Bolivia negocia forma de pago a Quiborax y pide a la Fiscalía investigar a Carlos Mesa
25/05/2018 - 07:17:12
La Raz�n.- "El caso est� concluido", asegur� la noche de este jueves el procurador del Estado, Pablo Menacho, en relaci�n al fallo del CIADI en contra de Bolivia que le obliga a pagar Bs 48,6 millones a la firma Quiborax por la reversi�n en 2004, en el gobierno del expresidente Carlos Mesa, de una concesi�n en el salar de Uyuni para la explotaci�n de ulexita.
Asegur� que se conversa con las empresas demandantes para ver la forma de cumplimiento del laudo de la manera "m�s ordenada y m�s beneficiosa para los intereses del Estado boliviano".
Anunci�, adem�s, que la Procuradur�a pidi� a la Fiscalia abrir una investigaci�n a Mesa y tres de sus exministros por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constituci�n y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antiecon�mica al incumplir leyes y decretos que dieron paso a la demanda internacional de la empresa Non Metallic, socia de Quiborax, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en 2005.
Menacho precis� que la solicitud fue presentada el pasado 22 de mayo y advirti� que el caso Quiborax es el caso m�s antiguo que Bolivia atendi� ante un tribunal arbitral y el �ltimo caso bajo el paraguas del CIADI, del cual el pa�s se retir� en mayo de 2007.
El CIADI fall� en contra de Bolivia y ratific� el laudo arbitral que le obliga pagar $us 48,6 millones a la firma chilena Quiborax por la reversi�n, en el gobierno de Mesa (2003-2005), de una concesi�n en el salar de Uyuni para la explotaci�n de ulexita.
La decisi�n la hizo conocer a las partes el 18 de mayo, de acuerdo a documentaci�n publicada en el portal italaw.com. El Comit� ad hoc de la CIADI (organismo del Banco Mundial) que tom� la decisi�n estuvo compuesto por Andr�s Rigo Sureda, Milton Estuardo Argueta Pinto y Christer Soderlund.
Menacho dijo que en el gobierno de Mesa se vulneraron leyes y se incumplieron normas, como la Ley 2564 que facultaba al entonces Poder Ejecutivo a llevar adelante seis auditor�as sobre concesiones y anular �stas en caso de existir irregularidades en su adjudicaci�n, pero no a revertirlas.
