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Mesa enjuicia a autoridades por violar majestad penal del Estado


19/06/2018 - 07:18:50
Página Siete.- El expresidente Carlos Mesa presentó ayer, en Sucre, una denuncia contra el ministro de Justicia, Héctor Arce; el de Minería, César Navarro; el procurador general, Pablo Menacho, y la exministra de Defensa Legal del Estado Elizabeth Arismendi por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, acusándolos de haber dejado a merced de chilenos la “majestad penal” del Estado.

“La majestad penal del Estado de Bolivia quedó a merced de extranjeros, que en su propio beneficio determinaban los contenidos y efectos de estas decisiones”, sostuvo la exautoridad, en referencia a la filtración de información clasificada de la defensa boliviana en el caso Quiborax, de propiedad de chilenos.

En el documento entregado a la Fiscalía Mesa hace notar que “abogados chilenos de la empresa que forzó delictivamente la realización del arbitraje contra Bolivia, como lo confesó David Moscoso (de Quiborax) en el proceso penal abreviado, tenían acceso al conocimiento y manipulación de documentos oficiales y confidenciales del Estado de Bolivia, que no deberían estar en la Procuraduría sino en el Ministerio Público y en el juzgado penal competente”.

Además, Mesa detalla cuatro “hechos irregulares” que configuran los delitos denunciados.

El primero se refiere al rechazo de Bolivia a una oferta que se hizo en 2008, para dar fin al proceso arbitral a cambio de un pago de tres millones de dólares.

“No se entiende cómo esta autoridad del Estado no aceptó esa oferta para dar fin al litigio arbitral y de esta manera ahorrarle a Bolivia aproximadamente 40 millones de dólares de perjuicio”, se lee en el documento, al referirse al ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce Zaconeta, quien ocupó ese cargo entre 2008 y 2009.

La segunda irregularidad que denuncia el expresidente es que se forzó la tramitación sobre el uso de documento falsificado. Esta conducta se la atribuye a Arismendi, ministra de Defensa Legal entre 2010 y 2011.

El tercer hecho que menciona Mesa se refiere a que el 4 de agosto de 2016 se reunieron en la oficina de la entonces subprocuradora, Carmiña Llorenti, funcionarios de la Procuraduría con representantes de Quiborax, para acordar el retiro del juicio penal por falsificación y uso de documento falsificado, delito con el cual “se forzó ilegalmente la tramitación del arbitraje en contra de Allan Fosk” y otros ocho funcionarios de la firma chilena.

Por último, denuncia que el daño económico de 42,6 millones de dólares, que el Estado pagó a Quiborax, no hubiera ocurrido “si el actual Gobierno, a través de las distintas autoridades denunciadas” hubieran defendido “eficientemente” los intereses del Estado en este caso.

El caso Quiborax

Denuncia Después de conocer el fallo por el que el Estado debía pagarle a la demandante 48,6 millones de dólares, la Procuraduría denunció ante la Fiscalia al expresidente Mesa por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Elementos La Procuraduría General del Estado responsabiliza a Mesa por la reversión de una concesión minera en el Salar de Uyuni para la explotación de ulexita, que derivó en la demanda de Quiborax contra Bolivia por daños económicos y compensación a las inversiones de la firma chilena.

El Procurador considera “incoherente” al expresidente

Página Siete / La Paz

Después de conocer la denuncia del expresidente Carlos D. Mesa en contra de cuatro autoridades, el procurador general del Estado (también denunciado), Pablo Menacho, acusó a la exautoridad de presentar un memorial “incoherente” por el caso Quiborax.

“El memorial de Carlos Mesa es tan incoherente como sus tuits: se queja de que supuestamente no se haya pagado en 2008 (cuando había un proceso penal en curso) y se queja de que se pague ahora que lo ordena un laudo (sentencia) bajo Convenio de Washington”, escribió Menacho en su cuenta de Twitter.

La tarde de ayer, el expresidente acudió a la Fiscalía General del Estado junto con dos de sus exministros, Luis Fernández y Gustavo Pedraza, y presentó un escrito en el que denunció delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes que habrían sido cometidos por el ministro de Justicia, Héctor Arce; el procurador general, Menacho; la exministra de Defensa Legal del Estado Elizabeth Arismendi y el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro.

El procurador agregó que el laudo señala que no hubo acción conjunta o combinada entre Mesa y el también expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

“Este último fue quien derogó el Decreto 27589 de Mesa por ilegal”, señaló en otro de sus tuits.

Menacho manifestó que Mesa “desvía la atención”, ya que el “laudo señala claramente que el Estado boliviano fue condenado a pago de indemnización porque Mesa no cumplió la Ley 2564”.

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