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Ministerio Público presenta acusación formal contra Sánchez de Lozada y otras 18 personas en caso ENFE




19/09/2018 - 11:46:23
Sucre, (ABI).- El fiscal Superior, Jos� Manuel Guti�rrez, present� el mi�rcoles ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la proposici�n acusatoria contra el ex presidente Gonzalo S�nchez de Lozada (2002-2003) y otras 18 personas por el denominado caso Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

"Ha concluido una fase de investigaci�n de la etapa preparatoria sobre la capitalizaci�n ENFE, que se est� procediendo en el marco de juicio de contra el ex presidente Gonzalo S�nchez de Lozada y su gabinete ministerial del a�o 1995", inform� a los periodistas.

Dijo que en el proposici�n acusatoria est�n incluidos funcionarios del exministerio sin Cartera y los responsables de la capitalizaci�n, que conformaban la comisi�n de calificaci�n de la licitaci�n p�blica internacional y que tuvieron que ver con la capitalizaci�n de ENFE, que ten�a dos ramales: Ferrocarriles Andinos y Ferrocarriles Orientales.

"Tambi�n se present� la acusaci�n formal contra varios miembros del Directorio de esa empresa (Empresa de Ferrocarriles Andinos Sociedad An�nima) que fueron parte de la reducci�n de capital, que desde el punto de vista de la investigaci�n ha sido absolutamente ilegal y en contra del mandato de la Ley de Capitalizaci�n", complement�.

Seg�n Guti�rrez, entre los acusados figuran: Gonzalo S�nchez de Lozada, Jos� Carlos S�nchez Berza�n, Gonzalo Javier Afcha de la Parra, Antonio Jos� Aran�bar Quiroga, Germ�n Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Eduardo Villalobos Sanjin�s, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Mois�s Jarmuz Levy e Irvin Remberto Alcaraz del Castillo, acusados de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antiecon�mica y resoluciones contrarias a la Constituci�n y a las Leyes.

Adem�s de Crist�bal Alfonzo Revollo Tenier, por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones p�blicas, conducta antiecon�mica, resoluciones contrarias a la Constituci�n y a las Leyes.

Tambi�n est�n incluidos Edgar Ramiro Saravia Durnik, acusado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones p�blicas y conducta antiecon�mica, y Santiago Atsuro Nishizawa Takano, por resoluciones contrarias a la Constituci�n Pol�tica del Estado.

Est�n tambi�n acusados, Jorge Fernando Harriague Urriolagoitia est� acusado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones p�blicas y conducta antiecon�mica; Jos� Isaac Ardaya Calder�n por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con las funciones p�blicas, contratos lesivos al Estado, conducta antiecon�mica y resoluciones contrarias a la Constituci�n y a las Leyes.

Adolfo Arturo D�valos Yoshida, Ramiro Salinas Romero y Julio C�sar Oropeza Belichner por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la funciones p�blica, contratos lesivos al Estado, conducta antiecon�mica y resoluciones contrarias a la Constituci�n y a las Leyes.

Finalmente, Franklin Mej�a R�os por conducta antiecon�mica.

Seg�n los antecedentes, el proceso tiene que ver con la capitalizaci�n de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) que se concret� en el Gobierno de Gonzalo S�nchez de Lozada con la estrategia de conformar dos sociedades de Econom�a Mixta, dividiendo de esa manera el Sistema Ferroviario en dos redes o unidades econ�micas.

El Decreto Supremo N� 24186 de 15 de diciembre de 1995, suscrito por S�nchez de Lozada y su gabinete, dispuso la adjudicaci�n del paquete accionario de la capitalizaci�n de la empresa FCA SAM a la empresa chilena Cruz Blanca S.A. (a trav�s de la asociaci�n formada al efecto), por un monto de dinero que equival�a a menos de la mitad del capital autorizado e incluso menor al del capital pagado con el que se constituy� la FCA SAM.

Se estableci� que el capital autorizado era 274.264.400 bolivianos, descartando inclusive que exist�a otra empresa interesada que, aunque hubiera cometido un error formal, en los hechos hab�a presentado una oferta mayor a la que realiz� Cruz Blanca, que al final, con la reducci�n de capital y el aporte de la empresa capitalizadora se redujo a 132.244.800 bolivianos.

Las investigaciones establece que en los hechos existe una diferencia de 4.887.400 bolivianos, que en simple l�gica aritm�tica, significa que se incumpli� el mandato del art. 4 de la Ley de Capitalizaci�n que mandaba expresamente que deb�a existir un incremento de capital que deb�a considerase en base al precio referencial aprobado.

"Al haberse aceptado la propuesta de la empresa Cruz Blanca de 66.122.400 bolivianos cuando debi� ser 137.131.700 bolivianos (menos 71.009.300 bolivianos), la diferencia no pagada en la licitaci�n, tambi�n es el monto que dej� de invertir en la sociedad en los primeros 7 a�os, constituy�ndose este tambi�n en el fundamento del da�o econ�mico causado al Estado. Por lo que se puede estimar que el grave da�o causado al Estado es de 142.018.600 bolivianos", remarca en parte la acusaci�n formal.

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