Ven indignante e irracional uso de la detención preventiva
20/02/2017 - 06:42:07
EL DIA.- De cada diez audiencias cautelares promedios desarrollados, sobre todo en el eje central del pa�s, nueve tienen solicitud de �detenci�n preventiva�, se�alan diversos estudios. Esta situaci�n, seg�n expertos y abogados constitucionalistas, denota un excesivo uso de dicho recurso procesal que, al menos en los �ltimos 15 a�os, se ha convertido de ser un principio de excepcionalidad en una regla.
El uso excesivo en aplicaci�n de las medidas cautelares de la detenci�n preventiva, es catalogado como indignante, al ser atentatorio, incluso de una Constituci�n Pol�tica del Estado, garantista de los derechos humanos y el debido proceso. "Estamos en el camino f�cil de solo meter preso", define Marcelo Arr�zola, constitucionalista, presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz. "Hay una distorsi�n en la aplicaci�n de lo que es la detenci�n preventiva, que contraviene a la constituci�n que es garantista y define como una excepci�n y no una regla", se�al�.
A su vez, el abogado, Gary Prado, describe que en la pr�ctica procesal actual aplicar la detenci�n preventiva como regla y no como excepci�n es un �m�todo extorsivo�. "El hecho est� en que utilizan al Ministerio P�blico y los abogados que querellan para disminuir las facultades y las posibilidades de defensa de las personas a la que se denuncia o se imputa. Hay una tergiversaci�n en la que caen los jueces cautelares que restringen un derecho fundamental de los procesados, cual es el derecho a la libertad", se�al�.
En tanto Carlos Alarc�n, experto en el tema, se�ala que la detenci�n preventiva se ha convertido en la pr�ctica m�s indignante de atentado a los derechos humanos. "Lamentablemente se ha convertido en una pena anticipada donde se vulnera la presunci�n de inocencia y se viola los derechos humanos, donde los jueces aplican como regla la excepci�n, con lo cual el proceso se diluye en la celeridad en arribar a la sentencia condenatoria o absolutoria definitiva", precis�.
Una incidencia directa. Un informe de parte de un conjunto de instituciones, entre ellas la Fundaci�n Construir, entregado ante la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero pasado, dio cuenta que los obst�culos en el acceso a la justicia, con grandes rasgos de exclusi�n y discriminaci�n en el sistema penitenciario del pa�s, estaban b�sicamente agravados por un excesivo uso de la detenci�n preventiva.
�Hay un uso irracional de la prisi�n preventiva y son las personas m�s vulnerables quienes tienen mayores obst�culos para esperar su juicio en libertad u obtener una justicia pronta�, asegur� Susana Saavedra, directora de la Fundaci�n Construir, se�al� por entonces.
Sin embargo, en contacto con El D�a, Saavedra se�al� que si bien las cifras de detenidos preventivos en las c�rceles del pa�s han bajado de un 80% el 2013 a un 68,4% al 2016, seg�n el �ltimo estudio que Construir ha hecho, los niveles de la tasa de aplicaci�n de la detenci�n preventiva han bajado a menos del 40% con relaci�n al r�gimen total de las audiencias cautelares. "Hemos monitoreado en cuatro estudios m�s de 1.400 audiencias a lo largo de los �ltimos cuatro a�os. Esos �ndices altos afortunadamente tienden a bajar, pero sigue siendo preocupante pese a la incidencia de aplicaci�n de nuevas normas", precis�.
Los efectos de una �irracional� aplicaci�n de la detenci�n preventiva, seg�n otros expertos ha generado en conjunto el colapso de la justicia que ha incidido en cifras preocupantes.
Seg�n datos de la Direcci�n General de R�gimen Penitenciario, a noviembre de 2016 se tiene que de 15.831 personas recluidas en las diferentes c�rceles a nivel nacional, el 68,4% (10.841) se encuentran sin tener sentencia. En cambio, los privados de libertad con sentencia ejecutoriada apenas alcanza 4.990 personas, a menos de un tercio, lo que equivale solo un 31,6 %.
Eso refleja, se�ala Ra�l Jim�nez Sanjin�s, presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, que hay una situaci�n muy cr�tica en la administraci�n de justicia. "El hecho es que todos los actos los hemos penalizado; estamos en esa l�gica de decir: �si me debe diez bolivianos� entonces debo procesarlo v�a penal, con la mentalidad equivocada que con la coerci�n penal vamos a lograr justicia; no es as�. Hay que cambiar de mentalidad", asegur�.
En tanto C�sar Cabrera Rom�n, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, se�al� que otro de los grandes problemas es la presi�n, el sometimiento y la dependencia al que est�n sometidos los jueces. "Por temor a represalias, por temor a perder su fuente laboral, los jueces lo que hacen es mandar, incluso por delitos insignificantes, enviar a las personas con detenci�n preventiva. Eso desvirt�a por completo la esencia misma de los valores consagrados en la misma constituci�n y del mismo procedimiento penal", manifest�.
