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En Bolivia la libertad de expresión se paga con la asfixia económica: ANP




17/04/2015 - 09:44:21
La Asociaci�n Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia dijo este viernes que la libertad de expresi�n en Bolivia se paga con la asfixia econ�mica, la persecuci�n impositiva y una pol�tica gubernamental orientada a dificultar el trabajo de periodistas y medios de comunicaci�n comprometidos con el equilibrio informativo y la investigaci�n de casos que involucran a funcionarios p�blicos

La Asociaci�n explic� en una conferencia de prensa en Santa Cruz que por primera vez se imputa y encarcela a un periodista en tiempos de la democracia reinaugurada en 1982, mientras crece la impunidad cuando los periodistas y medios de comunicaci�n son agredidos y nadie es investigado, menos sancionado

El encarcelamiento de un periodista, la sanci�n a cinco medios de informaci�n y el permanente acoso tributario a las empresas period�sticas describen un preocupante escenario para la libertad de expresi�n que se debate en medio de los caprichos de la pol�tica.

La l�gica de la buena pr�ctica democr�tica y de la justicia est� en entredicho. El periodista Carlos Quisbert del matutino El Diario ha sido enviado a la c�rcel por ejercer el periodismo de investigaci�n, mientras cinco medios son castigados por informar.

Hay un contrasentido incomprensible. La redacci�n y aplicaci�n de las leyes est� tomando un rumbo inverso y est� conduciendo a la sanci�n de inocentes, mientras los responsables de delitos de orden p�blico y hechos de corrupci�n est�n recibiendo el perd�n indulgente desde el poder pol�tico.

El encarcelamiento de un periodista que busca la verdad y la sanci�n a los medios que cumplen con la obligaci�n de informar y esclarecer los hechos de inter�s colectivo, nos obligan a reflexionar sobre la necesidad de recuperar el ejercicio pleno de las libertades ciudadanas para expresar ideas, difundirlas y analizarlas, como se�ala la Constituci�n Pol�tica del Estado.

Adem�s de Quisbert, cinco medios de informaci�n han recibido la pesada obligaci�n de pagar altas sumas de dinero por una legislaci�n electoral que quiebra la transparencia informativa. La informaci�n oportuna es necesaria para elegir libremente a los nuevos responsables de los poderes regionales y locales.

La Palabra del Beni, Canal de Tv 27-UNITEPC y la revista El Mamor�, en la ciudad de Trinidad; el peri�dico Gente en la ciudad de Cochabamba, y Radio Televisi�n Universal (RTU) de Montero (Santa Cruz), recibieron sanciones econ�micas que rebasan su capacidad financiera y amenazan con silenciarlos.

En estas circunstancias concluimos que la norma electoral obliga a la autocensura de periodistas y medios, genera temor, y bloquea el derecho ciudadano de acceder a informaci�n imprescindible para elegir en las urnas. La democracia debe estar sustentada en electores bien informados.

Asfixia tributaria

Las presiones y agresiones a medios y periodistas se transformaron, entre 2013 y 2014, en una met�dica persecuci�n fiscal a empresas period�sticas independientes por supuestas deudas tributarias, y en una asfixia econ�mica al priv�rseles de publicidad gubernamental, obligarlas a publicar avisos gratuitos e imponerles el financiamiento de un seguro de vida que afecta a los ingresos de los propios beneficiarios, los trabajadores.

La libertad de expresi�n ha sido lesionada nuevamente por una pol�tica orientada a dificultar el trabajo de periodistas y medios de comunicaci�n comprometidos con el equilibrio informativo y la investigaci�n de casos que involucran a funcionarios p�blicos.

Un modelo pol�tico enunciado como socialista y comunitario, expuesto reiteradamente en el discurso del vicepresidente �lvaro Garc�a Linera, y consistente en la toma definitiva del poder con el dominio total de la econom�a y el control en la emisi�n de ideas, opiniones y mensajes a trav�s de medios masivos, est� en marcha.

Las empresas editoras de peri�dicos en Bolivia, creadas con la finalidad de difundir ideas, noticias y cultura en un ambiente democr�tico, soportan dificultades financieras que a momentos hacen insostenible sus operaciones industriales, el pago de salarios y beneficios sociales. A fines de 2014, varias empresas enfrentaron la dificultad de pagar un salario y dos aguinaldos (salarios adicionales), uno de los cuales ha sido impuesto por el gobierno por un supuesto crecimiento de la econom�a.

El resultado del ejercicio fiscal, altamente destacado por el gobierno, no es extensivo a los medios de comunicaci�n impresos que deben sortear muchas dificultades por la reducci�n de p�blico lector, la presi�n tributaria que raya en el hostigamiento, la privaci�n de publicidad gubernamental y el nuevo tributo para el seguro de vida. En consecuencia, las actividades de los medios impresos no reflejan el aparente progreso de la econom�a y por el contrario, son presionados a una condici�n de sobrevivencia.

Agresiones a periodistas y medios

Entre los meses de enero y los primeros d�as de abril de 2015, se han multiplicado las agresiones f�sicas y verbales hasta alcanzar los 14 casos frente a 23 registrados en 12 meses de la gesti�n 2014, un dato que inquieta a la ANP.

