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Moira Sandoval Calvimonte

Necesidad de reforma a la Ley Electoral


2015-04-22 - 09:22:29
Es menester hacer un análisis jurídico de la Ley Electoral N° 026, que debido a sus falencias e incongruencias con la Constitución Política del Estado, ha permitido ser instrumentalizada en las elecciones subnacionales por el Organo Electoral, desde etapas previas y la elección misma, hasta la fase de los cómputos.

Así resultaron la insólita Resolución del Tribunal Supremo Electoral que canceló la sigla de UD para el departamento del Beni, o la reciente anulación de los votos depositados para el FRI en Chuquisaca, generando rechazo y críticas por ser una decisión arbitraria.

Quienes impusieron la inédita sanción en el departamento amazónico argumentaron que es legal pues se adecua a la tipicidad del artículo 135° de la Ley Electoral, más eso no le quita el carácter de una decisión extrema en materia electoral, ya que nítidamente no guarda proporcionalidad de la sanción con la infracción.

LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

Las prohibiciones sobre propaganda, elaboración y difusión de estudios en materia electoral previstas en la Ley 026, son notoriamente restrictivas de libertades constitucionales por sus limitaciones en temporalidad, modalidades y condiciones. El artículo 135° que posibilitó la extrema sanción, es claramente limitativo del derecho ciudadano de estar informado, que constituye parte fundamental del ejercicio electoral y de la democracia.

Semejante atropello motivó que la fuerza política afectada, interponga Recurso de Inconstitucionalidad contra el cuestionado artículo 135 de la Ley 026, el cual de manera expedita fue declarado improcedente en instancias jurisdiccionales, lo cual nos retrotrae a la deplorable situación del Organo Judicial.

La aplicación del polémico artículo 135 de la Ley Electoral bajo las sanciones previstas en el Artículo 136 -– no obstante su legalidad--violenta la esencia misma del proceso electoral, que debe basarse en la publicidad, información y divulgación de las ofertas electorales.
Los efectos de dicha decisión son catastróficos para la esencia de la democracia: el derecho de los ciudadanos a elegir, lo que en términos jurídicos es el sufragio activo, inutilizando el voto del ciudadano que tuvo que redireccionar su preferencia electoral, al mismo tiempo que afectó el derecho de 228 ciudadanos de participar en el proceso electoral, desconociendo el principio básico de PRECLUSIÓN que rige la Ley Electoral. En virtud a dicha premisa, los candidatos una vez habilitados y habiendo cumplido los requisitos establecidos en dicha norma, ya no pueden estar expuestos a nuevas condiciones de inhabilitación, pues esa etapa ya está precluida, lo que significa que no se puede retornar a la fase anterior ni revisar las determinaciones asumidas y consolidadas.

LA LEY 026 Y LA SEGURIDAD JURÍDICA

El mencionado Principio de Preclusión que rige la Ley Electoral va sincronizado con otro principio legal superior: el de la seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional de Bolivia, entiende a la seguridad jurídica como “…la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de las autoridades pueda causarles perjuicio” como dictamina el Tribunal Constitucional de Bolivia mediante Sentencia 0739/2003 del 04/06/2003, entendiéndose que la aplicación objetiva de la ley comprende un núcleo de principios y valores como la razonabilidad y la proporcionalidad.

La seguridad jurídica, por ello, constituye un principio y un valor del Estado de Derecho, donde la autoridad está obligada a asegurar al individuo que su persona, sus derechos, su honra, sus bienes y sus instituciones no serán objeto de arbitrariedades y que el quebrantamiento a estas garantías, no puede quedar en la impunidad bajo ninguna circunstancia.

