Quiborax: los cinco puntos débiles de la defensa boliviana
22/07/2018 - 09:40:30
P�gina Siete.- Ante el proceso internacional iniciado por el conglomerado NMM-Quiborax en demanda de una indemnizaci�n por haber perdido las adjudicaciones que ten�a en el Salar de Uyuni, el Estado boliviano desarroll� una defensa legal que, vistos los resultados, fue deficiente y el pa�s termin� pagando 42,6 millones de d�lares.
La empresa hab�a invertido solamente 800.000 d�lares, seg�n el laudo arbitral (no un mill�n como se mencion�) y es acusada de haber defraudado impuestos al Estado, falseado sus vol�menes de exportaci�n y falsificado su documento de conformaci�n accionaria.
En 2004, el gobierno de Carlos Mesa, mediante dos decisiones ejecutivas, le quit� los contratos que ten�a y la empresa pidi� por ello un arbitraje internacional.
Estos son los principales hitos de este entuerto:
1.- La defensa no acept� pagar tres millones de d�lares
En 2008, el recientemente creado Ministerio de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, y que estaba encabezado por H�ctor Arce Zaconeta, rechaz� la oferta de la compa��a de concluir bilateralmente la negociaci�n a cambio de un pago de tres millones de d�lares y que la demanda de arbitraje que hab�a iniciado en 2004 no pase al tribunal internacional del CIADI.
El diario cruce�o El Deber inform� que el Gobierno no acept� ese acuerdo, lo que termin� a�os despu�s en un fallo contra Bolivia y el pago de una suma 53 veces superior, de 42,6 millones de d�lares.
Aparte de la suma relativamente peque�a que el Estado rechaz� pagar, �ste es un evento de vital importancia por otra raz�n: establec�a que los empresarios supuestamente afectados estimaban en esa cifra el da�o econ�mico que hab�an sufrido debido a la finalizaci�n de los contratos.
El equipo dirigido por H�ctor Arce Zaconeta no insisti� fehacientemente durante el largo proceso, de 10 a�os de duraci�n, en el hecho que, si la empresa hab�a valorado en esa cifra el supuesto da�o sufrido, no pod�a luego, arbitrariamente, subir su aspiraci�n hasta 150 millones de d�lares y recibir finalmente 42,6 millones.
El procurador del Estado, Pablo Menacho, en declaraciones a P�gina Siete, dijo que no se pod�a pagar esa cifra en 2008 porque no era correcto admitir que el Estado hab�a errado en su decisi�n de dar por finalizados los contratos con la empresa. Sin embargo, 10 a�os despu�s, s� acept� el pago de 42,6 millones.
2.- La defensa no pudo extinguir la acci�n
El segundo asunto en importancia, que deber�a haber terminado con la extinci�n del proceso legal, es que el conglomerado NMM-Quiborax no ten�a mayor�a accionaria chilena. S�lo siendo chilena la empresa pod�a acudir al CIADI y por eso por lo menos nueve personas, entre otros los dos socios principales, el boliviano David Moscoso y el chileno Allan Fosk, se involucraron en un proceso de falsificaci�n de documentos. La justicia boliviana detect� aquello, Moscoso reconoci� su delito y tras un juicio abreviado recibi� una pena de c�rcel.
All� debi� concluir todo. S�lo los diferendos entre los Estados y empresas de otras naciones pueden verse involucradas en los arbitrajes internacionales.
Como la compa��a era, en realidad, boliviana, debi� haber recurrido al sistema penal nacional para intentar recibir una compensaci�n.
Pero la defensa legal del pa�s, ins�litamente, no hizo valer aquello en los largos diez a�os que dur� el proceso. El expresidente Carlos Mesa ha se�alado que no existe explicaci�n al respecto de parte de Arce Zaconeta y de su equipo. �ste, dijo Mesa, pudo haber acudido al protocolo complementario del acuerdo bilateral entre Bolivia y Chile (que facultaba a la empresa a recurrir al tribunal del CIADI).
