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Menacho: No fue tan desastrosa la labor de la defensa




01/07/2018 - 08:38:01
P�gina Siete.- Desde que se conoci� el fallo arbitral (mayo de 2018) que oblig� al Estado a pagar 48,6 millones de d�lares a la empresa chilena Quiborax, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, no ha tenido tregua. Estuvo a cargo de las negociaciones, de plantear juicios, dar entrevistas y ofrecer explicaciones. Finalmente, el Estado termin� pagando 42,6 millones de d�lares y, acto seguido, el Gobierno le inici� un proceso penal al expresidente Carlos Mesa, quien revirti� la concesi�n minera en el Salar de Uyuni a la citada empresa en 2004.

Pero, en el curso de los acontecimientos, se supo que el Estado hab�a perdido la oportunidad de pagar tres millones de d�lares en 2008 y 27 millones de d�lares el 2016. No s�lo eso, tambi�n se conoci� que se hab�an filtrado documentos desde la oficina de la exsubprocuradora Carmi�a Llorenti en favor de los abogados chilenos que defend�an a Quiborax. Todos los porqu�s a esas acciones son respondidos por Menacho en esta entrevista.

Menacho reconoce que en 14 a�os de defensa pudo haber alg�n error, pero apela a la buena fe de todo lo obrado.

Al margen de la acusaci�n contra Carlos Mesa, �no cree usted que exista alg�n tipo de responsabilidad de alg�n funcionario del Estado boliviano en la defensa del caso Quiborax?

Este caso ha sido complejo, es un caso que tiene 14 a�os, el caso m�s antiguo que tiene el Estado boliviano y en todo ese trabajo se ha hecho el mayor esfuerzo por defender al Estado boliviano, el esfuerzo m�s transparente y m�s sano. Hemos intentado presentar todos los argumentos al tribunal arbitral, hacerle entender que no ten�a jurisdicci�n para conocer el caso, que nunca debieron declararse competentes respecto a una inversi�n ilegal, hemos presentado todos estos documentos que ustedes han mencionado en estos d�as que formaban parte del proceso penal, la sentencia contra el se�or (David) Moscoso de agosto del a�o 2009, las actas supuestamente fraguadas tambi�n se han presentado, pero ah� ha primado m�s la visi�n de protecci�n de inversiones del tribunal arbitral.

Evidentemente, en 14 a�os seguramente se ha cometido alg�n tipo de error, seguramente hay cuestiones que deben ser revisadas, tanto para conocer c�mo se hizo la defensa de fondo como para la propia retroalimentaci�n y el aprendizaje de la Procuradur�a General del Estado. El arbitraje estuvo suspendido bastante tiempo porque hab�an negociaciones amistosas en curso, pero el proceso ya entra en una fase litigiosa de fondo entre el a�o 2010 y octubre del a�o 2013, y el laudo sale el 16 de septiembre del a�o 2015 (la ratificaci�n sale en mayo de este a�o). En abril del 2016, el doctor (H�ctor) Arce, ya como procurador, habiendo conocido los antecedentes de la defensa, ordena que se haga una valoraci�n de estas actuaciones y esas valoraciones el d�a de hoy est�n siguiendo un curso para determinar responsabilidades de quienes llevaron adelante la defensa del Estado durante esos periodos.

�Esas valoraciones son a las que el Vicepresidente se refer�a como una auditor�a?

Exactamente, es una revisi�n que se hizo de todo el proceso arbitral y el 4 de abril se emite un informe donde se establecen todas las responsabilidades. Se habla de la responsabilidad en la generaci�n de la controversia, que es en junio del a�o 2004 , eso es algo innegable.

�Eso quiere decir que no va a salir ninguna novedad m�s de esa auditor�a?

Claro, fue el informe del 4 de abril del a�o 2016 y en funci�n de ese informe se ha solicitado el inicio de procedimientos internos y las acciones legales internas y externas para que las partes tengan posibilidad de presentar sus descargos.

Si la fase del litigio fue entre 2010 y 2013, eso quiere decir que la oferta de los tres millones de d�lares de parte de Quiborax que data del 2008 �realmente hubiera evitado el arbitraje?

