La TEP empieza a escribir su historia en Colombia
15/01/2018 - 12:28:33
El Espectador.- Entendido como la columna vertebral del Acuerdo de Paz con las Farc, el Tribunal Especial de Paz (TEP) empieza su colosal tarea con el pa�s: investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas en m�s de 50 a�os de guerra. Tarea que comienza este lunes, cuando el presidente Juan Manuel Santos �a siete meses de salir de la Casa de Nari�o� posesione a los magistrados que componen esta justicia transicional, que impartir� ley al menos a 6.000 personas de la Fuerza P�blica, la exguerrilla y algunos exfuncionarios que ya firmaron actas de compromiso con este sistema.
En total, ser�n 38 magistrados titulares que har�n parte de las tres salas (Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinaci�n de los Hechos y Conductas; Sala de Definici�n de las Situaciones Jur�dicas y Sala de Amnist�a o Indulto) y del Tribunal Especial de Paz, m�xima instancia de la Jurisdicci�n Especia de Paz (JEP). En las salas habr� 18 magistrados; en el Tribunal, 20. La JEP hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci�n y no Repetici�n, que cuenta tambi�n con la Comisi�n de la Verdad y la Unidad de B�squeda de Personas Desaparecidas.
Seg�n fuentes de la JEP, sin embargo, este lunes no se posesionar�n 38, sino 30 magistrados, pues algunos todav�a cumplen otras funciones. Es el caso de Zoraida Chalela Romano, magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, o Danilo Rojas Betancourth, quien se desempe�a en la Secci�n Tercera del Consejo de Estado. Mientras que estos magistrados se podr�an posesionar a mediados de marzo, otros, al parecer, quieren esperar el fallo de la Corte Constitucional sobre el r�gimen de inhabilidades a los magistrados, propuesto en el Congreso en la ley estatutaria que reglamenta la JEP a finales de 2017.
Ese r�gimen, que se aprob� en medio de una gran pol�mica, impedir�a que varios de los escogidos para el TEP puedan tomar posesi�n de su cargo, pues la inhabilidad aplicar�a en estos casos: que en los cinco a�os anteriores hayan ejercido una �representaci�n judicial� en casos de conflicto armado, que pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones que hayan ejercido tal representaci�n, que hubieran gestionado o representado intereses en contra del Estado �en materia de reclamaciones por violaciones a los derechos humanos, al DIH o infracciones al Derecho Penal Internacional� o que hayan tramitado, en el mismo lapso, acciones ante tribunales internacionales.
La aprobaci�n de las inhabilidades fue promovida por Cambio Radical, partido que acaba de adherir a la campa�a presidencial de Germ�n Vargas Lleras y del cual �l ha sido directivo. Entre quienes sentaron su voz de protesta por la decisi�n del Congreso, de establecer inhabilidades nuevas que adem�s no aplican para los dem�s magistrados del pa�s, se encontraban los propios integrantes del Tribunal de Paz. En diciembre del a�o pasado, titulares y suplentes del TEP y las Salas manifestaron p�blicamente que lamentaban ese cap�tulo incluido en la reglamentaci�n de la JEP y que abrigaban �la leg�tima y fundada expectativa de que la Corte Constitucional, luego de examinar la norma del proyecto de ley que la introdujo, pueda proceder a declarar su inexequibilidad�. Es decir, contraria a la Constituci�n.
En todo caso, la JEP comienza a hacerse su camino. Y lo primero que har�, con suma importancia, pues lo necesita para su funcionamiento, es establecer las �reglas de juego� internas y en el proyecto de procedimiento penal con el que operar�. �Con 31 magistrados �contando la presidenta de la JEP, Patricia Linares� es suficiente para adoptar el reglamento�, agreg� la fuente. En contra de este sistema, no obstante, siguen protestando militares retirados. Por ejemplo, el general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociaci�n de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), discute �el af�n� del presidente Santos porque, seg�n �l, la JEP favorece y �est� hecha a la medida de las Farc�.
