Bolivia cambió tres veces su defensa jurídica en el caso Quiborax desde 2007
06/07/2018 - 07:51:55
El Deber.- Bolivia cambi� tres veces su defensa jur�dica durante el proceso de arbitraje con la empresa Quiborax, a la cual finalmente tuvo que pagar $us 42,6 millones. Seg�n el laudo judicial al que accedi� EL DEBER, entre 2007 y 2014, el Estado boliviano trabaj� primero con un estudio jur�dico de Estados Unidos, luego contrat� a un consorcio internacional con sede en Francia y tres a�os despu�s a otro bufete estadounidense. Finalmente, en 2014, el equipo jur�dico qued� compuesto por cuatro abogados bolivianos, encabezados por H�ctor Arce y Pablo Menacho, actuales ministro de Justicia y procurador general.
En estos cambios de juristas, al menos 13 abogados representaron a Bolivia en el arbitraje. En tanto la chilena Quiborax se asesor�, de principio a fin, con tres abogados de su pa�s de Bofill Mir & �lvarez Jana, seg�n figura en el laudo.
Uno de los estudios que asesor� a Bolivia es el consorcio internacional Dechert LLP, con sede en Par�s (Francia), que fue contratado en 2010 por el Ministerio de Defensa Legal, mediante licitaci�n p�blica. Seg�n el proceso de contrataci�n revisado por EL DEBER y que figura en el Sicoes, Dechert LLP cobr� 450.000 d�lares por cada a�o de trabajo y represent� al Estado boliviano, en el caso Quiborax, entre 2010 y 2013.
Seg�n consta en los procesos de contrataci�n estatales, los abogados de Dechert LLP no solo asesoraron a Bolivia en el caso Quiborax, sino en al menos otros tres procesos m�s: el de la Euro Telecom International (ETI), por Entel; el de la asociaci�n germano-peruana Oiltanking-Gra�a Montero, por la nacionalizaci�n de la Compa��a Log�stica de Hidrocarburos en Bolivia (CLHB); y el de Pan American Energy, por la empresa petrolera Chaco.
Para cada uno de esos arbitrajes, los honorarios de Dechert LLP fueron de $us 450.000 por a�o y los cuatro contratos se suscribieron en 2010 mediante licitaci�n p�blica, seg�n se�alan documentos del Sistema de Contrataciones Estatales.
Tres de esos contratos, los de los procesos de Quiborax, ETI y Oiltanking-Gra�a Montero, se firmaron el mismo d�a: 16 de marzo de 2010. Cuatro meses despu�s, se firm� para el asesoramiento en el caso Pan American Energy.
Seg�n dijo el ministro de Justicia, H�ctor Arce, en la interpelaci�n que tuvo el mi�rcoles en la Asamblea Legislativa, en todos estos procesos Bolivia tuvo que pagar indemnizaciones. En el caso de Pan American Energy, Bolivia pag� 357.023.360 d�lares (el pago m�s alto realizado hasta ahora), a ETI le pag� 100 millones de d�lares y a Quiborax 42,6 millones de d�lares. Mientras que a Oiltanking-Gra�a Montero, seg�n reportes de prensa, se le dio 16,4 millones de d�lares.
Por estos arbitrajes Bolivia pag� en total $us 516 millones y los cuatro casos fueron asesorados, entre otros, por Dechert LLP.
En el formulario de adjudicaci�n, publicado en el Sicoes, se especifica el consorcio que gan� la licitaci�n para representar al Estado en el arbitraje
La versi�n del procurador
Respecto a estas afirmaciones, el procurador Pablo Menacho se�al� que no es cierto que la firma chilena Quiborax hubiera tenido un solo bufete de abogados, aunque el principal haya sido Bonfill Mir & �lvarez Jana; sin embargo, dijo, en otras audiencias estuvieron abogados de otros bufetes.
