de la írrita sentencia que autoriza la reelección presidencial indefinida y aceptaría abandonar las amenazas y la represión violenta contra las manifestaciones populares. Por supuesto que esto debe llevar aparejada la tolerancia cero a la corrupción que prevalece, y poner freno al derroche oficial..

No hacer lo que corresponde y exigen los ciudadanos, más aun cuando el ambiente ya está crispado, es arriesgarse a que “si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno" (Emiliano Zapata, 1879 - 1919). Ahora, en el día después, la responsabilidad es del régimen, que aún está a tiempo de cambiar para evitar males mayores.

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