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22 contrataciones directas del Gobierno movieron Bs 5.483 millones desde 2008


24/06/2018 - 09:27:24
El Deber.- El Gobierno utilizó el formato de las contrataciones directas desde 2008 y solamente en 22 decretos sus cifras ya superan los cinco millardos, porque el gabinete autorizó la inversión de Bs 5.483.935.801,39, sin contar los más polémicos, como el de los Juegos Suramericanos o el relacionado con el equipamiento de la Casa Grande del Pueblo.

EL DEBER revisó 49 decretos colgados en la página web de la Gaceta Oficial de Bolivia. En 17 de ellos se autoriza contrataciones directas, pero no se especifican montos. Un rasgo común es que tampoco establecen un plazo específico para que se pueda ver el resultado de la inversión.

En el Gobierno nadie desmintió o puso en duda la veracidad de la información, pero se notó que distintas autoridades de primera línea prefirieron no comentar el tema. El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, se excusó y señaló que se debería preguntar a las carteras de las que dependen la inversión pública del Estado, pero que a los decretos se ponen montos cuando tienen respaldo legal y jurídico.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió en la misma línea: “No es mi área. Nosotros podemos hacer contrataciones directas en temáticas de seguridad de Estado. Cuando por ese motivo no se puede explicar las características de un equipamiento y no se lo puede someter a concurso. No conozco en profundidad los otros casos”, aseveró. Su colega de Justicia, Héctor Arce, declinó también referirse al tema y no contestaron el de Obras Públicas, Milton Claros, ni el de Salud, Rodolfo Rocabado.

La revisión de los decretos comprueba que solo Salud se llevó Bs 4.189,6 millones en cinco decretos, el 76,39% del total. El 7 de diciembre de 2014, el exministro de esa área, Juan Carlos Calvimontes, recibió la autorización vía decreto para realizar la compra de 902 ambulancias con equipamiento incorporado, por un monto de Bs 449,7 millones (DS 2210).

El 22 de enero del siguiente año fue relevado en el cargo y reemplazado por Ariana Campero. El 13 de marzo de 2015, se otorgó a ese ministerio una contratación directa para comprar 30 máquinas de hemodiálisis, seis plantas de tratamiento y 30 sillones para este procedimiento, en el decreto 2360, que no establecía montos ni plazos.

El 26 de agosto, a través del decreto supremo 2497, el Ministerio de Economía recibió la instrucción de pasar a Salud, con fondos del TGN, 342 millones de dólares (el decreto lo detalla en esa moneda), Bs 2.380.320.000 para la contratación directa de bienes y servicios tras declarar como interés del nivel central del Gobierno la construcción, equipamiento y puesta en marcha de 4 hospitales: dos en Cochabamba, uno en Santa Cruz y otro en Beni.

Luego vinieron tres decretos: el 2583, del 4 de noviembre de 2015, para montar dos centros de salud de segundo nivel, uno el Municipio de Villazón otro en Tupiza, Potosí, por un costo de Bs 208,8 millones. El 17 de febrero de 2016, el DS 2677 para la edificación de otro centro de salud del mismo nivel, cuya construcción se programó para Camiri, en Santa Cruz, por Bs 102,8 millones.

Y, el 6 de abril de 2016, con el DS 2719 se autorizó por contratación directa para la construcción y equipamiento del Instituto Cardiológico de cuarto nivel, en Tarija, por un costo de Bs 1.047,8 millones.

El antecedente más antiguo de contratación directa fue hallado en el decreto 29620, de 27 de junio de 2008, que autorizó al Ministerio de Obras Públicas la compra directa “sin límite de monto”, de determinados materiales para obras de los Juegos Bolivarianos, que se realizaron en Sucre el 2009, pero sin especificar el monto.

Luego, seis decretos pusieron a ese ministerio en segundo lugar, con una autorización total de Bs 844.387.052,67.

A Obras Públicas se le encargó la contratación directa de obras, bienes y servicios “llave en mano” para la ejecución de los proyectos de los aeropuertos Juan Mendoza, de Oruro, por Bs 35,3 millones (DS 0603, 18 de agosto de 2010); del de Alcantarí , en Sucre, por Bs 382 millones (DS 0873 de 11 de mayo de 2011); Bs 58 millones para la construcción de El bañado, en Monteagudo, Chuquisaca (DS1361, de 26 de septiembre de 2012) y hasta Bs 215,8 millones para el aeropuerto internacional de San Ignacio de Velasco (DS 2520,15 de septiembre de 2015).

Además, dos polideportivos por contratación directa: uno, el Olímpico de El Alto por Bs 77 millones (DS 0642 de 22 de septiembre de 2010) y otro, el de Quillacollo, por otros 77 millones (DS 0972 de septiembre de 2012).

El Ministerio de Defensa, a través del decreto 19852 de 11 de diciembre de 2008, realizó la compra directa de seis aviones L-159 de fabricación checa, un simulador de vuelo, entrenamiento para pilotos y técnicos, por un monto de Bs 402.816.960.

Le siguen los Bs 33 millones de Presidencia (DS 0980 de 14 de septiembre de 2011), para la implementación de centro de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad.

