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Ilegal dotación de tierras del INRA en San José




19/05/2019 - 09:21:55
El D�a.- El predio San Panuma de 4.529 hect�reas, ubicado a 100 kil�metros de San Jos� de Chiquitos, cuya propiedad perteneciente a la empresa Lagro y m�s tarde Coliagro, que fue incautado el 27 de julio de 2013 por el caso del estadounidense Jacob Ostreicher, hoy se encuentra no solo ocupado por supuestas comunidades campesinas, sino objeto de desmantelamiento total del campamento, p�rdida de maquinarias agr�colas, producci�n y tr�fico de tierras, propiciado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

San Panuma, tal como estableci� El D�a en su visita al lugar, se encuentra convertida en tres comunidades: Los Cedros I, Los Cedros II y Cedritos, como efecto de la orden de asentamiento propiciado por el INRA, desde el pasado 16 de mayo de 2018, donde hoy, seg�n los ocupantes, se encuentran viviendo 90 familias.

Edil �vila, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Asalariados del Campo de la empresa Coliagro, inform� que hasta antes de esa fecha, esos predios estaban custodiados por m�s 35 familias de trabajadores de dicha empresa, en calidad de depositarios legalmente constituidos. En el lugar estaban los del sindicato, estaban produciendo soya, sorgo y s�samo, adem�s de la crianza de 15 animales bovinos de alta gen�tica.

"Nosotros velamos los beneficios sociales y en calidad de depositarios estuvimos en este lugar produciendo soya, sorgo y s�samos, hasta que un d�a llegaron los se�ores del INRA. Sin notificaci�n y sin darnos tiempo para siquiera sacar nuestras herramientas y maquinarias, nos desalojaron", denuncia �vila.

Dicho predio forma parte de una de las siete extensas propiedades que hacen en total m�s de 30.000 hect�reas al constituir la empresa Lagro y luego con la intervenci�n de Jacob Ostreicher, socio minoritario, se modifica el nombre a Coliagro. El 27 de julio de 2013, por orden judicial fueron incautadas a la empresa Coliagro, por supuesto enriquecimiento il�cito y lavado de d�lares en el bullado caso Ostreicher.

Una historia por contar. Seg�n Alvaro La Torre, abogado del Sindicato de Trabajadores de Coliagro, dichos predios fueron adquiridos el a�o 2007 por un grupo de inversionistas de capitales suizos. La inversi�n total alcanz� al menos 23 millones de d�lares, cuyos recursos ingresaron al pa�s v�a las entidades financieras reguladas por el Estado, lograron la adquisici�n de los siete predios, la misma fue hecha por Claudia Liliana Rodr�guez Espitia y su socio Andr� Zolty, de cuya inversi�n tuvo participaci�n Ostreicher, como accionista minoritario con solo 3 millones de d�lares de inversi�n.

Sin embargo, el 2011, Ostreicher, el inversionista menor del grupo, como reflej� en contacto con El D�a el abogado La Torre, por diferencias internas con sus socios y en especial con Rodr�guez Espitia, toma posesi�n de San Panuma "de forma irregular" y en ausencia de la citada copropietaria.

Pese a estar incautada, el s�bdito estadounidense vende a un desconocido de nombre Edil Rojas. "Este se�or sembr� y se posesion� en la propiedad; despu�s de varios procesos penales, agroambientales, entre otros recursos interpuestos, Rodr�guez logr� recuperar la posesi�n de la propiedad", narra La Torre. Lo contundente es, revela en contacto con El D�a, la propia Rodr�guez Espitia, que es absolutamente falso que Ostreicher haya sido due�o de todas las propiedades o �l que hubiera invertido.

Dicho grupo de inversionistas, se�ala La Torre, trajo su capital de 23 millones de d�lares al pa�s, v�a las entidades bancarias de manera muy transparente. En ese �mbito, Rodr�guez Espitia es la que realiza, como una de las socias del grupo, la compra de las propiedades, maquinarias, pago de empresas de desmontes, servicios, agroqu�micos, en fin.

Seg�n documentaci�n al que tuvo acceso El D�a, se da cuenta que los recursos fueron enviados desde Suiza por Andr� Zolty, quien remite mediante giros bancarios, que ten�a como origen el banco UBS (uno de los cinco bancos m�s grandes del mundo), estas operaciones fueron examinadas por cada uno de los bancos que intervienen en el env�o de este dinero, pasando por el Banco Central de Suiza, La C�mara de Compensaci�n de la Reserva Federal Americana, posteriormente el Banco Central de Bolivia y finalmente las entidades financieras del pa�s como destinatario final como son el Banco Cr�dito del Per� (BCP), Banco Ganadero y el Bisa.