El arbitraje se inici� el 23 de julio del a�o 2004. La empresa chilena se apoy� en el tratado bilateral (de inversiones) entre Bolivia y Chile, que establece el consentimiento del Estado boliviano para resolver sus controversias mediante arbitraje. Quiborax-Non Metallic Minerals notifica la controversia el 23 de julio del a�o 2004 y empieza a correr un plazo de seis meses para intentar solucionarlo. Le mandaron una carta al expresidente Mesa durante todos esos meses. El 5 de enero del a�o 2005, todav�a con el presidente Mesa en gesti�n, le dicen hoy se cumplen los seis meses desde que se inici� la controversia y nosotros nos vamos a un arbitraje internacional ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). Presentan su solicitud de arbitraje ante el CIADI el 4 de octubre del a�o 2005, entonces ya exist�a la controversia, no es que el 2009 (se inicia), pero estaba suspendida en tanto se llevaban adelante las conversaciones amistosas.

Adem�s del arreglo al que se pudo llegar por los tres millones de d�lares el 2008, tambi�n ha habido una posibilidad de llegar a un arreglo por 27 millones de d�lares el 2016. �Por qu� no se logr� un acuerdo entonces?

Siempre estamos intentando ahorrarle y conseguirle el mayor beneficio al Estado boliviano. Evidentemente, el 2008 hab�an conversaciones para intentar llegar a un acuerdo amistoso por un monto de tres millones de d�lares, que hoy resulta bajo sabiendo que hemos pagado 42,6, pero en ese momento eran tres millones de d�lares, qui�n tiene tres millones de d�lares en una cuenta en banco por unas concesiones que son solamente en yacimiento. Hoy es un monto �nfimo en relaci�n a lo que se pag�, pero en ese momento era un monto alt�simo. Quien debi� haber descubierto todas las ilegalidades que hoy se�ala que existen debi� ser el expresidente Mesa, en funci�n de esas seis auditor�as que dec�a la ley que se debieron haber practicado. Pagar tres millones de d�lares en ese momento, que no sabemos que vamos a tener que pagar 42, era una suma alta para cualquier funcionario p�blico, realmente complicado.

�Y 27 millones?

El 15 de septiembre del a�o 2016 sale el laudo y dice (que Bolivia debe pagar a Quiborax) 48,6 millones, m�s los intereses a tasa Libor, el monto llegaba a aproximadamente 54 millones de d�lares. Antes del laudo no volvieron a haber conversaciones amistosas. Una vez lleg� el laudo se retoman el a�o 2016 nuevamente las conversaciones y se intenta una negociaci�n por la mitad del monto, que en ese momento era 54 millones de d�lares. Ellos estaban de acuerdo en cerrar por la mitad porque nosotros hab�amos iniciado el procedimiento de anulaci�n del laudo. Mesa dice que Bolivia nunca impugn�, s� impugn�. Y ah� es que empieza a negociar justamente la exsubprocuradora Carmi�a Llorenti con su equipo t�cnico. Ya se ten�an avanzadas las negociaciones y el 19 de diciembre del a�o 2016 el socio minoritario de Quiborax, en Non Metallic Minerals, el se�or David Moscoso, manda una nota a la Procuradur�a General del Estado que dice que cualquier tipo de compensaci�n que se vaya a pagar tiene que ser con Non Metallic Minerals. Frente a eso y existiendo un procedimiento de anulaci�n en curso, era dif�cil pues llegar a un arreglo con la empresa chilena, teniendo esa objeci�n por parte del socio boliviano. Ese fue el motivo principal por el cual nuevamente se frenan las conversaciones. No crea que es grato para m� tener que decirlo, as� se suspenden las conversaciones.

�Ese es el verdadero motivo procurador? Se lo pregunto porque tenemos una carta que usted envi� a H�ctor Arce en la que le dice que la fuga de documentos desde la oficina de Carmi�a Llorenti puede afectar gravemente a la defensa de Bolivia.

Ah� hay que ser muy cuidadoso, nosotros iniciamos el procedimiento de anulaci�n una semana despu�s de que sale el laudo, el 21 de septiembre del 2016. Con el pedido de anulaci�n le decimos al CIADI que suspenda la ejecuci�n del laudo mientras se lleva adelante el procedimiento de anulaci�n. Ellos (los chilenos) empiezan a quejarse de que el Estado boliviano estaba utilizando los procesos penales para presionar a la empresa. Entonces, esos documentos que estaban siendo conversados por la exsubprocuradora Llorenti podr�an hacer que el Tribunal en ese momento cambie de opini�n y decida terminar con la suspensi�n de la ejecuci�n del laudo. Ese era el peligro que nosotros cre�amos, pero al final ese da�o nunca se materializ�.

