27/05/2018 - 10:39:33
Opinión.- El asambleísta departamental L.V. del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba, denunciado por supuesto acoso sexual, solicitó su habilitación en días previos a las elecciones de directiva.

Se conoció que la autoridad dejó el cargo a su suplente a principios de año, fecha en la que iban a imputarlo, de acuerdo a la información proporcionada por fuentes de la Asamblea.

La presidenta de la institución, Jacqueline Pozo, fue quien denunció el hecho registrado a principios de julio de 2017. Entonces, el asambleísta retornaba en un vehículo oficial a cargo del chofer e iba con ellos una funcionaria quien fue víctima de acoso sexual, al retorno de los actos de aniversario de un municipio del Trópico.

Luego de que ocurrió el hecho, el denunciado todavía acudía a la Asamblea, motivo por el que la víctima decidió apartarse de la institución.

Pozo fue la denunciante, luego la víctima se convirtió en querellante.

La Presidenta de la Asamblea Legislativa informó que en estos meses hubo retrasos en el avance del proceso. Uno de los primeros hechos que influyó en el caso fue la vacación judicial. Pero, hubo más.

“Tengo conocimiento que está en etapa de imputación y la audiencia de medidas cautelares se ha postergado ya cuatro veces. A la primera se presentó sin abogado y en las otras habría presentado certificados médicos”.

El asambleísta L.V., quien el año pasado era jefe de bancada del MAS, dejó a su suplente y en la Asamblea y se conoció que solicitó en días pasados su habilitación para el 28, 29 y 30 de mayo. La Asamblea tiene prevista la realización de reuniones, informes y la elección de la Directiva en estos días.

Para Pozo, este retorno no sería casual.

“Estaría pretendiendo llegar para asumir una cartera (...). Él se alejó con el tema de la alternancia, pero, por ética y moral debería alejarse de la institución hasta que por lo menos pueda defenderse de su proceso”.

Legalmente, en tanto no haya una sentencia ejecutoriada en su contra, el asambleísta no puede ser obligado a retirarse. Pozo lamentó que la Asamblea cochabambina todavía no cuente con un reglamento de ética para tratar situaciones como esta. “Es una gran debilidad”.