De las 19 autoridades judiciales electas, 9 son mujeres y 5 se autoidentifican con un pueblo o nación indígena

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De las 19 autoridades electas del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 9 son mujeres y 5 declararon su autoidentificación con un pueblo o nación indígena de Bolivia.

Las 9 mujeres son las magistradas electas para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Amalia Laura Villca (Potosí) y Paola Verónica Prudencio Candia (Oruro); y las magistradas electas para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Rosmery Ruiz Martínez (Tarija); Norma Velasco Mosquera (Potosí) y Fanny Coaquira Rodríguez (La Paz).

Además de las magistradas electas para el Tribunal Agroambiental (TA) Rocío Vásquez Noza; Roxana Chávez Rodas y María Soledad Peñafiel Bravo y la consejera electa Gabriela Paula Araoz López.

En el caso de las autoridades electas y con autoidentificación indígenas están Rocío Vásquez Noza (Mojeño Trinitaria); Víctor Hugo Claure Hinojoza (indígenas originario campesino nacido en la Comunidad Plano Bajo-Tiraque); Richard Cristhian Méndez Rosales (Quechua); Primo Martínez Fuentes (indígenas originario campesino perteneciente a la Nación Suyu Sura) y Amalia Laura Villca (Originaria del Ayllu Chiro, Marka Sacaca Suyu Charca Qhara Qhara).

Electas el 15 de diciembre, estas 19 nuevas autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura, además de sus suplentes, recibirán sus credenciales este 30 de diciembre, en un acto especial, en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB).

Las elecciones judiciales fueron parciales por efecto de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ante recursos presentados por aplazados o marginas del proceso de preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En estas elecciones se registró un 82% de participación de la población y el 65% de los votos fueron válidos, revirtiendo la tendencia de las anteriores dos elecciones, de 2011 y 2017, donde, en promedio, los votos nulos y validos superaban el 60%.