Procuraduría niega persecución política a exministro Echazú

El procurador general del Estado, César Siles, rechazó las denuncias de persecución política al exministro de Minería y exgerente Nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú, y remarcó que el Ministerio Público ya cuenta con los indicios de presunta autoría en tres delitos.

“Totalmente en desacuerdo en esa aseveración (de persecución), es un caso que sin duda tiene que ser investigado por el Ministerio Público, pero que tiene la suficiente evidencia de autoría, prueba de ello es que en la audiencia de medidas cautelares del señor Echazú, el juez dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva”, dijo la autoridad.

La tarde del martes, el juez sexto anticorrupción de La Paz, Iván Córdova, determinó la detención domiciliaria de Echazú, además del pago de una fianza de Bs 35.000.

“Se acreditó la autoría posible del señor Echazú, recordemos que él era gerente nacional de Recursos Evaporíticos entre el 2010 y el 2017, era la máxima autoridad ejecutiva, era quien firmó los contratos, era quien tomaba las decisiones en este caso”, explicó Siles.

El exministro fue imputado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, por la denuncia de irregularidades en el desarrollo de la industria del litio.
Según el Procurador, se optó por una detención domiciliaria por la edad y la salud de Echazú.

“Sin duda será todavía investigado y tendremos seguramente novedades en las próximas semanas o meses de acuerdo a lo que dure la etapa preparatoria de investigación", explicó.

En 2021, YLB identificó irregularidades técnicas en el proyecto de construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio desde su diseño, que no incluía la puesta en marcha ni la provisión de agua de proceso.

Son al menos 18 piscinas de evaporación que debían proveer materia prima a la planta industrial, pero quedaron inoperables a causa de los materiales usados y un mal manejo, según una auditoría.

Tras un proceso de investigación especializada se estableció un daño económico al Estado superior a los Bs 425 millones.