Denuncian al Gobierno por 72 casos en contra de defensores de DDHH y ONG
09/05/2019 - 07:13:33
Correo del Sur.- En representaci�n del Cedib y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el investigador Pablo Villegas present� evidencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las restricciones a la libertad de asociaci�n de las organizaciones de la sociedad civil boliviana, en especial de las organizaciones defensoras de derechos humanos, la reducci�n del espacio c�vico y los recurrentes ataques de los m�s altos funcionarios de Gobierno en contra de quienes critican y se manifiestan en rechazo a sus pol�ticas extractivistas.
El investigador parte del Cedib particip� este mi�rcoles de la audiencia tem�tica: "Derechos Humanos, Desarrollo y Libertad de Asociaci�n" de la CIDH en el marco de su 172 periodo de sesiones que realiza en Kingston- Jamaica.
Durante su exposici�n, VIllegas mostr� preocupantes restricciones respecto del ejercicio del derecho a la libertad de asociaci�n en Bolivia; en particular para las organizaciones defensoras de derechos humanos, como es el caso del Cedib y la APDHB.
Explic� que ambas instituciones, la APDHB y el Cedib, trabajan en defensa de los derechos humanos de defensores del medio ambiente en contextos de industrias extractivas y grandes infraestructuras.
Puntualiz� que por su labor de denuncia de vulneraciones de derechos, entre 2012 y 2014, se dieron 35 diferentes actos de amedrentamiento en contra de organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones ind�genas.
"Los m�s relevantes son la expulsi�n de la ONG danesa IBIS, la toma f�sica de la sede de la Confederaci�n de Pueblos Ind�genas de Bolivia (Cidob) y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), dos de las organizaciones ind�genas m�s importantes del pa�s, y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP)", mencion�.
En todos estos casos dijo que las actividades fueron interrumpidas y las entidades y sus bienes transferidos a personas vinculadas con entidades pro gubernamentales.
Durante el periodo 2015- 2018 cit� que se registraron 37 diversos actos de amedrentamiento, acoso y restricciones a la labor de ONG, organizaciones ind�genas y defensores de Derechos Humanos.
La mayor�a de estos tuvieron lugar en momentos de aprobaci�n de decretos supremos que autorizaban actividades extractivistas como el DS 2298 de consulta previa en actividades hidrocarbur�feras o el DS 2366 de actividades hidrocarbur�feras en �reas protegidas.
"Entre algunos de los hechos m�s preocupantes mencionamos las amenazas de interrupci�n del trabajo de la ONG Caritas, el congelamiento de cuentas del Cedib y los intentos de toma violenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia", precis�.
En los casos del Cedib y la APDHB dijo que estuvieron precedidos de una serie de campa�as p�blicas de desprestigio dirigidos por las m�s altas autoridades del Estado, as� como de represi�n administrativa y restricciones a su normal funcionamiento legal.
El �ltimo se�alamiento del vicepresidente �lvaro Garc�a Linera �dijo Villegas� se dio a trav�s de una nota en un peri�dico de circulaci�n nacional justamente d�as antes de la sesi�n de audiencias de la CIDH en Sucre Bolivia en febrero de este a�o.
Record� que la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en varias oportunidades la obligaci�n de los Estados de abstenerse de promover leyes y pol�ticas de registro de organizaciones de derechos humanos que utilicen definiciones vagas, imprecisas y amplias respecto de los motivos leg�timos para restringir sus posibilidades de conformaci�n y funcionamiento.
"Y sin embargo en Bolivia persisten normas, como la Ley 351 de 2013 que con definiciones vagas e imprecisas establece medidas desproporcionadas e injustificadas para obstaculizar el trabajo de las organizaciones defensoras. As�, por ejemplo, en 2015, 38 ONG fueron se�aladas de "irregulares" por el Director Jur�dico del Ministerio de Autonom�as, acci�n que afect� hasta el presente su normal desempe�o", cit�.
Villegas dijo que el Comit� de Derechos Humanos, dentro del examen realizado al Estado boliviano en el marco de la supervisi�n del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, en relaci�n a la Ley 351 y su reglamento se�al� que "debe modificar la normativa que regula la personalidad jur�dica de ONG para eliminar los requisitos que restrinjan de manera desproporcionada la capacidad de las ONG, de operar de manera libre, independiente y efectiva.