20/08/2017 - 09:20:18
El Día.- Con la aprobación de la Ley Nro 870 “del Defensor del Pueblo” el pasado 13 de diciembre de 2016, la misma que fue publicada tres días después, el 16 de diciembre, y puesta en vigencia desde entonces dicha instancia ya no es la misma institución independiente y autónoma. La afirmación corresponde a Rolando Villena, ex Defensor del Pueblo, que en diálogo vía teléfono con El Día, lamenta profundamente que el país haya retrocedido, en sostener una institución que parecía consolidada, más aún cuando hoy el gobierno con sus políticas tiene desprotegido a importantes conglomerados sociales como son los pueblos indígenas, en el respeto a sus legítimos derechos.

P. ¿Cómo cataloga este nuevo ciclo del Defensor del Pueblo?
R.V: Dentro del cuadro de situación del actual Defensor del Pueblo, él está sujeto a la nueva ley. Esa nueva ley aprobada a mediados de diciembre de 2016, le quita todas las competencias que tenía dicha instancia de acuerdo a la anterior Ley 1818. Eso quiere decir, que no tiene la autonomía administrativa que debía tener; y otro aspecto importante, todo lo que se relacionaba a mi gestión la ley decía que el Defensor no recibe ninguna orden del Estado. Todos esos principios han cambiado. En ese contexto, ha habido un cambio total y retroceso a la vez.

P. ¿Qué representa a ser hoy la Defensoría?
R.V: Esta institución en los hechos, con la nueva Ley, pasa a ser un organismo dependiente del Ministerio de Justicia. A partir de eso las funciones que tiene, se han convertido en simplemente administrativas y todo lo que estaban en el cuadro sustantivo de las competencias relacionadas con defensa de los derechos civiles y políticos, defensa de los derechos colectivos, defensa de los derechos humanos, desaparecen. Entonces su accionar es muy limitado.

P. ¿Considera un retroceso?
R.V: Evidentemente, dado que esto genera un vacío que la gente lo está percibiendo con mucha claridad. Es de lamentar que no tengamos una institución defensora del pueblo que pueda asumir su responsabilidad como lo hacía antes, más aún cuando durante más de una década nos costó a los bolivianos construir. Actualmente la Defensoría no es ni la sombra de lo que fue.

P. ¿Tiene que ver con el actuar del actual Defensor?
R.V: Es que ese cambio tan sustancial no hubiera sido posible como experimenta el actual defensor (David Tezano). Ahora esto tiene que ver también con la formación y experiencia en Derechos Humanos. Aún así, con competencias reducidas, cualquier funcionario, especialmente él podría ejercer un liderazgo en materia de derechos humanos, pero (el Sr. Tezano) más parece estar pendiente de si va haber alguna observación de algún órgano del Estado. Entonces la figura es totalmente distinta y anodina, esto no está permitiendo que la gente se sienta apoyada en ninguna reivindicación de derechos y restitución de los mismos, tampoco.

P. ¿Se puede decir que la defensoría dejó de ser tal?
R.V: A estas alturas evidentemente sí. Hay dos conceptos importantes que diferenciar en ese contexto: uno es la legalidad, que actualmente se podrá gozar todavía; pero el otro tema es la legitimidad.

La legitimidad se la construye, en la medida de que el pueblo se sienta no solamente representado sino que se sienta protegido. Como eso no hay, lamentablemente, el trabajo de 17 años de construcción queda solamente en la historia.

P. ¿Donde surge el quiebre que deriva en la situación actual?
R.V: El quiebre surge en momentos muy difíciles de mi gestión. El 2010 marcó hechos importantes, que luego siguió con los hechos luctuosos de Caranavi, donde una movilización fue reprimida de manera innecesaria con saldo dos jóvenes muertos. Ahí, el informe defensorial fue el inicio del quiebre con el gobierno.

Pero el más descollante fue el 2011 con el informe defensorial de Chaparina, en la represión a la marcha indígena de tierras bajas en defensa del Tipnis. Todo eso hizo que las relaciones institucionales de coordinación sobre derechos humanos no fueron posibles porque la defensoría fue colocada en Stand By. Aún así, hemos dado batalla, dado que hemos logrado que muchas recomendaciones tuvieran seriedad y alta capacidad profesional, incluso con el acompañamiento del final de los informes, de los peticionarios.

P. ¿Con cuánto personal trabajaba el Defensor del Pueblo?
R.V: Cuando dejé mis funciones teníamos 220 funcionarios, 115 de planta, el resto era personal interino, consultores en línea, pero gozaban de todas las garantías y de todos los derechos laborales. Además, era un personal de alta capacidad profesional, cuya laboral repondía a una gestión de quejas adecuadamente sistematizados de principio a fin.


P. ¿Ahora cómo se encuentra?
R.V: Ahora no hay absolutamente nada, en gestión de casos (quejas), prácticamente ya no se hace. A menos de la atención al colectivo LGTB, no hay ese enfoque institucional que le dimos a la gestión de casos. Nosotros en ese ámbito pusimos la vara en el nivel más alto, con cada caso ampliamente documentado y sistematizado. Por ejemplo, en el periodo 2010 y 2015 se recibió 92.214 casos, es decir el 42% del total reportado en la historia de la institución, que alcanza a 219.074 denuncias. Todo eso ha desaparecido. El personal que teníamos ha sido reducido a su mínima expresión.

P. ¿Qué sentimiento le deja todo esto?
R.V: Preocupación. La gente al final de cuentas sabe lo que está pasando. Hay mucha consideración con lo que hicimos, dado que habíamos logrado construir un modelo de Defensoría del Pueblo y el perfil ideal del Defensor del Pueblo. La suerte está echada, pero hay que seguir alentando la capacidad del pueblo en la línea de la exigibilidad, sobre todo en la demanda y rearticulación sobre todo de los pueblos indígenas. Hay un problema estructural importante, pero no por eso podemos bajar los brazos. Hay que reinventar esperanzas y nuevos desafíos.

De pronto, esos 17 años de logros se convirtieron como parte de la historia, por falta de independencia y una alta concentración del poder central