En un video recientemente difundido, Mesa dijo que �simplemente con mencionar �apelamos a la cl�usula 1.1.c del protocolo complementario�, Bolivia autom�ticamente pon�a en el tapete la evidencia de que no hab�a una mayor�a chilena y por lo tanto el juicio no se hubiera podido llevar a cabo�. El Gobierno no lo hizo.
3.- La empresa �infl� los montos demandados
La defensa de Bolivia, una vez que Arce Zaconeta no era ya ministro de Ministerio de la Defensa Legal sino Procurador del Estado, no confront� en el proceso el hecho inexplicable del aumento de los montos demandados por la empresa.
De los tres millones de d�lares, los que estaba dispuesta a cobrar en 2008, subi� primero a 27 millones y luego a 40 millones en s�lo un a�o. �C�mo en 12 meses se puede pasar de demandar tres millones a pedir 40? Despu�s la empresa pidi� 66 millones y finalmente 150 millones de d�lares.
Esa �inflaci�n� de sus demandas no ten�a l�gica econ�mica ni legal alguna. El analista econ�mico Gonzalo Ch�vez hizo notar que los 42,6 millones de d�lares que finalmente se embolsill� la empresa no surgen de ning�n an�lisis l�gico. �Se utiliz� el valor en libros? �Se utilizaron intereses y un c�lculo de lucro cesante m�s costos de los abogados? �Se utiliz� el valor de mercado de la empresa en la actualidad, los activos invertidos y, en ese caso, un an�lisis de c�mo estar�a la empresa hoy? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta, dice Ch�vez.
La defensa boliviana no hizo referencia a los tres millones de d�lares demandados originalmente por la empresa para cortar esta �inflaci�n� de demandas. Y luego, cuando el pedido lleg� a la absurda cifra de 150 millones de d�lares, entonces luego acept� �negociar�, para terminar, pagando 42,6 millones de d�lares.
4.- La defensa filtr� documentos a Chile
Otro de los eventos importantes de este proceso es el hecho de que los abogados de la parte boliviana hayan terminado generando una relaci�n sospechosamente amistosa con los del equipo chileno, incluido Andr�s Jana, nada menos que uno de los asesores de Chile en el proceso que lleva adelante nuestro pa�s ante La Haya. Esa relaci�n amistosa fue revelada en un intercambio de emails entre los abogados. Los de Chile, por ejemplo, se refer�an a Arce Zaconeta informalmente como �H�ctor� e incluso pidieron hablar por tel�fono con �l.
La relaci�n amistosa lleg� a su punto m�ximo cuando los abogados de Chile negociaban con los de Bolivia los textos de los documentos que nuestro pa�s presentar�a ante el CIADI y, todav�a m�s, lo hac�an en las oficinas estatales de la Procuradur�a.
Todo ello se conoci� al ser publicado el proceso disciplinario que la Procuradur�a le inici� a la subprocuradora Carmi�a Llorenti por un delito m�s grave todav�a: prestarle su computadora oficial al abogado chileno Rodrigo Gil. �ste tom� el computador y se reenv�o a su email varios documentos, entre otros el desistimiento de acusaciones al empresario Alan Fosk que hab�an pactado y que la Fiscal�a ten�a que enviar al CIADI.
Al margen de la impropia actitud de tener una relaci�n demasiado cercana con los abogados de la otra parte, el haber prestado la computadora le permiti� a la parte chilena demostrar que en Bolivia el Ejecutivo controla al Poder Judicial y, con ello, sustent� su hip�tesis de que no solo hab�a sido afectada econ�micamente al perder sus contratos, sino que era presa de �acoso legal� en nuestro pa�s.
Para el p�blico boliviano ese hecho deja entrever que son las autoridades del Gobierno las que le ordenan al Poder Judicial qu� deben hacer en determinadas situaciones y, m�s a�n, que les env�an los documentos ya redactados.
En el caso de Llorenti, es interesante hacer notar que no fue acusada penalmente por sus acciones y que el proceso administrativo demor� 15 meses en iniciarse.