Cuando no hay seguridad jurídica en un Estado de Derecho, invade a los ciudadanos el sentimiento de desamparo de la sociedad por la falta de aplicación equitativa de las leyes y las certezas que brinda la predominancia de la ley sin decisiones arbitrarias de quienes administran la cosa pública. En ese marco, la promulgación de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, fue un aporte certeroa la seguridad jurídica, cuya finalidad es regular y frenar cualquier decisión arbitraria del sector público, garantizando la esperada certidumbre, transparencia y celeridad en su obrar administrativo.
Empero, la cancelación de la sigla de UD dejó en indefensión a 228 ciudadanos, desprovistos de la posibilidad de habilitarse por los plazos y el tiempo inminente de la elección, situación que vulnera la seguridad jurídica dentro del proceso democrático, instalando la desconfianza en el Organo Electoral que puede proceder en cualquier momento de manera excesiva o arbitraria, fuera de los márgenes de los principios del derecho.

El Organo Electoral, responsable de brindar seguridad jurídica, orientar, informar y dar facilidades al electorado, no tuvo seriedad en su desempeño, al permitir la confusión y desinformación alos electores en el Beni, situación agravada por el escaso tiempo que contaban los 228 candidatos “cancelados” para reorientar a sus adeptos o establecer alianzas, quedando éstos en total indefensión, a causa de una normativa electoral drástica, en plazos y restricciones procedimentales.En suma: un proceso electoral sin Seguridad Jurídica.
Asimismo, también se ha violentado el Principio de Preclusión, en la capital del Estado, pues el TDE publicó en su página web los resultados que conferían a Esteban Urquizu del MAS un 48,91%; a Damián Condori por CST el 42,49%; a Oscar Rodas de ACH, el 4,80%, y a Adrián Valeriano, del FRI el 3,81% de los votos. En vez de programar la segunda vuelta, los vocales anunciaron la existencia de una Resolución que les habilitaba a anular 9.070 votos del FRI, argumentando la renuncia del candidato de esa fuerza política. Con dicha operación, la actualización de datos del TED concedió a Urquizu el 50,84% y a Condori el 44,17%; consolidando más del 50% para el candidato del MAS, y con ello la victoria.

La decisión de revisar el cómputo de los votos, cuya instancia en mesa se consolidó bajo el Principio de Preclusión, pone en duda si la aplicación de la Ley 026 es la correcta o si la norma electoral deja resquicios para determinaciones discrecionales de los vocales de las autoridades electorales. La renuncia del candidato del FRI, fue presentada fuera del plazo señalado para el efecto, y el TDE no publicitó dicha situación, omisión que no justifica bajo ninguna circunstancia dicha medida administrativa, determinante en los resultados finales. Por ello los votos del FRI, eran legítimos, válidos y computables.

AUSENCIA DEL DEBIDO PROCESO

Va de suyo que todas las normas administrativas vigentes en el Estado Boliviano, en concordancia a la doctrina del Derecho Administrativo y a la Ley N° 2341, así como a principios constitucionales, contemplan un Régimen de Sanciones, donde se detalla el PROCESO SANCIONATORIO con sus respectivas fases de cargos, período probatorio de descargos y luego de la evaluación de las pruebas, recién se produce la emisión de la respetiva resolución sancionatoria o desestimatoria. Tanto en materia tributaria, municipal, financiera, de seguros, de pensiones, de valores, de hidrocarburos, etc. Ello en el marco del Debido Proceso, que es una garantía, un derecho y un principio del Derecho Positivo vigente, es el instrumento mediante el cual se ejercitan plenamente los derechos subjetivos del ciudadano, tanto en materia penal, civil, administrativa, etc.

Analizado el Artículo 136 de la Ley 026, que explicita las Sanciones para los estudios de opinión, cuyos parágrafos II y III, es visible quecontienen presupuestos inconstitucionales,al no estar regidos por un procedimiento inexcusable que debe seguir todo PROCESO SANCIONATORIO de toda norma administrativa, sustentada en el DEBIDO PROCESO.

Sin lugar a dudas, la redacción el artículo 136 parágrafo II, es de corte autoritario, pues no prevé ni por asomo el procedimiento a seguirse, cuando establece: “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica; además, serán sancionadas con una multa…”

Ese marco legal faculta a la autoridad electoral realizar un acto discrecional, porque no contempla el debido proceso, además de que no guarda proporcionalidad entre la sanción y la infracción. Así, el mismo Tribunal rechazó una denuncia contra Silva (MAS)por una falta similar, desestimando la sanción por considerar que las declaraciones emitidas no constituían prueba plena, y sin embargo aceptó como prueba de cargo un boletín de prensa de UD para cancelar su sigla en ese departamento.