Por primera vez se imputa y encarcela a un periodista en tiempos de la democracia reinaugurada en 1982, y por el contrario crece la impunidad cuando los periodistas y medios de comunicaci�n son agredidos y nadie es investigado, menos sancionado. El caso del colega Carlos Quisbert es una demostraci�n de la inocencia encarcelada, un hecho que se repite en otros casos de ciudadanos enjuiciados y sentenciados en medio del desconocimiento a sus elementales derechos a la defensa.

Los guardianes del orden que tienen la obligaci�n de proteger a los ciudadanos, funcionarios p�blicos y hasta familiares de gobernantes est�n en la lista de agresores a periodistas y medios.

Entre mayo y agosto de 2014, el procurador General del Estado, H�ctor Arce, acus� a dos periodistas del peri�dico La Raz�n de La Paz, de revelar secretos de Estado y espionaje, y emprendi� acciones en un tribunal ordinario a pesar de estar plenamente vigente la Ley de Imprenta que tiene entre sus competencias el proceso de personas que hubieren cometido un delito al realizar una publicaci�n a trav�s de la prensa.

El par�grafo segundo del art�culo 107 de la Constituci�n Pol�tica del Estado (CPE) determina que la veracidad y responsabilidad se ejercer�n mediante normas �ticas y de autorregulaci�n de las organizaciones de periodistas y medios de comunicaci�n y su ley (Ley de Imprenta).

La respuesta fue una movilizaci�n de los trabajadores de La Raz�n y de otros medios que comprendieron que la agresi�n afectaba al conjunto de periodistas y al trabajo de informar en un marco de libertades de opini�n, informaci�n, interpretaci�n y difusi�n de noticias e ideas, todas reconocidas en la Constituci�n impulsada por el actual gobierno y promulgada por el propio presidente Evo Morales, en febrero de 2009, como un componente del proceso de cambios que alienta desde 2006.

La Asociaci�n Nacional de la Prensa (ANP) que agrupa a los principales medios impresos de Bolivia hizo firme defensa de principios como el secreto de la fuente period�stica y junto al pronunciamiento p�blico de los directores de los principales peri�dicos, ratific� su inquebrantable decisi�n de exigir el respeto de los tratados internacionales, de la Constituci�n y la Ley de Imprenta que protegen la confidencialidad de las fuentes informativas.

En agosto de 2014, el Procurador General y la justicia ordinaria que tramitaban esa demanda en esa v�a, resolvieron derivar el caso a un Tribunal de Imprenta que conocer� el caso y emitir� su fallo despu�s de conocer los antecedentes.

Medios acallados y agredidos

La Unidad de Vigilancia y Monitoreo de la Libertad de Prensa y Expresi�n en Bolivia de la ANP report� el asalto y desmantelamiento de Radio Cruz Andina, en la poblaci�n de Uyuni, en el departamento de Potos�, el 12 de agosto de 2014 en medio de un conflicto regional en el que estaba cuestionada una autoridad local que pertenece al partido gobernante. La Autoridad de Regulaci�n y Fiscalizaci�n de Telecomunicaciones (ATT) justific� la medida bajo el argumento de que el medio operaba sin licencia.

La Asociaci�n Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expres� condena por el saqueo y destrucci�n de Televisi�n Amaz�nica, y el incendio de la vivienda de la directora del medio, Marilyn Rivero. Los responsables de estos hechos fueron personas vinculadas a la toma de tierras que acudieron a la violencia tras ser denunciados a trav�s del canal de televisi�n.

�Es verdadero el inter�s de fiscalizar el pago de impuestos?

Al margen de estos hechos caracterizados por un deseo de silenciar la palabra libre de los medios independientes, varias empresas period�sticas sufrieron permanente acoso de funcionarios encargados de fiscalizar el pago de impuestos.

Algunos casos est�n destinados al anecdotario. Los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SIN) visitaron un peri�dico y solicitaron informaci�n de archivo con una fecha anterior a la fundaci�n del medio.

El caso anterior es propio de una represalia que sucede despu�s que se publica alguna noticia inc�moda para el gobierno. La respuesta de los funcionarios es inmediata, visitan el medio, solicitan documentaci�n y su presencia es interpretada como una forma de advertencia para que la l�nea editorial adopte una actitud lindante con la autocensura.

Las acciones de los funcionarios de la administraci�n tributaria superan sus atribuciones espec�ficas. En La Paz, acosan a un medio y acuden a los anunciadores para atemorizarlos bajo la advertencia de que la contrataci�n de espacios en el peri�dico afectado, implicar� represalias tributarias para la persona o empresa que ignore la advertencia.

Es una t�pica acci�n de censura e intento de silenciar la palabra independiente. El cap�tulo de Derechos Civiles y Pol�ticos de la Constituci�n en su art�culo 21 expresa que las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a la libertad de pensamiento y a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicaci�n, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.

Por tanto, la pregunta est� flotando �Existe un inter�s de fiscalizar a los medios de informaci�n, o se trata de una ofensiva contra la palabra independiente?, concluye preguntandio la Asociaci�n Nacional de la Prensa.

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