25/11/2015 - 07:25:51
LOS TIEMPOS.- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró ayer su propuesta de instalar cámaras en los juzgados para evitar hechos de corrupción y extorsión a los litigantes por parte de los operadores de justicia y aseguró que esta acción no vulnera la privacidad de los jueces porque no estarán en sus domicilios particulares.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces de Bolivia (Amabol), Wilfredo Muñoz, dijo que la grabación continua significaría la vulneración del derecho a la privacidad que está incluido en la Constitución Política del Estado.

Romero dijo que se instalarían cámaras de vigilancia en los juzgados con el objetivo de resguardar las garantías de los ciudadanos bolivianos para ejercer sus derechos. Esto después que se develara un video en el que se observa a dos jueces anticorrupción, un fiscal y una secretaria extorsionando por 15 mil dólares a una madre para favorecer a su hijo acusado de violación.

“Seguramente vamos a tener alguna reunión pero desde nuestro punto de vista no hay invasión a la privacidad, porque no estamos instalando cámaras en los domicilios particulares de las personas”, señaló Romero.

Sin embargo, en la CPE existen varios artículos que establecen el derecho a la privacidad como son los artículos 21 y 25, mientras que el 130 y 131 hacen referencia a la Acción de Protección de Privacidad.

Muñoz puso en duda los resultados de la instalación de cámaras, porque las personas que tienen la intención de actuar de manera incorrecta evitarán ser grabados y podrían hacerlo en otro lugar. “Hay una propuesta del Consejo de la Magistratura de que las cámaras servirían para grabar las audiencias, pero el fin es netamente procesal”, indicó.

Al consultarle que si se vulneraría la privacidad de las personas, al instalar cámaras en todos los juzgados, respondió que “lógico, claro que sí”.

La consejera del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, dijo que muchos jueces tienen oficinas particulares y son en esos lugares donde realizan estos cobros irregulares.

Vigilancia encubierta

El viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, informó ayer que se desplegaron a 16 agentes de inteligencia en diferentes juzgados de Oruro y Santa Cruz con el fin de identificar a los jueces y fiscales corruptos.

“Nuestro trabajo como Viceministerio de Régimen Interior es velar por la seguridad interna en el Estado boliviano pero cuando los jueces, fiscales y otras autoridades judiciales no administran correctamente la justicia crean un estado de inseguridad ciudadana e inseguridad jurídica, frente a ello nos corresponde actuar”, dijo Elío.

“Estos policías actuarán en los nueve departamentos. Empezó en Santa Cruz con los temas de avasallamientos porque existen indicios de un consorcio de jueces, abogados y fiscales que ha hecho de la extorsión todo un modus operandi”, señaló. En Oruro se enfocan en el tema de robo de minerales, ya que existirían redes de corrupción.