En su criterio, las inhabilidades deben ser estudiadas antes de que arranque la JEP, porque impedir�an a magistrados ejercer el cargo. Pero, dice, �eso no se va a cumplir, porque el presidente anunci� la posesi�n. Los magistrados fueron seleccionados sin ninguna restricci�n y ah� se presenta conflictos de intereses. Nos va a juzgar el enemigo�, dice Ruiz, pasando por alto el proceso de selecci�n de los magistrados y sus hojas de vida. Igualmente, expresa que los magistrados no deben tener sesgo pol�tico y deben generar confianza y garant�as.
Otra cosa, no obstante, piensa C�sar Rodr�guez Garavito, director de Dejusticia, quien explica que la disposici�n del Congreso sobre las inhabilidades es abiertamente inconstitucional. �La jurisprudencia de la Corte Constitucional, anterior y repetida, establece que no se pueden crear impedimentos con nombre propio o discriminar en relaci�n con personas ya designadas, porque eso har�a imposible el funcionamiento de un Estado de derecho�, explica Rodr�guez Garavito, quien dice que estas maniobras son formas de frustrar los tribunales ya constituidos. �Hay casos de fallos en los que, incluso, se decide sobre leyes o medidas que tienen a�os de funcionamiento. Por eso, la misma Corte deber� determinar los efectos del fallo�, agreg�.
La Secretar�a en cifras
Seg�n el �ltimo informe de la Secretar�a Ejecutiva de la JEP, que funciona desde hace un a�o, en 2017 gastaron US$3,7 millones distribuidos en personal, funcionamiento, capacitaciones, cumplimientos de la ley de amnist�a, encuentros de v�ctimas, contratos y administraci�n. Suscribieron cerca de 6.000 actas de compromiso para acceder a los beneficios y libertades, de los cuales, 1.751 corresponden a actas de militares y polic�as, y 3.779 para integrantes de la Farc que, en su mayor�a, ya est�n en libertad.
Tambi�n recibieron 12.135 derechos de petici�n, respondieron 815 tutelas, 784 h�beas corpus y 2.715 solicitudes de instituciones estatales. Adem�s, con la creaci�n de 12 oficinas en los sitios m�s afectados por el conflicto, han realizado m�s de 200 di�logos con organizaciones civiles. �Estos logros se obtuvieron con una planta de contratistas de 20 personas en el primer semestre y de 90 personas en el segundo semestre�, explica el informe.
�La verdad es la mejor medida de reparaci�n�
Cesar Rodr�guez Garavito afirma que la JEP es un componente esencial en el posconflicto, porque las v�ctimas quieren que les garanticen sus derechos, pero que esta debe empezar a funcionar porque este vac�o genera dudas para las v�ctimas que no saben qu� va a pasar con los responsables de sus casos y c�mo se va a saber la verdad. En el mismo sentido apunta Sigifredo L�pez, �nico sobreviviente de la masacre de los 11 diputados de la Asamblea del Valle: �esperamos que en la JEP, desde el punto de vista no administrativo como ha hecho la secretar�a� sino desde el punto de vista jurisdiccional, repare a las v�ctimas y se pueda reconocer la verdad�. Y agrega: �La verdad es la mejor medida de reparaci�n a las v�ctimas�.
L�yner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojay�, pide a la JEP que empiece a aclarar y a sancionar los delitos que se cometieron en el conflicto armado, pues ha habido cr�menes que llevan mucho tiempo y no se ha sabido, con claridad qu� pas�. �Ojal� esta jurisdicci�n pueda avanzar, adem�s de las investigaciones, judicializaciones y castigos, en la consolidaci�n de la paz y, sobre todo, a que contribuya a la reconciliaci�n del pa�s�. Dice que hay que generar un ambiente de confianza para los magistrados cumplan con su labor �tal cual debe ser y sin direccionamientos�.
