La Contraloría General del Estado (CGE) informó que una reciente auditoría estableció que el nivel de la contaminación del río Rocha, en el departamento de Cochabamba, aumentó la última década por un "deficiente y casi inexistente" trabajo de mitigación ambiental.

    "La auditoría ambiental realizada permitió concluir que el desempeño ambiental de las entidades evaluadas, en lo que respecta a la mitigación de los impactos ambientales que recibe el río Rocha, ha sido deficiente o inexistente en algunos casos", dijo el gerente de Evaluaciones Ambientales de la CGE, Roberto Pérez.

    Informó que esa auditoría fue realizada a principios de mayo para establecer el grado de desempeño de la Gobernación de Cochabamba y las alcaldías de Sacaba, Colcapirhua, Cercado, Vinto, Sipe Sipe y Quillacollo, en lo que respecta la preservación del afluente.

    Pérez informó también que el estudio determina que la calidad del agua del río "es mala, muy mala o altamente contaminada en varios sectores evaluados", por lo que su uso no es recomendable para actividades agropecuarias, como el riego.

    El gerente de Evaluaciones Ambientales de la CGE indicó que ante ese hecho, que constata la situación de ese rio, decenas de campesinos continúan utilizando el líquido de ese cauce para regar sus productos agrícolas, poniendo en riesgo la salud de los consumidores de contraer enfermedades intestinales y bacterias fecales.

    "Nosotros hemos visto que las aguas del río Rocha no tienen la calidad necesaria para ser usadas directamente para riego y sin embargo las usan para esa finalidad", sostuvo.

    Asimismo, Pérez informó que esos datos muestran que la contaminación orgánica del afluente empeoró desde 1998, de acuerdo a una comparación de datos con estudios de referencia efectuados hasta el 2011.

    Dijo que esa contaminación es el resultado de falencias en el control de las descargas crudas o aguas residuales industriales y municipales deficientemente tratadas, además de un inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos.

    Pérez reveló que hasta la fecha aún no se cuenta con un plan de emergencia ambiental institucional, por lo que se presentó 44 recomendaciones que deberán ser aplicadas.

    Indicó que se esperará una respuesta por parte de las entidades involucradas, para definir qué acciones se efectuarán y un cronograma de ejecución a corto plazo.

     La Contraloría General del Estado inició en esta gestión la realización de auditorías ambientales en el río Piraí (Santa Cruz), prosiguió en el río Rocha (Cochabamba) y continuará su gestión en afluentes de la ciudad de El Alto (La Paz), mismos que desembocan en el lago Titicaca.