Informe oficial revela que Quiborax discutió perfil de fallo judicial en la Procuraduría
17/06/2018 - 09:56:36
El Deber.- Fue en agosto de 2016 cuando se trat� una sentencia judicial con los representantes del consorcio Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk. El d�a 4 de ese mes se cometi� un �error� que desvel� que funcionarios de la Procuradur�a General del Estado y abogados de la compa��a chilena estaban discutiendo el proyecto de un fallo, algo que, en cualquier caso, es competencia exclusiva de un juez. Esto se conoci� por correos electr�nicos que salieron de la computadora de la entonces subprocuradora Carmi�a Llorenti Barrientos, con destino a delegados de alto nivel del consorcio minero, que terminaron gan�ndole un arbitraje a Bolivia por $us 42,6 millones.
El 4 de agosto de 2016 se realiz� una reuni�n en las oficinas de la entonces subprocuradora Llorenti, en el centro pace�o. Estos ambientes pertenecen o son alquilados por la Procuradur�a. A esas instalaciones llegaron los representantes legales de Quiborax con el objetivo de acordar el �retiro de acusaciones del querellante y del Ministerio P�blico, as� como el proyecto de resoluci�n judicial�, seg�n dicta el proceso administrativo disciplinario que se instal� contra Llorenti el 28 de marzo de 2018. EL DEBER accedi� al documento oficial del caso Llorenti.
En el fondo, dicha negociaci�n puede referirse al juicio penal que instal� la Fiscal�a por falsificaci�n de documentos en contra del ciudadano chileno Allan Fosk y otras ocho personas m�s que trabajaban para Quiborax.
La Fiscal�a acus� en 2008 a estos ciudadanos por el presunto delito de falsificaci�n del acta de Quiborax-NMM, documento que permiti� al consorcio minero iniciar un proceso arbitral contra el Estado boliviano en el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), despu�s de que en junio de 2004, Carlos de Mesa revoc� por decreto sus concesiones.
Sin comentarios
En contacto con EL DEBER, Llorenti evit� emitir un pronunciamiento al respecto, aunque admiti� la veracidad del proceso administrativo disciplinario que se instal� en su contra por parte de la Direcci�n Jur�dica de la Procuradur�a General del Estado. Al final, consultada sobre el modelo de sentencia que estaba en su correo electr�nico, pidi� que esa informaci�n sea consultada a la repartici�n p�blica donde trabajaba. �Evidentemente, hay un proceso. Lo �nico que le pedir�a es que cualquier informaci�n la requiera ante la Procuradur�a, son ellos los que tienen la informaci�n�.
Al respecto, el procurador Pablo Menacho, en un cuestionario que respondi� para esta casa period�stica, dijo que �no se trabaj� ning�n modelo de sentencia� y que en la reuni�n con Llorenti en la Procuradur�a se trataron �propuestas� del lado chileno para un eventual cierre del caso Quiborax.
La Procuradur�a inici� el proceso administrativo disciplinario RPAD/ASE/004/2018 contra Carmi�a Llorenti el 28 de marzo de 2018. Esta investigaci�n interna (PGE7DESP/N�001/2017) la instruy� H�ctor Arce, actual ministro de Justicia, el 3 de enero de 2017, fecha en la que a�n era procurador. En el documento se detalla que la ex subprocuradora, seg�n su descargo, prest� su computadora estacionaria a Rodrigo Gil, uno de los abogados de Quiborax, el 4 de agosto de 2016, durante una reuni�n en la Subprocuradur�a.
EL DEBER busc� a Arce entre viernes y s�bado para conocer su versi�n del caso, pero el ministro de Justicia se traslad� a La Haya (Holanda), para asistir a la reuni�n que encabeza Evo Morales con el equipo que ve la defensa del Silala, de modo que, seg�n sus colaboradores, no pod�a contestar.
La ex subprocuradora, seg�n el proceso, dej� abierto su correo electr�nico, lo que permiti� al jurista chileno enviar a sus socios y colegas desde la bandeja de Llorenti tres tipos de documentos: el de retiro de la acusaci�n particular, el retiro de acusaci�n de la Fiscal�a y la sentencia descargada.
Los descargos de Llorenti
Llorenti, otra vez en su descargo, catapulta una versi�n que roza la historia de espionaje: los abogados chilenos abusaron de su confianza para mandar desde su correo electr�nico los documentos. �Dichos documentos fueron trabajados de forma coordinada con los representantes de Quiborax, aparentemente, de manera inicial en un dispositivo de almacenamiento masivo�, detalla el informe.
