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A 15 años de su caída del poder, Goni no renuncia a volver a Bolivia




18/10/2018 - 07:42:40
El Deber.- A Gonzalo Sánchez de Lozada lo han acusado de genocidio en Bolivia. Y ayer, cuando se recordaban los 15 años de su caída del poder, el Gobierno y la oposición avivaron el recuerdo de la llamada guerra del gas -más de 60 muertos tras varias jornadas de represión militar en 2003- para acusarse mutuamente. Que Evo Morales no cumplió con la agenda de octubre, que no estuvo al frente durante la revuelta popular. Que Carlos de Mesa era su vicepresidente, que esperó hasta lo último para apartarse de Goni. Eso y más. Pero en Washington (EEUU), en la casa donde viven Sánchez de Lozada y su esposa, Ximena Iturralde, fue un día de reflexión. Al menos así lo cuenta la familia del expresidente.

Y es que a sus 88 años, el emenerrista que gobernó dos veces, de 1993 a 1997 y de 2002 a 2003, no ha renunciado a volver al país y “volvería” a Bolivia en un escenario a enfrentarse a acusaciones para un juicio de responsabilidades de parte del Gobierno de Morales por la represión militar de septiembre y de octubre de hace 15 años.

En La Paz y en El Alto, las acusaciones contra Sánchez de Lozada son implacables. Ayer, por ejemplo, durante los actos por los 15 años de la caída de Goni, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Arturo Alessandri, puso sal sobre las heridas y culpó tanto a Goni como a su entonces vicepresidente, Carlos de Mesa, hoy precandidato a la Presidencia por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).

“El señor Carlos de Mesa, cuando decide traicionar a su jefe (Goni, el 13 de octubre, ya tenía sobre sus hombros 61 muertos a los que había que sumar los seis muertos de Warisata, entre ellos, dos niños. No podríamos entender octubre sin recordar febrero negro y en febrero, estamos hablando de otras 31 víctimas”, detalló en un acto público en la ciudad de El Alto.

El 20 de septiembre de 2003 mueren cuatro civiles y un soldado con el inicio de la represión militar en Warisata, municipio de Achacachi, cinco días después del inicio de un bloqueo de campesinos que se resistía con uñas y dientes a la propuesta de Goni de exportar gas por Chile. El 9 de octubre mueren dos civiles en El Alto y dos días después se militariza esa ciudad bajo el amparo del DS 27209, algo que el exministro de Defensa de entonces, Carlos Sánchez Berzaín, llama uso constitucional de la fuerza y que los familiares de las víctimas que iniciaron juicios en Bolivia y EEUU califican como genocidio.

Pero a pesar de los años y pese al vuelo de las acusaciones en su contra, Sánchez de Lozada no deja de pensar en vivir en Bolivia ni se ha asumido fuera de la política. Lo dice su familia. “Sigue la política boliviana”. De hecho, según uno de sus más estrechos colaboradores en EEUU, si se habla de política con Goni, “no está en su diccionario la palabra jubilación”.

Es tan evidente el ánimo de Sánchez de Lozada de regresar al país, que, según su gente, él no le ha perdido la huella a la coyuntura política y, por regla, “en casa de Goni se come un plato o dos por semana de comida boliviana”.

Los juicios a Goni

Tras su ascenso al poder, Evo Morales, el líder cocalero que encabezó la oposición contra el segundo Gobierno de Goni, activó un juicio de responsabilidades en su contra bajo los cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sánchez Berzaín descalifica el proceso porque para él viene de manos de un “golpista” que ahora gobierna bajo una “dictadura”. Poco de este juicio ha prosperado, dado que todo depende de un proceso de extradición del expresidente.

Por otra parte, según cita ANF, ayer el exfiscal Milton Mendoza denunció que la Asamblea Plurinacional no autorizó a la fecha el inicio de investigaciones y juicio de responsabilidades contra el expresidente por el presunto robo a las arcas del Banco Central de Bolivia.

La Federación de Juntas Vecinales de El Alto, pese a su afinidad con el MAS, le pide al Gobierno que cumpla con uno de los puntos centrales de la agenda de octubre: extradición y juicio a Goni. Por su lado, los familiares de las víctimas perdieron un juicio contra el expresidente en EEUU y ahora la defensa de Goni exige a los abogados acusadores que paguen los costos.

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