Policía anticorrupción procesa a funcionaria del Concejo por las bandas
13/09/2018 - 12:37:45
El Deber.- La investigaci�n sobre la compra con supuesto sobreprecio de bandas municipales en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra dio un paso m�s ayer. Cinco funcionarios del Concejo llegaron hasta la Fiscal�a para prestar su declaraci�n informativa ante la Unidad Anticorrupci�n de la Polic�a Boliviana, repartici�n que trabaja con la Fiscal�a y que el 29 de agosto de este a�o requiri� que se procese como acusados de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antiecon�mica a la directora administrativa del Concejo, Claudia Paola Dur�n Gil, y al gerente de Textilander, Ricardo Ignacio Pinto Guti�rrez.
En el documento, al que tuvo acceso EL DEBER, se requiri� tambi�n que una decena de funcionarios sean citados como testigos, desde el director de Protocolo del Concejo, Freddy Oviedo, hasta los responsables de procesos de contrataci�n, asesores legales y responsables de subir la documentaci�n al Sistema de Contrataciones Estatales. Ayer, cinco personas pasaron por las oficinas de la Unidad Anticorrupci�n, situadas en el tercer piso de la Fiscal�a, a los pies del Cristo. Por la ma�ana asistieron la responsable del proceso de adjudicaci�n y la encargada de la Secretar�a Administrativa de Administraci�n y Finanzas del Concejo. Por la tarde declararon tres personas m�s, una encargada de los procesos de contrataci�n y personal subalterno del Concejo que se retiraron de la Fiscal�a sin hacer declaraciones.
Se enviaron preguntas por tres v�as para conocer la versi�n de Ang�lica Sosa, presidenta del Concejo, pero no se recibieron sus respuestas hasta el cierre de esta edici�n. Cuando se le consult� al concejal Jhonny Zeballos (MAS) por qu� no se fiscaliz� antes este tipo de contratos, �l explic� que tanto el Ejecutivo como el Legislativo municipal ya no env�an sus contratos al Concejo para que se aprueben antes de las firmas, sino que son suscritos por ambos �rganos y son enviados a la entidad deliberante solo para su conocimiento luego de estar firmados.
Por propia gesti�n
Seg�n el informe al que tuvo acceso EL DEBER, elaborado por el teniente Jes�s Villarroel y dirigido al teniente coronel �scar Guti�rrez Linares, esta causa comenz� el 17 de agosto, con una denuncia formal mediante informe de los investigadores de la Direcci�n Especial de Lucha Contra el Crimen dirigido al fiscal de turno, por la comisi�n de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antiecon�mica.
La denuncia fue remitida al despacho de la fiscal anticorrupci�n Jackeline Severich Garc�a y se inici� la investigaci�n de oficio sobre la adquisici�n de bandas municipales para el Concejo, en las gestiones 2016 y 2017.
En la indagaci�n se establece que todo comenz� el 14 de septiembre de 2016, cuando Freddy Oviedo, jefe del Departamento de Protocolo del Concejo Municipal, solicita la compra a la secretaria de Administraci�n, Paola Dur�n. Se se�ala que el precio referencial es de Bs 3.500 y el origen de los fondos es la partida 33.300, destinada en el POA a prendas de vestir.
Tambi�n se�ala que Protocolo del Concejo, para definir el precio referencial de las bandas distintivas, utiliz� como referencia la propuesta presentada por la empresa Textilander Import/Export SRL. Esta compra se registr� en el Programa Anual de Contrataciones el 14 de septiembre de 2016, es decir, el mismo d�a que se inici� el proceso de adquisici�n, sin que se encuentre previsto y detallado en el POA de ese a�o.
Anota tambi�n que la propuesta de Textilander se present� al departamento administrativo el 6 de septiembre, es decir, ocho d�as antes de que se genere la necesidad presupuestaria de la compra de las bandas. La solicitud de compra fue elaborada el mismo 14 de septiembre de 2016 por Paola Dur�n Gil y dos d�as m�s tarde, el 16 de septiembre, se comunic� la adjudicaci�n de la compra a Textilander. El informe de la Polic�a advierte que no se verific� ni se observ� que en el momento de la compra la matr�cula de comercio de la empresa adjudicataria no estaba vigente y no se procedi� con la anulaci�n del proceso de contrataci�n.
Ese mismo d�a, Textilander present� la documentaci�n en fotocopia simple y esta fue remitida por la responsable del proceso de adjudicaci�n al asesor legal para que los verifique. El mismo d�a, el abogado indic� que la empresa cumpl�a con todos los documentos (c�dula de identidad, poder, licencia de funcionamiento, certificaci�n electr�nica de impuestos, certificaci�n del registro de comercio y certificado RUPE). El informe policial ve fallas en este punto.
Seg�n la carpeta de la compra revisada por la Polic�a, el 20 de septiembre, cuatro d�as despu�s de la adjudicaci�n, Textilander entreg� 44 bandas por Bs 35.000, a un precio unitario de Bs 795, 45. Ah� surge un problema. Esta documentaci�n �revisada en 2018� no coincide con la subida el 22 de julio de 2016 al Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes). En los formularios 400 y 500 de ese proceso de contrataci�n se indica que las bandas entregadas fueron 25 y que el precio pagado por cada unidad fue de Bs 1.400.
El informe concluye que Textilander solicit� el pago por su trabajo el 22 de septiembre y que fue hecho efectivo mediante cheque el 18 de octubre. As�, pide citar a Dur�n y Pinto como acusados y a una decena de funcionarios para establecer �la verdad hist�rica de los hechos�.
DETALLES
INICIATIVA PROPIA
El Departamento Especial de Lucha Contra el Crimen, Unidad Anticorrupci�n de la Polic�a Boliviana, inici� la investigaci�n por decisi�n propia, al enterarse de presuntos hechos de corrupci�n en el Gobierno Aut�nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
CASO COMPLEJO
Luego de revisar la documentaci�n colectada desde el Concejo Municipal y compararla con la que funcionarias del Concejo subieron a la web del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), el teniente que investig� el caso lleg� a la conclusi�n de que no coinciden.
DOS SEMANAS
En 14 d�as, Textilander present� una propuesta de fabricaci�n de bandas, se gener� una necesidad presupuestaria y se entreg� el material.
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