Pena de cárcel contra uso de dinamita en manifestaciones

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunci� el s�bado pena de c�rcel para quienes manipulen explosivos en las manifestaciones p�blicas, tras la muerte de un minero, por detonaci�n de dinamita, en la ciudad de La Paz, el pasado martes.

    "Las sanciones podr�n variar. Si ese tipo de explosivos genera muertes habr� que aplicar la m�xima sanci�n prevista en el ordenamiento jur�dico boliviano, que es la pena privativa de libertad sin derecho a indulto por 30 a�os", dijo en una conferencia de prensa.

    Romero dej� en claro que el ejercicio del derecho a la movilizaci�n pac�fica queda plenamente garantizado siempre que no afecte derechos de terceros.

    "Nuestro ordenamiento  jur�dico constitucional, que son las reglas de convivencia colectiva, ha privilegiado como m�ximo bien jur�dico de protecci�n estatal la vida de las personas", complement�.

    El Ministro de Gobierno adelant� que el proyecto de decreto supremo de prohibici�n del uso de explosivos, armas y otros materiales que causen da�os en el cuerpo, la salud o bienes ser� analizado el pr�ximo lunes en el Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social, responsable de coordinar las pol�ticas nacionales de desarrollo.

    "Esperemos la aprobaci�n de este decreto supremo en el gabinete ministerial la pr�xima semana. Ya la manifestaci�n de dinamitas y otros explosivos y sustancias que se han visto en las movilizaciones el �ltimo tiempo va a constituir un delito com�n que deber� ser sancionado por el estado boliviano", recalc�.

    El pasado martes el minero H�ctor Choque Guti�rrez falleci� por la explosi�n de una dinamita en la sede de la Federaci�n Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), que fue blanco de una ruidosa manifestaci�n del sector minero cooperativista.

    La Federaci�n Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) respalda a los mineros asalariados de Colquiri y exige la nacionalizaci�n del cien por cien de esa mina, rica en esta�o, plata y zinc, mientras que los cooperativistas demandan el cumplimiento de un decreto que les asigna un �rea de trabajo en ese yacimiento.