En ese �mbito, el estadounidense Ostreicher, como el inversionista menor, remarca La Torre, al ver la magnitud del desplazamiento de las inversiones, la creaci�n de varias empresas: Lagro, Agrocol y La Colina, por angurrias de poder en el grupo y ambiciones personales, opt� por quedarse con el negocio.

Adem�s, aprovechando la ausencia de la socia, el s�bdito norteamericano busca hostigar, molestando a los trabajadores y mostrando a Rodr�guez Espitia como una imagen negativa para la empresa y una posici�n contraria a los trabajadores. "Su objetivo, era cansar y molestar a los trabajadores para que nadie declare en su contra y busca hacerse de la empresa", se�ala.

En ese inter�n, la compra de una propiedad por parte de Rodr�guez Espitia a Maximiliano Dorado, por entonces buscado y con solicitud de extradici�n por el gobierno de Brasil desde 2004, por su relaci�n con el narcotr�fico, fue el argumento que apresur� la apertura del proceso del caso Ostreicher y la detenci�n de Rodr�guez Espitia, luego de una audiencia cautelar el 12 de mayo del a�o 2011.

Todos esos hechos, derivaron m�s tarde, en julio de 2013 en la incautaci�n de grandes extensiones de tierras ubicadas en la jurisdicci�n de Ascensi�n de Guarayos y San Jos� de Chiquitos, que por entonces se lo consider� como tierras del empresario Ostreicher. Lo cual, seg�n La Torre, siguen siendo del grupo de inversionistas suizos.

El proceso ilegal de reversi�n. San Panuma, hoy Cedros I, Cedros II y Cedritos, el 2011 estaba a nombre de Rodr�guez Espitia, pero la posesi�n en el lugar por parte de Ostreicher dur� entre el 2011-2013.

Incluso el 16 de junio 2011, la Sala Penal de Santa Cruz de los jueces Ala�n N��ez y Edita Pedraza, ratificaron un fallo anterior, en el que se menciona que toda las propiedad de Claudia Rodr�guez pasan a disposici�n de Dircabi, pero quedando como custodios los trabajadores de Coliagro, informa el abogado La Torre.

"Cuando el gringo fug�, la misma fue invadida o quiz� vendida de forma irregular por Ostreicher a un sujeto Edil Rojas. Ese periodo se llevaron rastras, niveladoras, fumigadoras, tractores, en fin. Pero a partir de 2014 el sindicato de manera consciente estuvo a cargo de la propiedad", remarca La Torre.

A decir de �vila, dirigente de los trabajadores, cuando en ese periodo se hab�an desplazado al menos 1.500 hect�reas muy bien trabajadas, es cuando se registra el 16 de mayo de 2018, el proceso de desalojo y secuestro de todo el equipamiento en el lugar por parte del INRA.

La acci�n fue ejecutada con una resoluci�n de reversi�n del INRA urdida y en concomitancia con Derechos Reales, donde se anula el registro de propiedad existente hasta ese momento y creando uno nuevo a nombre del INRA.

La Torre denuncia que el INRA, cuyo director nacional, Julio Urapotina, dict� la reversi�n sin notificar a la propietaria Rodr�guez Espitia. "Lo m�s grosero fue que la resoluci�n del INRA de forma mentirosa indica haber notificado a Claudia Liliana Rodr�guez Espitia en la persona de su apoderado Jacob Ostreicher", remarca el abogado. Por entonces, la m�xima autoridad de tierras "determin� que todas las maquinarias queden secuestradas de forma irregular e ilegal, incluso esos comunarios casi nos linchan", precisa �vila.

Otro aspecto doloso es que en el momento del desalojo participan Sim�n Apata, seg�n �vila y La Torre, es un conocido avasallador de tierras; Hugo Gregorio Estrada Velasco, reconocido estafador en complicidad del dirigente la Federaci�n �nica de Trabajadores Campesinos, Ignacio Velarde. El D�a en procura de conocer la versi�n de las personas aludidas, trat� de contactarse, las mismas no fueron habidas.

