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Caso Rózsa: Analistas ven uso político e ineficacia en justicia




17/04/2019 - 07:00:08
Correo del Sur.- Han pasado diez años desde el asalto policial, en el hotel cruceño Las Américas, a un supuesto grupo terrorista que pretendía asesinar al presidente Evo Morales y convulsionar al país, según la versión del Gobierno. Hasta el día de hoy, el juicio a los implicados, iniciado en octubre de 2012, no comprobó su hipótesis y para dos analistas, más bien, develó la inoperancia del Órgano Judicial y su uso político para desbaratar a la oposición.

El fiscal del proceso Marcelo Soza, quien tras huir del país denunció que todo fue un montaje del Gobierno, acusó a 39 personas. De éstas, 22 fueron a juicio, cuatro fueron separadas por razones de salud y seis se acogieron al proceso abreviado, según la defensa de uno de los acusados, por "chantajes de libertad por culpa".

Al momento, quedan 12 procesados, hay 17 declarados en rebeldía, de los cuales 16 están en calidad de refugiados y uno fue aprehendido el año pasado.

PROCESO SIN RESULTADOS

Para el analista y constitucionalista, Williams Bascopé, y para el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Julio Egüez, el hecho de que en diez años no se haya comprobado la principal hipótesis del Gobierno, un caso de terrorismo separatista, demuestra la inoperancia del Órgano Judicial y que se trata de un juicio político.

"Cómo, en un proceso judicial de las características tan importantes, la justicia hasta el día de hoy siga dilucidando en juicio, es decir, el Ministerio Público no ha logrado llegar a una sentencia en esta situación. El Poder Judicial lo único que ha mostrado es su inoperancia e ineptidud en casos concretos", afirma Bascopé.

Del inicio del juicio del caso Rózsa pasaron siete años de proceso oral y tres años previos de investigaciones y preparaciones. Por ello, Bascopé afirma que el Órgano Judicial demostró que es uno de los "órganos más ineficientes en Bolivia", porque actuó con lentitud y burocracia.

Por su parte, Egüez denomina a este proceso "sui géneris" porque en todo este tiempo y desde el inicio presentó diversas irregularidades, como la designación de fiscales de La Paz, pese a que el hecho se llevó a cabo en Santa Cruz y correspondía a una autoridad de ese departamento.

"A casi diez años, si (los procesados) hubieran sido los autores de los hechos, ya deberían estar condenados o absueltos, pero nada de eso ha sucedido, excepto de unos cuantos que se han inculpado", explica Egüez. Debido a que en tantos años no se comprobaron los delitos, este juicio ya debió cerrarse, según su criterio.

"Este caso no se ha enmarcado dentro de los procedimientos legales constitucionales que rigen en Bolivia, porque de ser así ya se hubiera extinguido el caso. Se convierte en un juicio violador de los derechos constitucionales. Se convierte en cualquier cosa menos en un juicio", afirma Egüez.

Entretanto, avanza una demanda admitida en 2018 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado boliviano por violación a los derechos humanos durante la intervención policial e investigación del caso. Esa petición está suscrita por Elöd Tóásó y Mario Tadic, antes encarcelados, y que tras seis años obtuvieron su libertad luego de someterse a un juicio abreviado; por la madre de uno de los ejecutados en el Hotel La Américas, Michael Dwayer; y por Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, quienes permanecen detenidos preventivamente hace diez años. Así, el gobierno de Evo Morales enfrenta, por primera vez, la posibilidad de responder ante la justicia internacional por las tres muertes de abril de 2009.

USO POLÍTICO

Tras el proceso de este caso, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) consiguió ganar fuerza en Santa Cruz, donde neutralizó, al menos por algunos años, a la oposición, como al Comité Cívico Pro Santa Cruz, entre otras instituciones.

"Lamentablemente lo que se ha demostrado (con el proceso judicial) es que más bien este caso ha sido una suerte de palanca política para sepultar ciertos liderazgos, desbandar ciertos grupos, pero también mostrar la fuerza del Gobierno", dice Bascopé.

En la misma línea, Egüez considera que se trata de un juicio inconstitucional, debido a que en el proceso no se presentaron las pruebas suficientes, y más bien se vulneraron varios derechos y garantías de los procesados, quienes en su mayoría no cuentan con sentencia.

"Nuestro Código Procesal Penal dice que (tras) tres años sin sentencia ejecutoriada o en primera instancia proceden las medidas sustitutivas y la libertad de los imputados. A mi modo de ver este es un juicio político y no un juicio legal", afirma el jurista cruceño.

Los dos analistas coinciden que este caso es una señal de que el poder judicial boliviano demostró que puede ser utilizado políticamente y que no imparte justicia.

"Lamentamos que hasta hoy día el Gobierno no haya resuelto el caso y lo tenga para amedrentar a las personas, a los cruceños y a la institucionalidad", asevera Egüez.

Tras una década sin que se haya esclarecido el caso da la razón a las personas que creen que éste fue armado por el Gobierno, sostiene Bascopé. "Hay voces que dicen que esto ha sido montado, a medida que pasan los años como no se demuestra (el hecho de terrorismo), la gente va sospechando que este tema haya sido un maquillaje de algo que ha debido ser cierto, pero que más allá haya sido magnificado por el Gobierno", concluye el constitucionalista.

En el MAS piden no olvidar el hecho

La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, dijo que el pueblo no olvida que grupos opositores radicales fomentaron acciones separatistas para dividir Bolivia y acabar con el Gobierno del presidente Evo Morales.

"En Santa Cruz se vivió un proceso violento, no nos olvidemos que patearon a los campesinos en las carreteras, que quemaron la sede de la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, que quemaron los puestos de los comerciantes, que escondieron armas en instalaciones de instituciones privadas. Hay una memoria colectiva al respecto", dijo Salvatierra al pedir celeridad a la justicia.

"Debiera haber mayor celeridad, por parte no solo del Ministerio Público sino también de la propia justicia ordinaria, en la perspectiva de concluir lo antes posible con estos procesos que no pueden quedar en la impunidad, porque ha habido en su momento gente que ha pretendido dividir Bolivia, que han actuado con actitudes claramente separatistas", acotó el senador oficialista Milton Barón.

El ex ministro de la Presidencia, René Martínez, acusó a algunos medios de prensa de pretender "borrar" de la memoria el denominado caso "terrorismo-separatismo".

Tóásó: Todo fue montado

"He sufrido muchas torturas", "todo es montado", "la justicia boliviana es degenerada". Así el húngaro Elöd Tóásórecordó lo que tuvo que pasar durante los últimos diez años por este caso.

El europeo estuvo encarcelado por más de cinco años, y ahora de vuelta en su país sigue buscando justicia, con procesos ante organismos internacionales que resguardan los derechos humanos.

Tóásó fue parte del grupo de Eduardo Rózsa, acusado de terrorismo por el Gobierno, y estuvo en el hotel Las Américas la madrugada del 16 de abril de 2009. El húngaro sobrevivió junto a Mario Tadic.

Aseguró que estaba en el país para realizar una película con Rózsa, y que no tenía interés político. Dijo que junto a Arpad Magyarosi, su amigo que falleció en el hotel, estaban ocupados en fiestas y no les interesaba con quién se reunía Rózsa.

Tóásó sostuvo que existen evidencias de que el Gobierno montó el caso, pero también la oposición montó pruebas. Aseveró que hubo manejos malintencionados de ambos lados.

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