Manifest� que �l, junto con el ministro H�ctor Arce, "nunca entraron ni a cambiar ni a imponer abogados", por lo que desde 2010 se contrat� a Dechert LLP, que tiene los mejores juristas y siempre se ha buscado la mejor defensa para el pa�s. Seg�n Menacho, Dechert cobr� $us 450.000 por todo el proceso de anulaci�n del caso Quiborax, que dur� de 2015 a 2018. �Nosotros hemos hecho las cosas bien�, dijo.
Ciadi observa retrasos
Con relaci�n al caso Quiborax, el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) dice en el laudo que el proceso se retras� en varias ocasiones por acciones del equipo jur�dico de Bolivia. Se�ala que primero se propuso descalificar al tribunal, lo que caus� la suspensi�n de procedimientos; luego se opuso a la jurisdicci�n del tribunal y pidi� inspeccionar documentos de las acciones de la empresa Non Metallic Minerals, hecho que tuvo lugar en el Banco Mundial en Par�s. Estos retrasos, dice el laudo antes de fijar el monto de compensaci�n, generaron consecuencias en t�rminos de costos para ambas partes.
En el documento del Ciadi, entregado a las partes en septiembre de 2016, se determin� que Bolivia pague a la empresa Quiborax 48,6 millones de d�lares, monto que luego ascendi� a $us 57 millones por intereses y que fue negociado finalmente en $us 42,6 millones.
La decisi�n del Tribunal se bas�, principalmente, en el hecho de que el Estado boliviano viol� art�culos del Tratado entre Bolivia y Chile para la Promoci�n y Protecci�n Rec�proca de Inversiones, un documento bilateral firmado en 1994, durante la gesti�n de Gonzalo S�nchez de Lozada.
El laudo del Ciadi se�ala tambi�n que al expropiar las inversiones de Quiborax no se garantiz� �el trato equitativo dentro de su territorio a las inversiones de la empresa demandante� y que se perjudic� a las inversiones a trav�s de �medidas irrazonables�. Al respecto, Carlos de Mesa escribi� en su cuenta de Twitter que la expulsi�n de Quiborax realizada durante su Gobierno respondi� a una �medida pol�tica y jur�dica completamente v�lida� y que se hizo en raz�n del incumplimiento de leyes ambientales, de impuestos nacionales, derechos aduaneros y fraude en la declaraci�n de vol�menes de exportaci�n de ulexita a Chile.
Al menos 13 personas vieron el caso
El laudo se�ala que en 2007 al Estado boliviano lo representaba el abogado Paul Reichler de Foley Hoag LLP (Estados Unidos), en 2010 se cambi� de estudio jur�dico y entraron al proceso Pierre Mayer, Eduardo Silva Romero y Jos� Manuel Garc�a Represa, de Dechert LLP (Francia).
En 2013 ya no se renov� el contrato con ese consorcio, seg�n dice en el laudo del Ciadi. Entonces Diego Gosis, del estudio Gomm & Smith (Estados Unidos), represent� a Bolivia.
Hasta 2014, adem�s del abogado Gosis, el equipo lo integraban Hugo Ra�l Montero (procurador), Elizabeth Arismendi (subprocuradora) y los funcionarios �dgar Pozo y Leonardo Anaya. M�s tarde, ese mismo a�o, el equipo volvi� a cambiar y qued� integrado por cuatro personas: H�ctor Arce, Pablo Menacho, Franz Zubieta Mariscal y Ang�lica Rocha Ponce.
La firma Dechert asesor� a Bolivia en otros procesos
ETI
Euro Telecom International (ETI) demand� al Estado boliviano por la nacionalizaci�n de la empresa Entel. El proceso se inici� en 2009 ante el Comit� ad hoc de Naciones Unidas. El Estado tuvo que pagar 100 millones de d�lares.
Oiltanking-Gra�a Montero
La asociaci�n germano-peruana enjuici� a Bolivia por la nacionalizaci�n de la Compa��a Log�stica de Hidrocarburos en Bolivia en 2010 ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Se pag� 16,4 millones de d�lares.
Pan American Energy
Demand� a Bolivia, en 2009, por la nacionalizaci�n de la petrolera Chaco ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Se termin� pagando 357.023.360 d�lares, el monto m�s alto hasta ahora.