Luego, la ex subprocuradora explic� que en la fecha de la reuni�n, la se�al de internet no funcionaba en su oficina, por lo que prest� a Gil su equipo, quien insist�a en que necesitaba internet para realizar sus pendientes.
En esa reuni�n acompa�aban a Llorenti la directora general de Defensa 3, Yovanka Oliden Tapia, y el servidor Mario Guti�rrez Fern�ndez. La cita fue con representantes del bufete de abogados Bofill Mir & Alvares Jana, que defendi� a Quiborax. Los juristas de esa firma que llegaron a la oficina p�blica boliviana fueron Rodrigo Gil Ljubetic y Constanza Onetto, pero tambi�n estuvo Daniel Ocqueteau, gerente legal de Quiborax.
�(Gil) se envi� del correo personal (de Llorenti) a su correo, al de Daniel (Ocqueteau) y al de Constanza (Onetto), al igual que a Yovanka (Oliden), estos documentos sin autorizaci�n�, explic� Carmi�a Llorenti en una nota que lleg� en un sobre cerrado a manos del actual procurador general del Estado, Pablo Menacho.
La ex subprocuradora, en su versi�n dentro del proceso administrativo disciplinario, dice que los documentos eran �confidenciales� y consist�an en: �1) retiro de acusaci�n de querellante, 2) retiro de acusaci�n de Ministerio P�blico y 3) proyecto de sentencia judicial�.
El mismo documento desvela que hubo dos tipos de sentencias judiciales: una fue un proyecto y la otra tuvo cambios ejecutados. Al final, la subprocuradora Llorenti fue destituida de la Procuradur�a porque el proceso administrativo hall� indicios de responsabilidad en su contra por tres razones: no informar a su inmediato superior del env�o de correos electr�nicos a los representantes de Quiborax, por remitir desde su casilla digital documentaci�n relacionada al caso con el consorcio chileno y, por �ltimo, por prestar bienes (computadora para su uso personal) que pertenecen a la Procuradur�a.
La posici�n de Menacho
El procurador respondi� a un cuestionario de EL DEBER sobre el proceso administrativo instaurado en contra de Llorenti. Menacho descarg� que la ex subprocuradora , a solicitud de la defensa de Quiborax, �discuti� documentos para un eventual cierre del caso con base en los requerimientos de los demandantes.
�Fueron propuestas trabajadas por los demandantes para cumplir con sus expectativas, en el marco del laudo, los tratados internacionales y dem�s decisiones del tribunal arbitral�, destac� Menacho, quien sobre el modelo de sentencia neg� que exista ese documento e insisti� que del correo de Llorenti solo salieron �propuestas� de Quiborax.
Seg�n la Fiscal�a, en 2008 un grupo de personas vinculadas a Quiborax falsific� el acta de constituci�n del consorcio minero para poder operar en Bolivia bajo acuerdos y tratados bilaterales. Los acusados fueron Allan Fosk, David Moscoso, Fernando Rojas, Dolly Paredes, Mar�a del Carmen Ballivi�n, Daniel Gottschalk, Isaac Frenkel, Lorena Fern�ndez, Yuri Espinoza, Ernesto Ossio y Tatiana Ter�n. Gilka Salas no fue imputada a pesar de estar entre las acusadas.
De ese grupo solo Moscoso, quien fue accionista de Quiborax, fue condenado previa declaraci�n de culpabilidad para acceder a un juicio abreviado. La justicia lo conden� a dos a�os de c�rcel. Los dem�s siguieron el proceso hasta que fueron absueltos de culpa.
En 2006, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), despu�s de nueve a�os de conflicto, determin� que Bolivia debe pagar $us 48,6 millones a la empresa chilena Quiborax por haber caducado una concesi�n en el salar de Uyuni, en Potos�.
El Estado boliviano apel� la decisi�n, pero a�n as� el dictamen fue contrario al inter�s nacional.
Al final, Bolivia acord� pagar $us 42,6 millones al consorcio minero Quiborax tras ser derrotado en el proceso del Ciadi. Este pago se dio tras conocer la informaci�n de que en 2008 la compa��a chilena negoci� terminar la demanda de arbitraje a cambio de un pago de 3 millones de d�lares, seg�n un informe oficial del Gobierno al que tuvo acceso este medio la semana pasada. Ese acuerdo no tuvo �xito y fue en la gesti�n de H�ctor Arce en el Ministerio de Defensa Legal.