Pero en ese Informe T�cnico Legal que usted le env�a a H�ctor Arce menciona la filtraci�n de tres documentos en espec�fico de la computadora de la se�ora Llorenti y da a entender de que estos documentos comprometen la defensa legal.

Es una pena la forma que est� siendo presentado el tema al p�blico. No es algo f�cil de explicar. El 6 de diciembre del a�o 2016, la exsubprocuradora Llorenti se da cuenta, seg�n lo que ella relata, de que estos documentos fueron enviados (desde su computadora). No son documentos de defensa, no son documentos que no estaban en conocimiento de los chilenos, porque eran los documentos que se estaban conversando para ver la posibilidad de ese cierre, de los 27 millones. El 6 de diciembre ella se da cuenta de que eso pas� el 4 de agosto, se le solicita a ella que presente un informe y se hacen las gestiones para el reemplazo de la exsubprocuradora Llorenti. El �ltimo d�a que est� en funciones, ella presenta un informe donde detalla todos estos aspectos y all� lo que hay que ver es que no son temas que nosotros hubi�semos ni ocultado ni escondido. El 23 de diciembre ella entrega eso, el 3 de enero entro yo como subprocurador y se me remite a m� una instrucci�n para que haga un informe. Es ah� donde identifico este posible riesgo de que est�n en manos de los abogados chilenos los documentos enviados de una autoridad de la Procuradur�a.

Arce remite el informe a la Direcci�n Jur�dica y la Direcci�n Jur�dica el 25 de enero instruye el inicio del proceso administrativo. El 30 de enero (de 2017) yo le mando una instrucci�n a Jur�dica para que inicie el procedimiento administrativo. Reci�n en enero de este a�o se contrata al abogado externo que es el que lleva adelante el proceso y ese proceso concluye con el establecimiento de responsabilidad administrativa por parte de la exsubprocuradora Llorenti. Nosotros no vimos nada que nos hubiese indicado que era un tema de mala fe o que hab�a all� un tema oscuro por parte de la exsubprocuradora. Ella estaba conversando sobre estos documentos para un potencial cierre, uno de los abogados le dice que no funcionaba el internet y le pide que le preste su computadora para remitir unos correos y en esa computadora ella ten�a abierto su correo personal, que es de donde se env�an los documentos. Ella luego lo dice y por eso se procede a su reemplazo por m� y luego al inicio del proceso administrativo.

�Usted cree en la buena fe de ese acto?

No vimos ning�n elemento que nos hubiese permitido pensar de otra manera.

�Y por qu� tardaron tanto en la contrataci�n de ese abogado externo? Pasaron como 15 meses antes de que se haga ese proceso administrativo.

Desde los primeros meses de este a�o se procedi� a la contrataci�n del sumariante externo y en marzo inicia el proceso administrativo que creo que en mayo se emite la resoluci�n jer�rquica.

�Y cu�l es la sanci�n?

La sanci�n es responsabilidad administrativa y esa documentaci�n, seg�n lo que recomendaba la sumariante externa, iba a ser remitida a la Contralor�a General del Estado para fines de verificaci�n. Para trabajar para el Estado piden un documento que se llama solvencia fiscal, que quiere decir que el funcionario p�blico tiene que estar sin ning�n tipo de registro negativo para trabajar con el Estado. Los antecedentes del proceso administrativo iban a contar en la Contralor�a General del Estado para esa solvencia fiscal.

No me queda claro si esta filtraci�n de los documentos ha comprometido finalmente el arreglo por los 27 millones.

No, porque esos documentos que fueron remitidos eran parte de los documentos que se estaban discutiendo para el cierre.

Pero usted dice en su informe a Arce que s� iban a afectar gravemente la defensa de Bolivia.

En ese momento, ellos (los chilenos de Quiborax) solicitan que se termine con la suspensi�n (del laudo), el 6 de diciembre de 2016, para que ellos puedan ejecutarlo (cobrar). Y ellos ah� utilizan, como lo hicieron durante todo el proceso arbitral, de que Bolivia los est� presionando, los est� coaccionado con los procesos penales, ese era el peligro que nosotros ve�amos y que yo hago referencia en mi informe. Pero, se prosigue en la negociaci�n con ellos hasta que el 19 de diciembre David Moscoso, el socio minoritario, se opone al cierre.

