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- 2025-12-08
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ERBOL.- Los acusados por el atentado armado contra una caravana de periodistas y civiles en la propiedad Las Londras, en Guarayos, lograron paralizar el juicio oral al presentar un recurso de declinatoria de competencia que cuestiona la jurisdicción del tribunal ordinario.
La segunda audiencia del juicio debía instalarse este martes en el Tribunal Primero de Sentencia de Concepción, después de una prolongada espera desde los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2021, cuando un grupo armado retuvo, torturó y amenazó de muerte a 17 personas, entre ellas siete periodistas. Sin embargo, el proceso fue suspendido tras la presentación de un recurso por parte de la defensa de los imputados, que sostiene que el caso debe ser tratado por la jurisdicción indígena originaria campesina.
Una maniobra dilatoria sin precedentes
Roberto Méndez, asesor jurídico de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, denunció la maniobra como una “chicanería jurídica” destinada a postergar indefinidamente el juicio. “La ley 073 que regula la justicia indígena originaria campesina es clara: no tiene competencia sobre delitos contra la vida, como tentativa de asesinato, secuestro o tortura. Además, los hechos no ocurrieron en una comunidad indígena y las víctimas no pertenecen a una”, explicó.
A pesar de ello, un tribunal de justicia originaria habría aceptado la demanda de los acusados, permitiéndoles presentar la declinatoria e inhibiendo de momento al tribunal de Concepción. Según Méndez, ahora el caso deberá ser remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que podría paralizar el proceso por meses.
Un llamado urgente al Tribunal Constitucional
Tanto la defensa y los gremios de las víctimas como la Fiscalía exigen que el Tribunal Constitucional actúe con celeridad y devuelva la causa al tribunal ordinario, para que el proceso continúe y se evite que el caso quede en la impunidad. “Este juicio representa mucho más que un proceso penal; es un símbolo de la lucha contra la violencia hacia periodistas y la necesidad de garantizar justicia y protección para quienes ejercen este oficio”, afirmó Méndez.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) protestó por las maniobras dilatorias y anunció que no cesará en la exigencia de que se haga justicia y se sancione a los responsables del grave ataque contra periodistas para sentar un precedente contra la impunidad.