Santa Cruz.- La mantención de hogares y centros de rehabilitación no es competencia directa del Gobierno Municipal, así lo afirmó María Rosa Valencia, directora municipal de Género y Generacional.

“Se les dona dinero, comprendiendo que los recursos que les brinda el Estado a través del Tesoro General de la Nación (TGN) y de las Gobernaciones son insuficientes”, dijo.

Según el artículo 182 de la sección V del Código de Niño, Niña y Adolescente, “El Estado deberá asignar en el Presupuesto General de la nación los recursos necesarios a través de la partida correspondiente para el funcionamiento de los programas de atención”.

El código del menor considera como programas de atención a guarderías y centros infantiles, entidades de acogimiento, centros de atención y tratamiento a niños, niñas y adolescentes dependientes de drogas y alcohol, centros dirigidos al cumplimiento del régimen de semi-libertad, al régimen de libertad asistida y centros de privación de libertad, entre otros.

En el artículo 55 del mismo código del menor, dice que la tutela del Estado es indelegable y la ejerce por intermedio de la instancia técnica gubernamental correspondiente con sujeción al presente código y a las responsabilidades del Código de Familia; “y el responsable directo es la Gobernación cruceña. El Gobierno Municipal apoya a programas de este tipo con donaciones a través de convenios, no porque sea una competencia directa”, dijo Valencia.

El monto que anualmente distribuye el municipio en calidad de donación a  los 29 hogares y centros de rehabilitación, asciende actualmente a Bs 1.750.000 y de acuerdo a Valencia este monto es menor al monto que distribuye la Gobernación.
Explicó también que como requisito y norma para la entrega de recursos económicos, cada Hogar o Fundación debe presentar anualmente también una serie de documentos. “Y algo que no dicen esas instituciones es que ellos nunca presentan a tiempo esa documentación o la presentan incompleta y por ello se retrasan los procesos de desembolso”, aseguró Valencia.

La autoridad municipal también aclaró que las carpetas con la documentación de 12 de estas instituciones fueron remitidas al Concejo Municipal el 17 de abril de 2012, para su aprobación en un plazo de 15 días de acuerdo a la normativa, “después de esos quince días sin respuestas, exigimos la documentación y el Concejo solicitó una prórroga. O sea que el Concejo Municipal pudo aprobar la entrega de estos recursos a los hogares y fundaciones, incluso antes de sus conflictos internos que iniciaron recién el 7 de junio, dos meses antes de su conflicto no pudieron revisarlo, ni aprobarlo”, sentenció Valencia.