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Ministerio Público presenta acusación formal contra Sánchez de Lozada y otras 18 personas en caso ENFE




19/09/2018 - 11:46:23
Sucre, (ABI).- El fiscal Superior, José Manuel Gutiérrez, presentó el miércoles ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la proposición acusatoria contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y otras 18 personas por el denominado caso Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

"Ha concluido una fase de investigación de la etapa preparatoria sobre la capitalización ENFE, que se está procediendo en el marco de juicio de contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete ministerial del año 1995", informó a los periodistas.

Dijo que en el proposición acusatoria están incluidos funcionarios del exministerio sin Cartera y los responsables de la capitalización, que conformaban la comisión de calificación de la licitación pública internacional y que tuvieron que ver con la capitalización de ENFE, que tenía dos ramales: Ferrocarriles Andinos y Ferrocarriles Orientales.

"También se presentó la acusación formal contra varios miembros del Directorio de esa empresa (Empresa de Ferrocarriles Andinos Sociedad Anónima) que fueron parte de la reducción de capital, que desde el punto de vista de la investigación ha sido absolutamente ilegal y en contra del mandato de la Ley de Capitalización", complementó.

Según Gutiérrez, entre los acusados figuran: Gonzalo Sánchez de Lozada, José Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Javier Afcha de la Parra, Antonio José Araníbar Quiroga, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Eduardo Villalobos Sanjinés, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmuz Levy e Irvin Remberto Alcaraz del Castillo, acusados de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes.

Además de Cristóbal Alfonzo Revollo Tenier, por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes.

También están incluidos Edgar Ramiro Saravia Durnik, acusado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y conducta antieconómica, y Santiago Atsuro Nishizawa Takano, por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.

Están también acusados, Jorge Fernando Harriague Urriolagoitia está acusado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y conducta antieconómica; José Isaac Ardaya Calderón por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con las funciones públicas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes.

Adolfo Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero y Julio César Oropeza Belichner por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la funciones pública, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes.

Finalmente, Franklin Mejía Ríos por conducta antieconómica.

Según los antecedentes, el proceso tiene que ver con la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) que se concretó en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada con la estrategia de conformar dos sociedades de Economía Mixta, dividiendo de esa manera el Sistema Ferroviario en dos redes o unidades económicas.

El Decreto Supremo Nº 24186 de 15 de diciembre de 1995, suscrito por Sánchez de Lozada y su gabinete, dispuso la adjudicación del paquete accionario de la capitalización de la empresa FCA SAM a la empresa chilena Cruz Blanca S.A. (a través de la asociación formada al efecto), por un monto de dinero que equivalía a menos de la mitad del capital autorizado e incluso menor al del capital pagado con el que se constituyó la FCA SAM.

Se estableció que el capital autorizado era 274.264.400 bolivianos, descartando inclusive que existía otra empresa interesada que, aunque hubiera cometido un error formal, en los hechos había presentado una oferta mayor a la que realizó Cruz Blanca, que al final, con la reducción de capital y el aporte de la empresa capitalizadora se redujo a 132.244.800 bolivianos.

Las investigaciones establece que en los hechos existe una diferencia de 4.887.400 bolivianos, que en simple lógica aritmética, significa que se incumplió el mandato del art. 4 de la Ley de Capitalización que mandaba expresamente que debía existir un incremento de capital que debía considerase en base al precio referencial aprobado.

"Al haberse aceptado la propuesta de la empresa Cruz Blanca de 66.122.400 bolivianos cuando debió ser 137.131.700 bolivianos (menos 71.009.300 bolivianos), la diferencia no pagada en la licitación, también es el monto que dejó de invertir en la sociedad en los primeros 7 años, constituyéndose este también en el fundamento del daño económico causado al Estado. Por lo que se puede estimar que el grave daño causado al Estado es de 142.018.600 bolivianos", remarca en parte la acusación formal.

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