"Lo que cuestionamos es el mal accionar del INRA, que tuvo la mala fe donde anulan el registro de propiedad en Derechos Reales y hacen uno nuevo pero a nombre del INRA, m�s a�n cuando yo tengo el alodial original de estas tierras", argumenta �vila.

Entonces el sindicato, seg�n la denuncia, apunta a los funcionarios del INRA que actuaron a la cabeza del abogado de dicha instituci�n, C�sar Octavio Coronado L�pez, avalados por el Dr. Gustavo Arellano (asesor legal) y enviados por memor�ndum del Director Departamental del INRA, el Dr. Sergio Iman�.

El D�a busc� infructuosamente a dichas autoridades. Desde la direcci�n departamental una funcionaria respondi� indicando que dichas autoridades no est�n autorizadas para responder esos temas. Es m�s, el INRA nacional, actualmente no cuenta con director, luego de la renuncia de Juan Carlos Le�n.

Los nuevos comunarios salieron al paso

El D�a, en su visita a Los Cedros I, en el campamento ubicado a 50 kil�metros de San Jos� de Chiquitos, se contact� con los nuevos asentados. Si bien no fue posible encontrar a los principales dirigentes que encabezaron el desalojo el 16 de mayo de 2018, los ocupantes presentes en el lugar salieron al paso al decir que todo lo que se dice "es una gran mentira". Con papeles en mano, mostraron el registro en Derechos Reales de la propiedad San Panuma ahora con nombre de Cedros I, Cedros II y Cedritos a nombre del INRA.

"Aqu� est� claro el documento. Estas tierras fueron incautados, pero con el tiempo ha sido registradas a nombre del INRA y desde ah� la autoridad, con el director Sergio Iman�, nos han dotado a 90 familias divididos en tres comunidades", se�al� Genaro Condori, natural de provincia Pacajes de La Paz.

A su vez, Elizabeth Yucra justific� que por necesidad fueron beneficiados con la dotaci�n al ser necesitados de la tierra. "Todos los procesos son diferentes. El Estado ha actuado de manera seria y por eso estamos aqu� con plena facultad y con dotaci�n legal desde el Estado", finaliz�.

Lo que se ve se anota

Dos banderas al ingreso. Al arribar a la propiedad San Panuma de San Jos�, en el ingreso lucen dos banderas y al lado un cartel de bienvenida que dice comunidad campesina de Los Cedros. A partir de ah� se configura una extensa planicie de desmontes, escaso trabajo, algunos desplazamientos de actividad agr�cola, pero un abandono notorio de los trabajos de campo.

Maquinarias en deterioro. Maquinaria agr�cola de distinta �ndole y de todo tipo de uso se encuentra en estado de deterioro y desmantelamiento en el predio Cedros I, la situaci�n no es diferente en el resto. En dicho campamento se pudo localizar solo unas 15 familias de ocupantes que ante el requerimiento de El D�a, solo atinaron a decir que producen ma�z y algo de soya.

Sembrad�os en manos de otros. Edil �vila, vicepresidente de los trabajadores de San Panuma, muestra la poca actividad en la zona y en gran parte de ellas alquiladas a terceras personas, como en este caso, a productores soyeros de la colonia menonita asentada en toda la zona. El dirgente muestra que gran parte del predio ha sido adjudicado a terceras personas.

Realidad y contraste. Otro de los matices, es la condici�n precaria en la que se traslad� a mucha gente campesina llevada, en algunos casos motivadas por falsas expectativas. En algunos casos solo para tener presencia en el lugar, a la espera que la dotaci�n sea efectiva con el parcelamiento de las tierras, lo cual a�n sigue pendiente para esas familias que a�n no terminan de adaptarse en la zona.

A lo largo del camino. En el recorrido hacia San Panuma de San Jos�, El D�a pudo verificar m�s de un asentamiento de peque�as familias en medio del monte con precarias viviendas y brindando servicios de sobrevivencia de familias trasladadas desde el occidente del pa�s, pero sin el acompa�amiento de programas o proyectos agr�colas de largo alcance en la zona.

Control de peaje en cada paso. San Jos� de Chiquitos es un municipio, seg�n sus autoridades, atacado en los �ltimos a�os por cientos de asentamientos humanos, cuyas propiedades con a�os de vigencia en la zona no hallan otro modo de sostener sus v�as de acceso con la instalaci�n de puestos de control y cobro de peaje rural para el mantenimiento de sus caminos.

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