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Dante N. Pino Archondo

Cuando caiga el telón


2018-03-29 - 17:35:28
Cuando estaba en La Paz el año 2009 tenía la obligación de firmar en la Fiscalía el libro de presencia como imputado en el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada, una mañana estando en ese afán, un señor sentado en una de las mesas de la fiscalía le recriminaba a otro porque estaba haciendo anotar su nombre en el libro de los alteños que habían sido victimas en los hechos de octubre, porque él no tenía nada que hacer en esos hechos.

Así con esa seriedad, se manejaron los actos jurídicos. Quien quería figurar como victima solo tenía que firmar un libro. Esos fueron los mas de 2.500 testigos que dijo iba a presentar la Fiscalía junto con 400 heridos. En realidad, esos testigos no superaron la docena y en cuanto a los heridos y muertos la lista presentada nunca fue evaluada por el Tribunal y menos analizada para ver la consistencia de esa documentación, se recibieron los folios dando por hecho que eran ciertos.

Ningún perito fue convocado para que certificara la veracidad de esas pruebas. Alrededor de ellas se armó todo un escenario de justicia que no era sino simple manejo político solventado desde el propio gobierno.

Que hubieron muertos en los días de octubre de 2003 es cierto, pero que la lista presentada por la Fiscalía contiene a las victimas de octubre es otro cuento.

Por eso 15 años después, el 5 de marzo de 2108, se presentan 9 víctimas, de las 68 que se dijeron fueron, en los estrados judiciales de Estados Unidos para demandar al presidente Sánchez de Lozada y el ministro Sánchez Berzain una indemnización por la muerte de sus familiares.

El Juicio de responsabilidades en Bolivia duró dos años y cuatro meses y al final la sentencia condenatoria fue a los Altos Mandos militares, ya que los ministros que se quedaron Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara recibieron una sentencia mínima de tres años que es excarcelable, casi simbólica.

El juicio en los Estados Unidos duró tres semanas y se presentaron 30 testigos, así como peritos en la materia forense y balística. Lo que en Bolivia no se hizo se pudo hacer en Miami, y la opinión de los expertos es concluyente: por un aparte, no fue posible determinar la intencionalidad de los disparos porque la documentación entregada oficialmente no cumple con los requisitos mínimos para efectuar un examen forense, es decir ni antes ni ahora la documentación presentada es fiable y puede ser considerada para acusar como se lo hizo al final en Bolivia y por otra, no se pudo determinar ni los ángulos ni la distancia de los disparos por la misma razón anterior, la documentación presentada es insuficiente. Pero he aquí que se dijo algo muy importante: “En el caso de la niña Marlene, se determinó que murió por una bala de Máuser, calibre 7,65. La defensa de las víctimas de octubre intentó impedir que se tome en cuenta la declaración de Katz, pero no lo lograron.”

Recordemos que esta niña fue usada como ejemplo del uso de la fuerza militar excesiva, ahora sabemos que fue victima por el uso de la fuerza delincuencial que Felipe Quispe se atribuye cuando declara que el realizó una emboscada al “zorro” Sánchez Berzaín precisamente cuando esa niña murió.

Lo que pasó en octubre de 2003 se sabrá cuando existan las garantías plenas para establecer los hechos. En un tribunal internacional, todo lo actuado por la Fiscalía General de la Republica no serviría ni para iniciar un proceso. La impunidad procesal con la actuaron en plena colaboración con los intereses políticos de Carlos Mesa Gisbert y Evo Morales Aima, está comenzando de develarse. Por eso temen lo que se mostrará cuando caiga el telón que hoy los encubre.

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