El Estado adopta la versión de Quiborax para denunciar a Carlos Mesa
22/07/2018 - 09:45:08
El Deber.- Luego de que, el 18 de mayo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) rechazara el pedido de nulidad del laudo que condenaba a Bolivia a pagarle una indemnizaci�n a Quiborax por haberla expulsado del pa�s en 2004, el Estado asumi� que la empresa chilena siempre tuvo la raz�n, que nunca falsific� sus documentos para favorecerse del arbitraje internacional ante el Ciadi y se comprometi� a no volver a enjuiciarlos por este caso. Eso s�, se reserv� el derecho de procesar a quien hubiese provocado ese da�o econ�mico al Estado boliviano y dirigi� sus esfuerzos a llevar a un juicio de responsabilidades a Carlos de Mesa y tres de sus exministros.
En la proposici�n acusatoria redactada por la Procuradur�a General del Estado contra las exautoridades se puede leer, en el punto 14, que �No Metallic Minerals (NMM) estaba constituida por un 51% por capitales chilenos�. A esa conclusi�n llega luego de enumerar que la empresa expulsada por De Mesa ten�a una composici�n accionaria en la que Quiborax era due�a del 50.99% de las acciones, Allan Fosk del 0,01% y el boliviano David Moscoso Ruiz del 49% restante.
Esta �verdad� asumida por el Estado se repite cinco veces en la proposici�n acusatoria, pese a que el Estado proces� y conden� a David Moscoso por la falsificaci�n de la transferencia de acciones de su empresa a la chilena Quiborax para beneficiarse del arbitraje internacional.
Luego de esto, en el contrato de cumplimiento del laudo arbitral, celebrado entre el Estado boliviano y Quiborax el 2 de junio, por el cual Bolivia pag� $us 42,67 millones a los chilenos, en el punto 52, �Bolivia libera de forma expresa a Quiborax y NMM y renuncia expresamente a cualquier reclamo, arbitraje, demanda, acci�n, pretensi�n, procedimiento o litigio de cualquier naturaleza, sea que surja del derecho boliviano o internacional o cualquier otro derecho, sea pasada presente o futura�. La �liberaci�n� aplica a las dos empresas, sus subsidiarias, controladas y asociadas, as� como a todos sus funcionarios. En el p�rrafo siguiente, el 53, se abre la posibilidad de enjuiciar a De Mesa y sus ministros: �El estado boliviano, luego de verificar la existencia de responsabilidades por acciones u omisiones que dieron origen a esta controversia, se reserva los derechos de iniciar las acciones que correspondan en contra de las exautoridades responsables�. Es decir, firma una especie de armisticio con los empresarios y se apresta a enjuiciar a los que los expulsaron.
Respuestas
Consultado sobre esta decisi�n, Pablo Menacho, procurador general del Estado, explica que eso fue lo que defini� el laudo arbitral ante el Ciadi, que Quiborax era due�a del 51% de las acciones y fue demostrado durante el juicio. Explica que eso qued� registrado en el par�grafo 52 del laudo de septiembre de 2015 y en el 192 de la sentencia sobre la jurisdicci�n del Ciadi, emitida en 2012. �Ah� se establece que Quiborax no cometi� fraude y rechaza la responsabilidad de las personas procesadas�, explic�.
Estas razones fueron rechazadas por Gustavo Pedraza, exministro de Desarrollo Sostenible de De Mesa y procesado por este caso. Para el abogado, Menacho no puede argumentar eso, porque la jurisdicci�n del Ciadi es comercial, mientras que el juicio a los directivos de NMM y Quiborax era por la v�a penal. �Lo que pidi� el Ciadi era que la demanda se suspendiera, no que concluyera�, dijo Pedraza, refiri�ndose a una resoluci�n de este organismo que pidi� suspender el juicio penal contra los ejecutivos de NMM por supuesta falsificaci�n del acta. Sobre la resoluci�n de desistimiento de acciones judiciales posteriores, Menacho explic� que esta es una cl�usula com�n en los cierres de arbitrajes internacionales y que Bolivia las ha incluido en todos sus documentos de �renuncias expresas, liberaci�n general y rec�proca de obligaciones�. En general, la promesa de no enjuiciamiento, garantiza que el diferendo concluya.
El centro de la discusi�n
Seg�n los documentos analizados, el centro de la discusi�n en el Ciadi fue la legalidad de la venta de acciones de NMM a Quiborax. Sobre este punto gira la decisi�n sobre medidas provisionales que la Ciadi emiti� el 26 de febrero de 2010. All�, Fosk y NMM solicitan al tribunal de arbitraje que obligue a Bolivia a dejar de lado su juicio penal por supuesta falsificaci�n de actas de una junta de accionistas, luego de que en 2009 la justicia boliviana hab�a logrado condenar a David Moscoso Ruiz en un juicio abreviado. Esto, en lugar de favorecer a Bolivia, la perjudic� ante el Ciadi.
La defensa de los chilenos present� una historia que convenci� a los jueces. Les dijo que el Estado boliviano presionaba a los empresarios que los hab�a denunciado, que se hab�a apropiado de la documentaci�n que demostraba su inocencia y hab�a obligado a uno de sus ejecutivos a declararse culpable. �C�mo se justific� que Moscoso se hubiera inculpado ante el tribunal? Por dinero. Seg�n el relato de los abogados chilenos, el juez cautelar le impuso una fianza de $us 300.000 a Moscoso.
Este recurri� a su socio chileno millonario para que pagara su fianza y, cuando Fosk se neg�, presionado por la posibilidad de ir preso, negoci� una sentencia de dos a�os y se declar� culpable. La regla boliviana de que las penas menores a tres a�os son excarcelables no fue vista como una medida destinada a aliviar la sobrepoblaci�n carcelaria, sino que el Ciadi, que es un tribunal del Banco Mundial, lo vio como �un perd�n judicial�.
As�, el tribunal comenz� a creerles a los chilenos. Bolivia hab�a argumentado que el 11 de septiembre de 2011, NMM celebr� una junta de accionistas, que esa acta fue utilizada para otorgar poderes notariales y realizar tr�mites hasta 2005 y que luego de la expulsi�n, esa acta trat� de reemplazarse con otra fechada el 13 de septiembre cuando la empresa ya hab�a sido expulsada por Carlos De Mesa. La explicaci�n chilena fue la siguiente: la venta de acciones se realiz�, al igual que la junta del 11-S; el secretario de actas tom� la plantilla de una anterior reuni�n y olvid� cambiar la composici�n societaria, que dos d�as despu�s el error fue corregido (por eso hay otra acta del 13-S), pero que luego se confundieron los documentos para emitir poderes, y se utiliz� err�neamente el del 11-S. Este nuevo �error� se subsan� en enero de 2005, una nueva junta directiva convalid� los actos realizado con estos poderes.
Esta versi�n fue cre�da por el Ciadi, que en septiembre de 2015 asegur�: �El Tribunal determina que la descripci�n de los hechos de las demandantes es coherente y est� bien documentada. Si bien hay algunas discrepancias documentales, estas no prueban el fraude ni son suficientes para superar la abundante evidencia en apoyo del caso de las demandantes�.
Eso dice en el p�rrafo 52 del laudo. Seg�n Menacho, Quiborax demostr� que hab�a pagado por las acciones de NMM, que las hab�a anotado en sus balances, que era la due�a. Para �l, los t�rminos de la demanda contra De Mesa y sus ministros est�n justificados. Para Pedraza, la Procuradur�a podr�a incurrir en la figura de sometimiento, porque un tribunal internacional no puede determinar los fallos de la justicia interna.
