28/08/2016 - 10:03:42
EL DEBER.- La Ley Minera 535, pactada entre la dirigencia cooperativista minera y el Gobierno en 2014, consolidó un régimen de excepción en beneficio de este sector, que, entre otros, incluye una política laboral especial que niega los derechos laborales a los trabajadores de este sector, afirma el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

El análisis del pliego de los cooperativistas realizado por los investigadores Marco Gandarillas, Georgina Jiménez y Pablo Villegas, titulado Tomar por asalto al Estado, advierte de la ley posibilitó la ampliación de las actividades mineras de forma irrestricta, sin ningún tipo de límites y le permitió a las cooperativas el acceso a áreas hasta entonces restringidas, manteniendo muy pocas limitaciones, como las reservas fiscales.

El Cedib advierte que el sector cooperativista en su pliego petitorio demanda levantar estas pocas restricciones que mantuvo la norma, así como la inmovilización de las áreas de reserva fiscal de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para que les sean adjudicadas a ellas, además de ‘agilizar’ la reversión de áreas mineras consideradas ociosas en favor de las cooperativas mineras.

Los investigadores observan que los cooperativistas en su pliego buscan la ‘desnacionalización’ o privatización de la minería nacionalizada a partir de sus reclamos de renovación y ampliación de los contratos entre la Comibol y las cooperativas, así como una norma que autorice la celebración de contratos y la otorgación de derechos mineros en los salares.

En análisis de los investigadores, desde hace varios años la dirigencia cooperativista minera y el Gobierno coinciden en generar un régimen de excepción que, entre otras cosas, otorga inmunidad a las cooperativas para flexibilizar los derechos laborales de sus trabajadores