La cancillería, que pudo contratar, por Bs 1,8 millones, bienes, obras y servicios para una reunión de ministros de industrialización que fue posterior a la cumbre del G-77 más China (DS 2172 de 5 de noviembre de 2014); luego Bs 3,4 millones para la celebración de la posesión del presidente y vicepresidente, el 22 de enero de 2015 (DS 2245 de 7 de enero de 2015); además de otras actividades de entre Bs 3 millones y 50 mil, entre las que se destaca dos del ministerio de Justicia (DS 3108 de 8 de marzo de 2017 y el 3487 de 21 de febrero de 2018), que hizo contrataciones directas de servicios de consultoría por producto, sumadas, a un costo de Bs 2,3 millones.

Lo terminado

La polémica surge porque el Gobierno utiliza esta modalidad que destina recursos no presupuestados para equipar la Casa Grande del Pueblo, o para apurar los escenarios deportivos de los Juegos Deportivos Suramericanos que se realizaron recientemente en Cochabamba.

Ambos están incluidos en la lista de contrataciones que no estipulan montos en su contenido. A raíz de los contratos para el evento deportivo internacional, el senador opositor Óscar Ortiz denunció que tras los decretos 3097 y especialmente el 3447, suscritos el 15 de febrero de 2017 y 3 de enero de 2008, se firmaron 201 contratos para la compra de bienes y servicios por Bs 119 millones.

En el caso de la Casa Grande del Pueblo, el Ministerio de la Presidencia está encargado del cumplimiento del decreto 3494, de 28 de febrero de 2018, que le faculta a realizar contrataciones directas para equipamiento y acondicionamiento.

Esta normativa, como el segundo decreto de los juegos, se lanzó con la presión del tiempo, cuatro meses antes del inicio de las competencias, en un caso, y a cinco de que la empresa Tauro, encargada de la construcción del Palacio, termine su trabajo. El equipamiento no está listo, el presidente aún no puede trasladarse y por eso no se inauguró el pasado 21 de junio.

El artículo 339 de la Constitución señala que el presidente podrá decretar pagos no autorizados por la ley del presupuesto, “únicamente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna o del agotamiento de recursos destinados a mantener servicios cuya paralización causaría graves daños”.

Este mismo artículo advierte que los gastos destinados a estos fines no excederán del uno por ciento del total de egresos autorizados por el Presupuesto General del Estado, cuando vemos que los contratos llegan al millardo y corren hacia el billón.

Pese a ello, el 28 de junio de 2009, el gobierno aprobó el decreto 181, del sistema de administración de bienes y servicios.

En el artículo 72 se establecen las causales para la contratación directa: Para compra de bienes como gasolina, diésel, gas licuado y otros; servicios públicos: energía eléctrica, agua y otros de naturaleza análoga; medios de comunicación: televisiva, radial, escrita; arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de centros educativos o de salud en casos de emergencia; arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas en casos de extrema necesidad; adquisición de pasajes aéreos nacionales; suscripción a medios de comunicación escrita o electrónica: diarios, revistas y publicaciones especializadas; adquisición de repuestos del proveedor.

Cuando se requiera transporte para la tropa de la Policía y las FFAA, si deben enfrentar las emergencias o defender la seguridad pública del Estado, entre otros.

El oficialismo dice que hay que ponderar la inversión y la oposición dice que el gobierno abre puertas a la corrupción

El jefe de bancada del MAS en diputados, David Ramos, aseguró que se debe ponderar que el Gobierno invierte en el país como nunca antes, mientras que el senador de UD, Óscar Ortiz, aseveró que las contrataciones directas abren las puertas a la corrupción.

“Lo que hay que ponderar en este caso son las medidas acertadas que tomó el Gobierno, que dieron lugar a que el Estado tenga recursos disponibles para inversión”, aseveró el legislador oficialista.

Sin embargo, admitió que se ha generado un rechazo involuntario, “por problemas externos e internos, del contrato, de la empresa constructora en el caso específico de los hospitales, pero la voluntad del Gobierno está en revertir esa situación y completar los objetivos con la construcción de esos hospitales”, complementó.

Recordó que en 192 años de vida el país no había logrado asfaltar más de mil kilómetros de carretera. “En 12 años ya hicimos 6 mil, esa es la muestra clara de desarrollo en infraestructura”.

Por su parte, el senador Ortiz advirtió que efectivamente, “algunos de los decretos mencionados tienen montos específicos, otros simplemente son autorizaciones abiertas. En mi opinión , esta es una forma de desinstitucionalizar todo lo que es el sistema de contrataciones públicas, porque obviamente libera al Gobierno de los procedimientos establecidos que están pensados para evitar la corrupción” y aseguró que de esta forma se le abre las puertas indefectiblemente.

Así, se genera la discrecionalidad para decidir a quién se invita. “Es muy difícil evitar algún tipo de trato directo entre el ofertante y el demandante”.

Al respecto, Ramos dijo que puede generarse corrupción en algún nivel bajo, pero que no se compara con la que existía en “tiempos neoliberales. Los opositores no tienen moral, ellos vendieron, regalaron las empresas estatales. Ellos privatizamos, no tienen cara para criticarnos”, aseveró.

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