23/06/2017 - 07:25:59
EL DEBER.- La defensa legal de los dos militares y de los siete funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) detenidos y condenados en Chile no la pagó el Estado: se pagó con aportes solidarios de sus compañeros de trabajo. Así lo reveló Marlene Ardaya Vásquez, presidenta de la Aduana, quien ayer informó a EL DEBER que los honorarios de los abogados contratados en los bufetes de Iquique y de Santiago superaron los $us 50.000.

“No se ha tocado ni un centavo del Estado Plurinacional, todo ha sido nuestro aporte voluntario”, explicó Ardaya al teléfono, luego de que el capitán de Ejército, Álex Carvajal, y el suboficial, Carlos Calle, y los funcionarios de la Aduana, Arsenio Choque, Casimiro Tórrez, David Quenallata, Karl Guachalla, Bryan Quenallata, Edilberto Raúl Flores y Diego Guzmán fuesen sentenciados a tres años y un día de prisión por robo con intimidación, portación ilegal de armas y contrabando.

Ardaya explicó que los aportes de la plantilla de la Aduana alcanzaron para cubrir el envío de vituallas y artículos (como televisores) para hacer algo menos duro el encierro de los ‘nueve’ en la cárcel de Alto Hospicio, así como para pagar en dos ocasiones pasajes a Iquique para sus familiares, una vez por tierra y otra por avión.

Si bien Evo Morales ha llamado ‘mártires de la reivindicación marítima’ a los procesados en Chile y su administración había anunciado que asumiría el pago de la multa de 32 millones de pesos chilenos (unos $us 48.190) impuesta por la justicia chilena, por otra parte, ayer, la presidenta de la Aduana Nacional ha confirmado que otra recaudación con aportaciones de más de 1.800 funcionarios de esa institución se hará cargo de la fianza.

“Ha habido mucha solidaridad. Incluso hoy día (por ayer) ya hemos definido cuánto va a ser la cuota, en previsión a que se cobre la multa por el tema de las vagonetas de la Aduana. Son $us 48.000, más o menos”, desveló Ardaya, no sin agradecer al presidente Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y al canciller Fernando Huanacuni el haber convertido en una bandera suya la causa de los nueve funcionarios que, asegura, solo combatían a contrabandistas ese 19 de marzo en que los carabineros de
Chile los detuvieron.

Esta explicación se da un día después de que la jueza Isabel Peña, del Juzgado de Pozo Almonte, sentenció a los bolivianos y dispuso el cambio de su pena por su expulsión más una multa de $us 48.190, dinero que el ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció que asumirá el Estado boliviano “mediante los mecanismos que correspondan”, según cita del miércoles de la agencia estatal boliviana ABI.

Más parco, Huanacuni llegó a decir que el cuerpo ministerial trabajaba internamente para ver el pago de esa sanción económica, de modo que se haga viable el retorno de los bolivianos a Bolivia, que perdieron su libertad hace 96 días contando hoy. “Eso (el pago), seguramente Aduana”, dijo en cambio Pablo Menacho, procurador general del Estado, que asistió al juicio. Pero Ardaya hizo las precisiones.

Los medios de recaudación
De acuerdo con la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, en una primera oportunidad la planta ejecutiva y los funcionarios que perciben sueldos que superan los Bs 10.000 de salario aportaron con Bs 300 o 400 para la causa de los ‘mártires’, mientras que los que perciben salarios bajos dieron Bs 157.
Un cable noticioso de la agencia ANF dio cuenta de una denuncia anónima sobre aportes obligatorios. Frente a esa versión, Ardaya aseguró que “nadie fue obligado, que ha sido el cariño de la gente” y que de haber existido obligatoriedad eso se hubiese sabido rápidamente.

“No se ha dicho nada, no se ha hablado nada, pero en realidad el aporte voluntario de todos y cada uno de nosotros, que sumamos más o menos 1.800 (funcionarios), posibilitó la defensa, la contratación de los dos bufetes de abogados, tanto en Santiago como en Iquique”, detalló la ejecutiva.

Los tres frentes

Los funcionarios del Gobierno boliviano se organizaron en tres frentes de acción para el caso de los ‘nueve’: por un lado, la vía de asesoría judicial a la cabeza del ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce; el procurador general del Estado, Pablo Menacho; y el viceministro de Defensa Pública, César Romano, sacaron la cara y coordinaron los alegatos con los bufetes de Iquique y de Santiago.
Un segundo frente, el financiero, a cargo de los 1.800 funcionarios aduaneros que discretamente costearon hasta ahora los cargos con sus aportes; y un tercer pilar, el diplomático, que el presidente Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y el canciller Huanacuni convirtieron en una bandera nacional.

Por este esquema de apoyo, Ardaya agradeció a las autoridades nacionales. “Es invaluable el trabajo de horas del viceministro de Defensa Pública”, valoró la ejecutiva. Como último paso, Ardaya organiza a la Aduana Nacional para recoger de Colchane a los bolivianos el día de su expulsión, quizás el domingo o el lunes que viene.