�Por recomendaci�n de la Direcci�n Jur�dica es que no se inicia otro proceso que no sea el administrativo contra Llorenti?

Lo que recomienda es que se vaya al proceso externo y en el proceso administrativo la sumariante externa pudo haber dicho que ve cuestiones de responsabilidad penal, en ese caso nosotros hubi�semos actuado en consecuencia.

Lo que se ha producido es una filtraci�n de documentos. �Trat�ndose de un caso tan delicado no cree que es una traici�n a la patria?

El tipo penal de traici�n a la patria se da en estado de guerra. Solo en estado de guerra cuando se le proporciona informaci�n al enemigo.

Hablemos entonces de espionaje. Un periodista de La Raz�n ha sido procesado por H�ctor Arce por haber revelado una informaci�n sobre la demanda mar�tima. En este caso, estamos hablando de que una filtraci�n ha llevado a perder 42 millones de d�lares.

Le agradezco por la pregunta, pero eso no llev� a la p�rdida del arbitraje porque ya exist�a un laudo. Las partes pueden presentar pruebas y documentos en el proceso de fondo, mientras que en el proceso de anulaci�n no se presenta prueba, simplemente se discute la forma en que el tribunal arbitral tom� su decisi�n. Esos documentos filtrados no fueron parte nunca del procedimiento arbitral. Entiendo la preocupaci�n, no es f�cil para m� como abogado del Estado encarar un tema as�. Realmente la sorprendieron en su buena fe a la subprocuradora y accedieron a su computadora y enviaron documentos, pero esos documentos nunca formaron parte del arbitraje, ni del proceso.

�Cu�l era el valor de esos documentos entonces? �Por qu� los chilenos se los llevaron?

Buscaban presentar al Estado boliviano como un Estado que presiona a los inversionistas, porque esa es la figura que pintan.

Sin embargo, dos de los tres documentos eran modelos de acuerdos del laudo, del arreglo de los 27 millones y uno de ellos ya estaba cerrado y les daban (a abogados de Quiborax) la opci�n para que pudieran modificar el otro modelo.

Eso hubiese afectado al Estado boliviano, si se hubiese introducido antes del laudo, pero un monto de 27 millones, cuando ya hab�a un laudo de 48 millones, m�s bien nos daba a nosotros la raz�n de que hab�a algo que pod�a ser anulable en el proceso.

El Gobierno le inicia un proceso a Carlos Mesa por haber expropiado a Quiborax, pero resulta que si hay un gobierno nacionalizador es el de Evo Morales. Usted ha dado un informe de que se han pagado m�s de 800 millones de d�lares por arbitrajes, por nacionalizaciones de Evo Morales. �No le parece un contrasentido con Mesa?

Es que nosotros no criticamos la medida, el esp�ritu�

�Usted en lugar de Mesa hubiera revertido igual Quiborax?

Conforme me lo mandaba la ley. Nosotros no criticamos la medida de ampliar el �rea de reserva fiscal del Salar de Uyuni, el problema es que Mesa promulg� una ley, donde daba obligaciones espec�ficas sobre c�mo deber�a llevar adelante el proceso de nulidad de concesiones mineras, que deb�a cumplirse.

Y si el gobierno de Evo Morales s� ha cumplido las normas, �por qu� ha terminado pagando m�s de 800 millones de d�lares por arbitrajes?

Ah� hay una apreciaci�n err�nea, nosotros no hemos perdido casos de proceso de nacionalizaci�n, no hay laudos.

�Por qu� estamos pagando entonces?

Estamos pagando porque cuando se nacionaliza, se incorpora un activo que no era del Estado al patrimonio del Estado. Hay un cambio de la propiedad, del privado al Estado, todas las nacionalizaciones se compensan, todas las nacionalizaciones se pagan porque eso es lo que manda el derecho internacional. En todos los decretos de nacionalizaci�n del presidente Morales dice �h�gase la evaluaci�n para la posterior indemnizaci�n a esta empresa�. Las condiciones fijadas por la ONU son cuatro: que no se discrimine, que se siga el debido proceso, que haya un inter�s p�blico y que se pague. Si ustedes ven el laudo del caso Quiborax, el tribunal dice que se discrimin�, se ech� a estos inversionistas por su nacionalidad chilena, evidentemente el se�or Carlos Mesa los expulsa por ser chilenos.

