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Susana Seleme Antelo

El presupuesto 2017


2016-11-24 - 11:41:19
El nuevo Presupuesto General del Estado (PGE) en Bolivia ratifica una de las muchas definiciones de poder: ‘el poder no se negocia, el poder no necesita justificarse, se ejerce.’ La descripción le calza adictaduras disfrazadas de demócratas, como la de Evo Morales, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, para no ir más lejos.

Todas están cortadas por la misma tijera: autoritarismos centralistas, ausencia de división de poderes y el Judicial como punta de lanza de persecución contra adversarios políticos, represión a voces disidentes en el periodismo, violación a los Derechos Humanos, cero rendición de cuentas, oscura e ineficiente gestión pública.

Ese poder que no necesita justificarse aprobó en Bolivia el PGE 2017 “sin que ningún ente público responsable de la supervisión y fiscalización, conozca a ciencia cierta el gasto público”, afirma José Luis Parada, asesor económico de la Gobernación de Santa Cruz. Él sostiene que ese presupuesto inflado “es un espejismo que se diluye ante la falta de control gubernamental central o de otra instancia”: fue aprobado gracias a la “mayoría parlamentaria de dos tercios del MAS en Asamblea Plurinacional”. Parada apunta que lo olearon sin tener un informe detallado de la ejecución presupuestaria 2016, pues “el acceso a esa información está cerrado. Así, no se puede verificar su consistencia pues presentafuentes que carecen de sustento técnico y financiero y, por otro lado, está sujeto a la discrecionalidad para realizar contrataciones en forma directa y llave en mano”.

El panorama es sombrío, según el especialista, ya que no “se ha tomado en cuenta la transparencia necesaria, ahora que se observa una caída de más del 60% de los ingresos en hidrocarburos, y que afectan a más de 370 instituciones públicas como Gobernaciones, Municipios y Universidades.” No solo les afectará la reducción de los ingresos, sino que 85 % de los recursos se quedan en el gobierno central y sus deficitarias empresas públicas, amén de prensa y propaganda gubernamental. Queda apenas 15 % para distribuir entre las otras instituciones, según informe del propio Ministerio de Economía.

El presupuesto consolidado para 2017 es de 210.347 millones de bolivianos ($us 30.222 millones) y presenta una reducción de -3.1% con respecto al de 2016. Acusa además un déficit por tercer año consecutivo, desde 2014. Según Parada, ese déficit es “consecuencia de las deficiencias en la gestión pública y la falta de políticas de Estado anticíclicas para atenuar la caída de los precios de materias primas a nivel mundial.”

El economista afirma que “los únicos mecanismos financieros para cubrir este alto déficit en fuente de ingreso no identificada pueden ser: a)seguir gastando las reservas internacionales netas; b)emisión monetaria inorgánica; c)gastarse la plata de las jubilaciones, mediante créditos internos; d)dejar de pagar en efectivo los aportes laborales de los funcionarios públicos a la gestora publica de pensiones; e)entregar papeles o bonos del tesoro para financiar gastos y proyectos de dudosa rentabilidad del gobierno central, como los contratos con la empresa china CAMC: ingenio azucarero, San Buenaventura, planta de urea y amoniaco, plantas separadoras de gas, entre otras.”

Parada afirma que el PGE 2017 deja “dudas sobre el equilibrio entre ingresos y egresos, considerando que hasta la fecha -noviembre 2016- no se conoce la ejecución presupuestaria de las empresaspublicas estratégicas y de Ministerios. Como generalmente no ejecuta más del 80% del total programado, se distorsiona la situación real de las finanzas públicas.”

Entre 2014 y 2017 los ingresos de Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) y Regalías ha caído 63%: de Bs. 24.501 millones a Bs. 8.953 millones de bolivianos. Esta reducción de ingresos apunta Parada, “perjudica al plan de inversión de 370 instituciones públicas, y demuestra el fracaso de la política de administración de gobierno central”.

La reducción neta de IDH y regalías de hidrocarburos para 2017 es de Bs. 2.602 millones, con una disminución de Bs. 11.555 millones a Bs. 8.953 millones. En el caso de Santa Cruz, Parada considera queno se podrá cubrir la totalidad de sus compromisos ni las competencias transferidas por el gobierno central -sin recursos- como “seguridad ciudadana, pago a los prediarios, títulos de bachiller, fondo de exploración y explotación YPFB, renta dignidad, educación cívica.” Podría acarrear, además “la devolución de ítems de salud, ya que es una competencia del tesoro-gobierno central.”

En resumen, la disminución de ingresos explica la negativa del régimen a debatir el Pacto Fiscal. No se debate porque el gobierno no acepta la naturaleza autonómica del Estado, que hoy es letra muerta de la ley. Cuando el poder no se discute, no hay Pacto Fiscal porque el problema económico aquí es político e ideológico: férreo centralismo y dominación total.

Por eso tampoco hay debate político sobre tratamiento de la aguda escasez de agua en 5 departamentos. No solo es la sequía: es la ineficiencia del poder central-centralista en la gestión pública. Y parece que no cambiará mientras los jerarcas del régimen sigan escondidos en su cueva de ineptos e impostores.
Santa Cruz de la Sierra, 24.10.16

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