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Auríferos exigen abrogar Código del Sistema Penal




20/01/2018 - 08:04:57
El Pa�s.- Las cooperativas aur�feras de La Paz se declararon oficialmente a partir de este viernes en estado de emergencia, en rechazo a m�s de siete art�culos del C�digo del Sistema Penal por considerarlo conculcador de los derechos individuales y colectivos, adem�s de abrir una puerta al acoso selectivo a dirigentes sindicales y a los bolivianos.

Exigen la abrogaci�n del C�digo toda vez que la tipificaci�n del delito en muchos de los art�culos, es atentatoria contra las cooperativas mineras y otros sectores.
La emergencia rige a partir de la fecha y exigen al Gobierno cumplir el art�culo 214 de la Constituci�n Pol�tica del Estado para participar en el dise�o de un nuevo C�digo del Sistema junto a otros sectores sociales.
Los presidentes de la Federaci�n Regional de Cooperativas Mineras Aur�feras del Norte de La Paz (Fecoman LP - LR), Felipe Ochoa y la Federaci�n Regional de Cooperativas Mineras Aur�feras (Ferreco La Paz), Remberto Ch�vez, hicieron conocer de manera conjunta una resoluci�n aprobada por una asamblea conjunta del sector.
El pronunciamiento se�ala que la Ley 1005, a t�tulo enunciativo y no limitativo, los art�culos 126, 174, 198, 228, 258, 293, 294, y otros generan riesgo de penalizar, indebida, injusta y de forma desproporcionada varios de los actos de las actividades productivas, y econ�micas, financieras de las cooperativas mineras en general y de las cooperativas aur�feras en particular, como tambi�n la de sus dirigentes, asociados en su calidad, seg�n corresponda, de personas naturales o jur�dicas.
Asimismo acusan al C�digo de generar riesgos de vulnerar, entre otros, la libertad, la dignidad y seguridad de las personas, su libertad de pensamiento, de expresi�n, de creencias, como tambi�n riesgos de que se instauren procesos penales irregulares, con extorsi�n o generen un acoso selectivo de dirigentes cooperativistas, como tambi�n de l�deres c�vicos, sindicales, sociales o pol�ticos que expresen su posici�n cr�tica o contraria al Gobierno de turno, puesto que deja al arbitrio de los abogados, fiscales y jueces la interpretaci�n de las normas y m�s a�n cuando el sistema judicial sea corrupto y no tenga independencia del poder pol�tico.

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