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El deber.- En el pa�s hay alrededor de 20,6 millones de hect�reas que por distintos motivos a�n no tienen un due�o legal, sea una persona, una empresa o el Estado y, por eso, su distribuci�n es la llave para un negocio millonario que tiene un fino l�mite con lo ilegal. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), de 103 millones de hect�reas a escala nacional entre 2006 y 2017, un 80% (82,4 millones de ha) ya fue saneado y titulado, por lo que solo restar�an 20,6 millones de hect�reas. De esta superficie, el INRA detect� que unos 6 millones de ha est�n en conflicto por diversas causas, entre ellas por l�mites, sobreposiciones y por falta de delimitaci�n y documentaci�n municipal de derecho propietario. Otro foco de conflicto son las 200.000 hect�reas tomadas por distintas organizaciones sociales, esto sucede, seg�n el INRA, no solo en tierras fiscales disponibles, sino tambi�n en superficies no disponibles, como en algunas de las 22 reservas y parques nacionales que tiene Bolivia. Estas irregularidades provocaron que Rogelio Cocarico, hermano del actual ministro de Desarrollo Rural y Tierras, C�sar Cocarico, sea detenido y enviado preventivamente a la c�rcel de Palmasola (Santa Cruz) y que desde la oposici�n se hable de una red en la que el INRA y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) estar�an implicados en el tr�fico de tierras. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras ha dicho en m�s de una ocasi�n que el caso de su hermano es ventilado en la justicia, deslindando responsabilidades en la acusaci�n. Escenario de arena movediza Eliane Capobianco, exdirectora regional del INRA y actual diputada por UD, habl� de las supuestas irregularidad que se dan en el proceso de saneamiento y en la dotaci�n de las tierras fiscales. Capobianco sostuvo que en la actualidad la entrega de tierras previamente saneadas y luego definidas como fiscales se da mediante la dotaci�n a las comunidades u organizaciones sociales que las soliciten y es en este punto, seg�n la diputada, en donde el INRA considera que tienen plena libertad para autorizar distintos asentamientos que muchas veces chocan contra los intereses de otras comunidades que ya se encuentran en el lugar o que se trata de zonas reservadas. La legisladora se�al� que lo que sucedi� en Robor� (Paqui�), es una clara muestra de lo mal que se est� trabajando y que, debido a las expectativas de grupos afines al MAS, desde el INRA se est�n cometiendo errores que generan malestar entre los bolivianos. Sobre los hechos sucedidos en la comunidad R�o Negro (Beni), Capobianco precis� que es llamativo que m�s de 100 personas acusen al hermano del ministro Cocarico por un supuesto cobro de $us 200.000 para acelerar los procesos de titulaci�n ante el INRA y las autorizaciones de desmonte ante la ABT. �Se debe esperar el avance de las investigaciones y no adelantarnos en decir que hay una red dedicada al tr�fico de tierras en donde participar�an el INRA y la ABT con la venia de autoridades del Gobierno�, dijo Capobianco. Sin embargo, Am�lcar Barral, diputado por Unidad Dem�crata (UD), fue m�s contundente y volvi� a insistir que lo que pas� en Beni, en Santa Cruz, el malestar que hay en La Paz (Apolo) y en Cochabamba (Parque Tunari), no es una casualidad, sino el resultado de una actividad bien coordinada que busca proteger a personas cercanas al poder que esconden informaci�n. Barral subray� que por lo sucedido a la colonia de menonitas, tanto la ABT como el INRA deber�an ser intervenidos. �Se dan tierras a personas que pertenecen al MAS, estos las lotean y las venden en montos millonarios, tenemos datos de que eso est� pasando en Chuquisaca y en Villaz�n, por lo que debe haber una intervenci�n transparente en ambas entidades y con seguridad se va a descubrir que los actos de corrupci�n superan al Fondo Ind�gena�, dijo. Sobre el ministro Cocarico, Barral aclar� que es responsable por omisi�n, pues, a su criterio, la autoridad estaba enterada del cobro que estaba realizando su hermano y no hizo ninguna denuncia. �Hay casos de personas que usaban el nombre del presidente o de algunos ministros y que son capturadas y enmanilladas como ladrones vulgares, pero no se hace nada cuando el hermano de Cocarico cobra $us 200.000�, sostuvo Barral, que agreg� que debido a ello el 6 de noviembre present� una denuncia penal contra C�sar Cocarico por incumplimiento de deberes, por omisi�n de denuncia y por encubrimiento ante el fiscal William Alave. �Sabemos que Cocarico tambi�n present� una demanda en contra m�a. Nos vamos a defender. No le tenemos miedo, sabemos que manejan gran parte de la justicia y que se escudan en un ministerio; sea cual sea el resultado, nos atendremos a las consecuencias�, puntualiz� Barral. Al respecto, el ministro Cocarico, en una conferencia brindada en Santa Cruz, rechaz� todas las acusaciones e indic� que su hermano se encuentra en manos de la justicia y que esta determinar� su situaci�n. Cocarico indic� que la oposici�n busca politizar el tema y salpicar el INRA y a la ABT. Marianela Bozo, abogada de los supuestos afectados por el hermano del ministro, dijo que Rogelio Cocarico est� detenido en Palmasola y que el 28 de noviembre ir� a audiencia cautelar, donde se definir� su situaci�n. Bozo precis� que no recibi� ninguna presi�n por tratarse del hermano de Cocarico, pero lament� que la autoridad cuando fue notificada de lo que suced�a no le tom� importancia. La explicaci�n de la ABT Ante la insinuaci�n de Barral de que algunos funcionarios de la ABT formar�an parte de la red de tr�fico de tierras, Rolf K�hler, director nacional de la ABT y Marcelo Ruiz, director departamental de la ABT, aclararon que la instituci�n no depende del ministro Cocarico, sino del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. K�hler detall� que la ABT de ninguna manera realiza labores de saneamiento, de titulaci�n y de dotaci�n de tierras, que eso es responsabilidad del INRA. �No se puede confundir a la poblaci�n indicando que la ABT tiene que ver con el tr�fico de tierras, eso no es cierto. Nosotros somos los encargados para autorizar los posibles desmontes de comunidades que ya tienen el certificado de titulaci�n que les da el INRA. Nosotros velamos por el manejo racional de los bosques�, precis� K�hler. La m�xima autoridad de la ABT dijo desconocer el caso de los menonitas porque no es de su competencia y en cuanto a los casos de corrupci�n en la ABT, la autoridad explic� que son denunciados ante el Ministerio P�blico. A su vez, Ruiz dijo que la ABT act�a seg�n la informaci�n que le brinda el INRA y nunca antes. �La dotaci�n de tierras fiscales es responsabilidad exclusiva del INRA, ellos realizan el saneamiento y la titulaci�n�, sostuvo Ruiz.
