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Gobierno inicia persecución a la prensa


25/08/2012 - 00:28:16

Siguiendo los pasos de Ecuador, el gobierno boliviano ha iniciado un proceso en contra de una agencia de noticias y dos diarios nacionales por supuesto racismo tras las declaraciones del presidente Evo Morales.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) condenó este viernes el juicio instaurado por el gobierno contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos “El Diario” y “Página Siete” por una supuesta distorsión de las declaraciones del presidente Evo Morales y pide resolver el tema en el marco de la Ley de Imprenta.

“La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresa su protesta enérgica por la decisión gubernamental de instaurar querella contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos ‘El Diario’ y ‘Página Siete’ por el presunto delito de ‘Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación’, en el marco de la Ley No 045, de 8 de octubre de 2010, y en base al Código de Procedimiento Penal”, se lee en el pronunciamiento de la entidad.

El documento hace referencia al artículo 107, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, que dice: “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de  comunicación y su Ley”.

La ANP recuerda que está en plena vigencia la Ley de Imprenta, tal como lo reconoció el presidente Evo Morales en reunión con dirigentes de las organizaciones de Prensa y Periodistas el 15 de febrero del presente año. “En esa ocasión, el  propio presidente del Estado descartó cualquier modificación de la norma o la creación de otra destinada a regular el trabajo de los medios”, agrega.
 
De la misma manera, sostiene el pronunciamiento, están en plena vigencia y funcionamiento los mecanismos encargados de velar por el cumplimiento de las normas éticas institucionales y empresariales, así como los mecanismos de autorregulación.

Sin embargo y tras los anuncios iniciales de “querella criminal” de los señores ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Comunicación, Amanda Dávila, contra la Agencia de Noticias Fides, hoy hemos sido sorprendidos por otro recurso legal del Ministro de la Presidencia, mediante su representante legal, que acude al artículo 281 del Código Penal para emplear la figura de la “difusión e incitación al racismo”, agrega.
 
“Toda vez que está vigente el compromiso presidencial de respeto a las normas legales que regulan las actividades de los medios de Prensa así como los mecanismos de ética y autorregulación reconocidos legalmente –indica el comunicado– resulta ilógica la actuación de algunos niveles gubernamentales que intentan condenar a los medios independientes atribuyéndose funciones que no les corresponde”.

“La ANP mantiene su posición invariable, defendida incluso en las calles y en foros nacionales e internacionales, de respeto a la Ley de Imprenta. Es bajo esa norma que deben resolverse las diferencias de enfoque e interpretación respecto a la difusión en los medios del discurso del señor Presidente”, añade el documento.

Reiteramos nuestra solidaridad y defensa de los medios de comunicación, dice, bajo las libertades constitucionales que deben guiar las actuaciones de autoridades, ciudadanos e instituciones, en un clima de saludable democracia.

POSICIÓN DE PÁGINA SIETE

"En primer lugar, un juicio penal contra Página Siete u otros medios no corresponde porque están vigentes en el país la Ley de Imprenta y, en la CPE, la autorregulación periodística. En segundo lugar, en el caso de Página Siete, el titular en cuestión refleja el contenido de un despacho de ANF que reprodujo las declaraciones del Presidente. Un periodista sintetiza ideas en los titulares, por razones de espacio, y eso es lo que hizo Página Siete; no hay error en ello, de ninguna manera ", dijo el director de Página Siete, Raúl Peñaranda.

El director de Página Siete explicó que "Este es un juicio sin sentido que lo que busca es amedrentar a los medios independientes y limitar la libertad de expresión".

QUIEREN INTIMIDAR A LA PRENSA

ERBOL.- La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, y el exDefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, coincidieron en afirmar que el gobierno de Evo Morales pretende “intimidar” el trabajo de la prensa y “coartar la libertad de expresión” de la población con el anuncio de procesos judiciales a tres medios.

Según los criterios expuestos por Herrera, los argumentos del Viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso, quien confirmó el inicio del proceso contra El Diario, Página siete y la ANF, carecen de fundamento y se constituirían en un negativo antecedente para la libertad de información a la que la población debe acceder.

“Mientras no se sustenten, de manera trasparente y clara, las demandas que se están planteando, uno puede considera que se está intimidando y atentando contra la libertad de expresión (…) La ciudadanía requiere voces diversas, no una sola línea”, expuso la titular de DDHH.

Por su parte, Albarracín cuestionó que el proceso tenga carácter jurídico y no ético, aspecto que calificó de “irrisorio” por considerar que el gobierno utilizará el control judicial del que goza para direccionar el proceso a su favor. “De haber apelado a un Tribunal de Honor no tendría el mismo efecto porque no lo controlarían”, aseguró.