Si la Ley 026 contemplara el debido proceso, los representantes legales de la organización política UD, debían ser notificados con la imputación de los cargos, y dentro de un período de prueba, realizar éstos sus descargos, (para justificarse y/o eximirse de la sanción prevista en la tipicidad de la conducta infractora), mismos que deben argumentarse por escrito, para una apropiada defensa. En cambio, si la sanción es impuesta inmediatamente sin lugar a descargos, se vulnera el debido proceso garantizado en la Constitución y en toda norma administrativa y norma sustantiva penal, como corresponde en un estado de derecho.

Dentro del procedimiento administrativo sancionatorio que rige las normas, los argumentos de descargo podrían ser expuestos de manera clara y la resolución sancionatoria necesariamente debería consignar las fundamentaciones legales que expliquen por qué procede la sanción en un caso sí en y en otro no. La desestimación de la primera denuncia crearía un precedente de inaplicabilidad de esta norma por ambigüedad, generando el rechazo automático de la sanción sobre el segundo caso.

Una Resolución Sancionatoria como la que emitió el Órgano Electoral Plurinacional, ejercitando su potestad administrativa sancionadora, ajustándose a derecho, tiene efectos ultractivos y no retroactivos, y en consecuencia no podría disponer la cancelación del registro de las siglas, sino para elecciones futuras, en combinación también con el principio de PRECLUSION que rige la Ley Electoral.

Con este razonamiento jurídico elemental e incontrastable, la sanción debe hacerse efectiva únicamente mediante un proceso administrativo que la confirme, y una vez concluido el proceso electoral, respetando la característica de ultractividad de las sanciones administrativas. Por lo mismo, la sanción no podría afectar la habilitación, a la cual UD ya accedió con anterioridad, previo cumplimiento de requisitos, pudiendo ser aplicables únicamente para futuros procesos electorales, y no con retroactividad.

Bajo la lupa del análisis jurídico estricto, y conociendo los casos de normas administrativas, como la Ley N° 1834 de 1998 para regular el Mercado de Valores, que imponía multas y sanciones inmediatas sin sujetarse al debido proceso, contra la cual se interpuso Recurso de Inconstitucionalidad que fue declarado procedente, con la consiguiente reformulación de los procesos sancionatorios; es pertinente afirmar que las sanciones contempladas en el artículo 136° parágrafo II y III de la Ley Electoral vigente, no cumplen con las previsiones del Debido Proceso consagrado en la Constitución y refrendado en la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.

En tal sentido, es lógico que haya existido desconfianza y mayores susceptibilidades sobre el desempeño del Tribunal Supremo Electoral, pues su comportamiento no brindó Seguridad Jurídica a los actores políticos inscritos ni a los electores, y consiguientemente pone en la mira al Estado Plurinacional como un país donde no existen condiciones para un ejercicio democrático justo ni Seguridad Jurídica.
Si la normativa electoral contemplara el Debido Proceso, no existiría la susceptibilidad de que la Ley 026 fue instrumentalizada para perjudicar a determinados candidatos. Como tampoco habría observaciones sobre el desempeño del Organo Electoral en cuanto a las denuncias -desestimadas de manera expedita-por el uso de bienes públicos para campaña de parte de las principales autoridades ejecutivas del Estado.

Todo lo descrito devela el carácter antidemocrático de la Ley Electoral, convirtiéndose en instrumento de uso discrecional contra los partidos de oposición, que sumado a una dudosa probidad de los miembros del Organo Electoral, atentan contra el ejercicio democrático de los derechos políticos del ciudadano, sembrando dudas de la transparencia sobre las recientes elecciones. Urge entonces, una reforma a la Ley 026, cuyas premisas se ajusten al Debido Proceso y brinde a los ciudadanos la certeza y Seguridad Jurídica requerida para los procesos electorales.

*abogada/experta en Derecho Administrativo.

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