5.- La defensa negoci� desistimientos con su par de Chile
El relacionamiento amistoso entre ambas partes hizo tambi�n que se hubiera negociado la manera c�mo se realizar�a el desistimiento del Estado boliviano contra el empresario Fosk y otras siete personas que estaban siendo acusadas por la falsificaci�n de los documentos.
Junto con ello, para firmar el oneroso acuerdo del pago de los 42,6 millones de d�lares, la parte chilena todav�a exigi� m�s: que se aprobara la absoluci�n de los acusados y se presentara el retiro de la acusaci�n contra ellos antes de firmar el acuerdo.
El abogado de Carlos Mesa, Carlos Alarc�n, expres� que en un sistema donde supuestamente existe separaci�n de poderes lo que deber�a haber ocurrido es que, una vez firmado el acuerdo (en este caso, de pago a los chilenos), reci�n deb�a presentarse el acuerdo ante el juez y el fiscal, y basado en la cl�usula espec�fica del mismo, pedir que el proceso judicial se extinguiera.
Pero como los chilenos no confiaban, aparentemente, que eso suceder�a con celeridad, presionaron a Bolivia en una acci�n adicional: que antes de firmar el pacto por el que ellos recibir�an el dinero, deseaban que todos los mencionados acusados de falsificaci�n fueran absueltos.
As�, el 5 de junio pasado se presentaron los desistimientos, el 6 se dio la absoluci�n por parte de la justicia y el 7 se firm� el acuerdo de pago de los 42,6 millones.
Todo se hizo a la mayor velocidad, sin cumplir con los procedimientos legales adecuados y todo con tal de cumplir con las exigencias chilenas. Si hubiera sido Bolivia la que iba a recibir el dinero, se hubiera entendido la celeridad de las acciones, pero es incomprensible en el caso contrario. Este hecho, adem�s, demuestra la dependencia que tiene la justicia respecto a las autoridades.
Un falsificador que recibe 20 millones de d�lares
Tal vez ni en sus mejores sue�os los socios del conglomerado NMM-Quiborax imaginaron que, tras invertir 400.000 d�lares y defraudar al Estado, obtendr�an, 14 a�os despu�s de los sucesos, la friolera de 42,6 millones de d�lares. De ese total, 20 millones son para Moscoso, que admiti� haber falsificado los documentos.
En 2004, tras advertirse que la compa��a no declaraba adecuadamente sus vol�menes de exportaci�n y no pagaba sus impuestos correctamente, y atendiendo las presiones de grupos de presi�n de Potos�, el gobierno de Carlos Mesa decidi� dar por finalizados los contratos.
Y lo que comenz� como un acto administrativo m�s o menos irrelevante ese a�o, cuando el gobierno de Mesa decidi� sacar a la empresa NMM-Quiborax del Salar de Uyuni, es hoy uno de los eventos centrales de la pol�tica nacional y podr�a convertirse en una marca, negativa, de la larga presidencia de Evo Morales. Mesa est� hoy procesado por ese hecho y, de ser hallado culpable en un juicio de responsabilidades, podr�a incluso ser encarcelado.
Gobierno de Mesa expulsa a la empresa
El asunto empez� el 23 de junio de 2004, cuando la administraci�n de Mesa decidi�, cometiendo un error, �revocar� las concesiones de la compa��a mediante el decreto 27589.
Advertidos de la equivocaci�n, ese Gobierno, mediante la Resoluci�n Administrativa del 28 de octubre
de 2004, dictada por la Superintendencia de Minas, �anula� los contratos. El sucesor de Mesa, Eduardo Rodr�guez, concluy� la parte legal de este asunto y �sane� la situaci�n, seg�n declar� recientemente por escrito a un cuestionario de la Fiscal�a General. Su Gobierno emiti� el DS 28527, que en su art�culo �nico dispuso abrogar el DS 27589 emitido por Mesa. Posteriormente a ello, la totalidad de la defensa del Estado, como hemos visto, fallida, en este asunto, estuvo en manos del Gobierno actual.
(Esta es una nota producida por el servicio noticioso Br�jula Digital)