“(El gobierno) acude al expediente de la justicia ordinaria porque sabe que a los jueces los puede utilizar como empleados y sabe que en el fondo cualquier decisión judicial se va a redactar en las instancias gubernamentales (…) Obviamente si acuden ante un Tribunal de Honor, los miembros de esa instancia ética van a actuar con imparcialidad”, sostuvo.

REPERCUSIÓN INTERNACIONAL

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó el pasado miércoles su preocupación por el anuncio y destacó que la Declaración de Chapultepec señala que "ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad".

El sacerdote jesuita José Gramunt de Moragas, director de la ANF, que difundió la noticia, lamentó esta semana en una columna la reacción del Gobierno y le acusó de pretender "matar al mensajero". "En este caso, el mensaje confuso lo dio el señor Presidente; ANF no hizo otra cosa que transmitir el mensaje", dijo y agregó que su medio hace periodismo y no campaña para desprestigiar a Morales.

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, sostuvo hoy que están asombrados por la denuncia porque "es absolutamente contraria al marco legal" y aseguró que los informadores se declaran en "un estado de alerta permanente". "Esto es una clarísima señal para amedrentar a la prensa para que se autocensure. Es terriblemente peligroso en un régimen democrático porque sin opinión pública, sin libre flujo de información (...) la democracia no tiene sentido", sostuvo a los medios.

Explicó que la Ley de Imprenta señala que si un funcionario público se ve afectado por una publicación debe defenderse usando esta norma que establece mecanismos y jurados especiales y solo si el demandante es un particular puede usar la vía penal. En cambio, el Gobierno justifica que se trata de "un delito de orden público" y no corresponde aplicar la ley de Imprenta, sino el Código Penal.

MORDAZA A LA PRENSA

El diputado de Convergencia Nacional, Tomas Monasterio, señaló hoy en relación  a la demanda del gobierno contra ANF, Página Siete y El Diario, que en el marco que regula el periodismo en Bolivia el gobierno está obligado a acudir a los tribunales de ética y respetar la Ley de Imprenta.
 
“La denuncia se la debe remitir al tribunal nacional de ética como manda la ley de imprenta para evaluar si estos medios incurrieron en error y así también a los organismos de prensa internacional para exhortar su inmediata intervención sobre este hecho concreto”, afirmó el parlamentario.
 
En ese marco, el legislador dijo que no se debe poner mordaza a los medios de comunicación que cumplen con su labor de informar a la población, sino a los radicales incendiarios que mediáticamente discriminan, dividen incitando a la confrontación y el odio en el país.
 
SIGUIENDO A LA ALBA

La diputada de Convergencia Nacional, Alejandra Prado, refiriéndose al anuncio del gobierno que decidió querellarse por los delitos de difusión e incitación al racismo o la discriminación contra los medios de comunicación Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos Página Siete y El Diario,  criticó que el gobierno siga el ejemplo de países del Alba como Ecuador y Venezuela en su persecución política contra la prensa.

“Es muy lamentable que se esté siguiendo el ejemplo de países del Alba tales como ecuador y Venezuela en una persecución a los medios donde la libertad de prensa se está viendo cada día más amenazada”, acotó Prado.

La legisladora también reprochó que sea un ex oficial Mayor de la Cámara de Diputados, Javier Baldivieso, ahora viceministro de Coordinación Gubernamental, quien este llevando adelante este proceso contra los tres medios. “Es lamentable el reacomodo de las personas en distintas funciones de gobierno, más aún en un ex Oficial Mayor a viceministro que ahora se querella contra los medios”.

Para la diputada Prado, el viceministro Baldivieso sufre de una confusión al igual que el Movimiento al Socialismo (MAS) en cómo tratar de llevar desde un adjetivo que lo lanza el propio presidente Morales para estrellarse contra los medios y que sean éstos los racistas.

“Es inexplicable desde un punto de vista lógico, pero que en la lógica del viceministro todo se traduce en tergiversaciones e interpretaciones a su gusto y cuando la sociedad no entiende es porque la oposición y la sociedad en sí, no han sabido entender sus interpretaciones de la realidad”, afirmó.
 
En ese contexto, la legisladora dijo que la demanda contra los tres medios no se enmarca en una figura legal, pues los mismos han reflejado una declaración taxativa y expresa del presidente Morales que no ha variado en la utilización del adjetivo.

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Artículo 16.(Medios masivos de comunicación)
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