�l dice que los expulsa porque estaban estafando al Estado.

El tribunal dice eso, que la expropiaci�n fue discriminatoria en funci�n a la nacionalidad de los inversionistas, que fue ilegal, porque no se cumpli� ni con la ley ni el decreto supremo. Declaran que, como es ilegal, hay que compensar plenamente al inversionista, que es una full compensation, por eso es tan alto el monto indemnizatorio, por la ilegalidad de la toma.

�Por qu� hemos pagado si la defensa ha sido tan desastrosa?

No ha sido tan desastrosa la defensa.

�Pero si hemos pagado 42 millones de d�lares!

Hay diferentes enfoques, uno de ellos es el de los costos, en el que se le paga al inversionista lo que gast�. Si gast� 100, se le devuelven 100, eso ocurre cuando la inversi�n a�n no est� en marcha y no hay flujos de caja y no se sabe cu�nto ir�an a ganar en 30 a�os. Pero en este caso, la empresa ya estaba trabajando dos a�os en Bolivia, en funci�n de esos ingresos que hab�a tenido se valor� cu�nto pudieron haber explotado y ganado. En la audiencia en Washington le dijimos al CIADI que era aberrante la decisi�n del tribunal arbitral de darle un 12.000 por ciento a una empresa que s�lo hab�a invertido alrededor de 800 mil d�lares, pero el CIADI tiene una l�nea que es no anular sus laudos porque sino nadie va a querer acudir a los servicios del CIADI. Hubo una demanda de 150 millones de d�lares, si nosotros no defend�amos no iba a ser 48, tal vez iba a ser 100 millones.

�Cu�nto se pag� al bufete de abogados?

En el proceso de anulaci�n hemos pagado 450 mil d�lares.

�Y en toda la defensa?

No lo tengo el dato espec�fico.

�El bufete da una explicaci�n ante la derrota?, porque pudo haber sido 100, pero tambi�n pudo haber sido tres o 27 millones.


Si hubiese sido tres tambi�n hubiese sido considerado una derrota. Para el com�n de la gente cualquier laudo es visto como una derrota.


�Qui�n era el �rbitro de Bolivia y c�mo actu� en el caso?


As� funciona: un �rbitro elige el demandante y un �rbitro elige el demandado, y entre esos dos eligen a un tercero. Bolivia eligi� al �rbitro Brigitte Stern, abogada suiza, y ella justamente emiti� la opini�n disidente que est� en el laudo, que fue la que nosotros utilizamos para el procedimiento de anulaci�n.


� Cu�l es la situaci�n de Bolivia ante el CIADI?


Ya no estamos, porque son tribunales por lo general parcializados en favor del inversionista extranjero, hay una carga negativa hacia los Estados que llevan adelante procesos de nacionalizaci�n, somos casi unos terroristas contra el libre mercado, los �rbitros entran con una carga negativa en contra del Estado. En los arbitrajes es como entrar a un partido de f�tbol perdiendo 3-0 porque ya toda esa carga negativa est� en la mente de los �rbitros y hay que intentar empatar y de suerte alguna vez alg�n Estado ha podido ganar alg�n arbitraje. Desde el 3 de noviembre de 2007 estamos fuera del CIADI.

�C�mo buscan que termine esto? �Buscan que Carlos Mesa pague los 42 millones, que vaya a la c�rcel o que no sea candidato?

Hacer un proceso penal a cualquier persona nunca es grato para nadie. Los indicios de la responsabilidad penal de Carlos Mesa surgen el a�o 2008 a ra�z de un informe del Ministerio de Defensa Legal donde ya se ve�a la ilegalidad del DS 27589.

�No se arrepiente de plantear esa denuncia, pues a ra�z de eso surgieron estas irregularidades?

Es nuestra responsabilidad, es el mandato que nosotros tenemos. Si creemos que hay indicios de responsabilidad penal tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos una posici�n jur�dica, creemos que el se�or Mesa la va a tener en alg�n momento, hasta ahora s�lo hemos visto una posici�n medi�tica. Hemos visto que no se cumplieron con las auditor�as, hemos actuado en consecuencia.

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