Cabrera, tambi�n refiere que la presi�n a los jueces, �lamentablemente� sometidos al poder pol�tico, ha desvirtuado la calidad de la justicia, lo que ha originado decisiones "nada razonables, no coherentes, no fundadas en el derecho, por esa falta de independencia del �rgano Judicial que hace da�o al pa�s", se�al�.
Sectores vulnerables. Los sectores m�s d�biles y pobres son los m�s afectados con el �uso irracional de la detenci�n preventiva� seg�n Saavedra. Adolescentes, j�venes, ind�genas y mujeres sufren con mayor rigor obst�culos en el acceso a la justicia y son v�ctimas de exclusi�n y discriminaci�n en el sistema penitenciario del pa�s, donde guarda detenci�n, en algunos casos superiores a los plazos procesales penales.
En un art�culo, Ramiro Or�as, especialista en Derechos Humanos y Reforma Penal, describi� que los altos �ndices de criminalidad, la excesiva duraci�n de los procesos, as� como la poca y d�bil respuesta del sistema de justicia a las demandas de los ciudadanos generan en la pr�ctica que las medidas cautelares se apliquen como una especie de pena anticipada, frente a la imposibilidad del aparato judicial de llevar la persecuci�n penal a una sentencia condenatoria a trav�s de un proceso oral, p�blico, contradictorio y fundado en el respeto de las garant�as del debido proceso.
A ello a�ade, Prado, la medida se aplica sin l�mite en el tiempo, convirti�ndose en un viacrucis para el acusado, quien tiene que desvirtuar los riesgos procesales, padecer enfermedades terminales, estar dentro del plazo m�ximo de la prisi�n preventiva. "Y lo peor, al interior de las c�rceles hay injusticias que forman parte de todo un sistema perverso, donde existe hacinamiento, hay pagos de derechos de piso y ni a�n as�, los jueces que conocen esta realidad, se invierte la proporcionalidad de detenci�n preventiva respecto de la medidas sustitutivas", enfatiz�.
David Tezanos, defensor del Pueblo, en contacto con El D�a, afirm� que a todo ello es urgente buscar mecanismos �tiles para que el pa�s pueda salir de una situaci�n extrema al que lleg� la administraci�n de justicia, donde la poblaci�n m�s d�bil social y econ�micamente son los m�s vulnerables de una justicia mal encaminada. "Los lineamientos del Ministerio P�blico y el �rgano Judicial, han hecho de la detenci�n preventiva una pr�ctica no acorde a los principios de respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Eso debemos cambiar con prioridad en el nuevo C�digo del Sistema Penal que ya est� en camino a ser aprobado", se�al� en referencia al anteproyecto que ya se encuentra en la C�mara de Diputados a la espera de los debates para su aprobaci�n.
Seg�n El Gobierno
La privaci�n de libertad debe ser lo �ltimo de la justicia
Gobierno. El oficialismo impulsa el nuevo proyecto de Ley del C�digo del Sistema Penal que en el fondo apuesta hacia una justicia �restaurativa�, a diferencia del actual sistema de justicia �retributiva�, que resuelve los hechos delincuenciales solo con pena y castigo, lo que ha generado en el fondo una criminalizaci�n de la pobreza.
"Eso est� por dem�s demostrado que este sistema genera criminalizar solamente la pobreza, es as� que los hechos menores, como el robo de garras, entre otros, son castigados con detenci�n preventiva", explic� Diego Jim�nez, viceministro de Justicia.
�ltimo ratio. Por su parte el ministro de Justicia, H�ctor Arce Zaconeta, en ocasi�n de la rendici�n de cuentas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se�al� que el nuevo C�digo Penal buscar� revertir la actual situaci�n. Cit� como ejemplo, que la nueva norma no debe apuntar a llenar las c�rceles, como actualmente sucede en el sistema penal.
"Hay que dejar las viejas visiones punitivas del sistema penal. Lo que se debe hacer es trabajar en medidas que descongestionen el sistema penal, donde se debe dejar la privaci�n de liberad como �ltimo ratio, lo que significa que debe ser la �ltima medida a ser aplicado", argument� el viceministro Jim�nez.
Propuesta. Para reducir la cantidad de personas con detenci�n preventiva, se establece que la prioridad ser� la aplicaci�n de medidas cautelares distintas a la prisi�n (vigilancia, retenci�n de documentos para viajar, arraigo, prohibici�n de comunicaci�n y contacto, fianzas, detenci�n domiciliaria) y solo en caso de que la persona imputada no respete la modalidad de medidas cautelares, se revocar� la medida y se la reemplazar� con una m�s grave. Pero como �ltima opci�n del sistema penal.
"La crisis en los centros penitenciarios son sitios de vulneraci�n de los derechos humanos. Obviamente como efecto de la detenci�n preventiva. Es hora de considerar y plantearnos soluciones a esta situaci�n�
