Gobierno dotó fuera de norma al menos un millón de hectáreas
16/06/2019 - 08:34:34
P�gina Siete.- El Gobierno dot� de forma irregular o fuera de norma al menos un mill�n de hect�reas, de modo que los procesos de dotaci�n de tierras fiscales con resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a partir de 2017, son nulos de pleno derecho a escala nacional, como consta en las denuncias presentadas por colonias y comunidades afectadas en Santa Cruz.
�Tenemos conflictos en Robor�, San Rafael y San Miguel que podr�an haberse evitado si el INRA cumpl�a la formalidad jur�dica de dotaci�n de tierras que ha pasado por alto. El INRA ha empezado a distribuir tierras fiscales donde ahora se dan cuenta que hay �reas de reserva municipal forestal, �reas protegidas a nivel municipal, �reas de protecci�n�, declar� el abogado Mauricio Rojas Orellano, quien representa a varios de los afectados.
El formalismo jur�dico al que se refiri� el jurista consiste en los procedimientos que se debe cumplir para dotar o adjudicar tierras fiscales en todo el pa�s.
Los procesos de dotaci�n de tierras son atribuci�n del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuya Ley 1715, art�culo 6 (estructura org�nica), se establece que el servicio est� compuesto por el Presidente del Estado, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la Comisi�n Agraria Nacional y el INRA; los tres primeros, responsables de la elaboraci�n de pol�ticas, y el cuarto como ente ejecutor.
Sin embargo, desde 2017 el INRA comenz� a emitir resoluciones para la dotaci�n de tierras sin seguir la v�a que establece la ley, ya que no llev� los casos a consulta ante la Comisi�n Agraria Nacional, representada en cada regi�n por la Comisi�n Agraria Departamental (CAD).
�Cuando se hace un proceso de distribuci�n de tierras o de dotaci�n, la ley establece, junto con el reglamento agrario, que el INRA tiene que dar a conocer estos procesos a la CAD, sobre d�nde se est� distribuyendo la tierra�, afirm� el abogado.
Sin embargo, desde hace dos a�os el INRA dej� de informar a las CAD sobre las solicitudes de resoluci�n que tramitaba, y procedi� a dotar las tierras en diferentes lugares del pa�s, con mayor frecuencia en Santa Cruz.
En c�lculos de las partes afectadas, en este lapso se emitieron al menos 200 resoluciones de dotaci�n con superficies para asentamientos que iban desde 50 familias, que en suma dan por lo menos 800 mil hect�reas s�lo en el departamento cruce�o, y otras 200 mil en otras regiones.
�En Santa Cruz hay m�s de 200 resoluciones de dotaci�n de tierras. Estamos hablando de f�cilmente unas 800 mil hect�reas�, manifest� el jurista.
P�gina Siete envi� un cuestionario al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con nueve preguntas sobre la denuncia de las colonias afectadas por la dotaci�n irregular de tierras.
En esa cartera de Estado se inform� que el cuestionario fue remitido a funcionarios del INRA, para que den respuesta a la solicitud, pero hasta el cierre de esta edici�n no dieron su versi�n.
�Desde que ha asumido el ministro (C�sar) Cocarico, se tom� la decisi�n de que no se manda (las solicitudes de dotaci�n a las CAD) bajo el argumento de que, en Santa Cruz, el gobernador es de oposici�n, se va a oponer a los procesos de distribuci�n de tierras y no tienen por qu� dar a conocer ni pedir permiso a las gobernaciones, porque la administraci�n de las tierras es atribuci�n del nivel central del Estado, pero para la administraci�n de tierras, este nivel tiene cuatro componentes�, explic� Rojas.
En cada departamento, el presidente de la CAD es el gobernador de la regi�n. A �ste se suman el secretario permanente (director departamental del INRA), las organizaciones sociales, los campesinos e interculturales, entre otros, que deben sesionar para decidir sobre una solicitud de resoluci�n de dotaci�n.
El abogado Rojas present� hace dos meses requerimientos para que la CAD cruce�a se manifieste sobre la dotaci�n irregular en la regi�n, por lo que el gobernador Rub�n Costas convoc� a las entidades de la comisi�n, que no acudieron al llamado de la autoridad y emitieron un pronunciamiento contra la comisi�n.
La Federaci�n Sindical �nica de Trabajadores Ind�gena Originario Campesino Regional Gran Chiquitan�a comunic� que expresaba su �rechazo a la convocatoria de la Comisi�n Agraria Departamental�, seg�n el documento del 3 de junio pasado.
Rojas precis� que en muchos de los casos de dotaci�n irregular los beneficiarios ya tomaron posesi�n de la tierra, pero que hay varias resoluciones que no llegaron a ejecutarse en los hechos, porque las mismas comunas due�as de las hect�reas se resistieron a los asentamientos.
Punto de vista
Gonzalo Colque, experto Fundaci�n Tierra
�El INRA tiene que cumplir la Ley de Tierras�
El INRA no tiene capacidad de desconocer a los Consejos Agrarios Departamentales, m�s bien, los consejos est�n creados por varios sectores que tienen que definir las grandes pol�ticas de la tenencia de tierras en el pa�s.
Desde hace unos 12 a�os esto no ha funcionado a nivel nacional ni a nivel departamental, no han convocado las autoridades llamadas para el funcionamiento de estos consejos.
El INRA es una instancia t�cnica y operativa, que tiene que cumplir los mandatos de la ley de tierras, pero a falta de ese control, el INRA ha hecho trabajos bastante arbitrarios.
El INRA debe transparentar la informaci�n para no generar estos conflictos, se habla de que en Santa Cruz existen entre 1.000 y 2.000 comunidades con autorizaciones de asentamiento y ni siquiera los alcaldes de los municipios donde est�n esas tierras fiscales conocen de estos procesos.
El actual Viceministro de tierras (Juan Carlos Le�n) ha se�alado que ha iniciado procesos legales contra 100 funcionarios del INRA sobre tr�fico de tierras. Entonces, el tema es de conocimiento general, existe un problema muy grande de tr�fico, de corrupci�n en la titulaci�n de tierras en el pa�s.
Lo que tienen que hacer (los funcionarios del INRA) es suspender la otorgaci�n de estas autorizaciones arbitrarias y fiscalizar, auditar e intervenir el INRA, porque no est� cumpliendo con las grandes pol�ticas de distribuci�n equitativa de tierra en el pa�s.
