Fiscalía se lava las manos ante inminente estado de excepción

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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, desató una tormenta institucional al ordenar el repliegue total de sus operadores a las oficinas principales. El Ministerio Público rehúsa pisar los puntos de bloqueo en las carreteras del territorio nacional, marcando una distancia radical de las futuras operaciones de pacificación.

La determinación fiscal quitaría el paraguas de legalidad inmediata a las fuerzas combinadas en el terreno, según reportes desde el lugar de los hechos. La máxima autoridad del Ministerio Público instruyó trabajar exclusivamente bajo informes de acción directa entregados en los escritorios.

La Ley de Regulación de Estados de Excepción exige la dirección funcional obligatoria de los fiscales durante los despliegues de militares y policías. Sin embargo, la cúpula judicial ha decidido ampararse en los vacíos normativos para resguardar la seguridad física y jurídica de su propio personal.

• ⚖️ El artículo 22 de la norma vigente establece que la ausencia fiscal no frena la intervención directa de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

• 📋 Los fiscales de materia mantendrán un esquema de vigilancia de 24 horas los siete días de la semana, pero únicamente dentro de sus dependencias oficiales.

• 🛡️ La Fiscalía General justificó la retirada alegando que carece del resguardo físico necesario y de los elementos de choque que poseen los uniformados.

• 🏛️ El aparato judicial ratificó su absoluto respeto a las resoluciones del Legislativo y del Ejecutivo, pero blindando estrictamente sus competencias específicas.

La sorpresiva retirada de los fiscales deja al Gobierno en absoluta soledad operativa para asumir los costos políticos y humanos del desbloqueo de las rutas. El repliegue del Ministerio Público expone el temor a futuros procesos internacionales por violaciones a los derechos humanos si los operativos se salen de control.

Los mandos uniformados quedan en una posición de alta vulnerabilidad jurídica al no contar con la validación de un fiscal que avale los arrestos y el uso de la fuerza. La decisión de la Fiscalía quiebra la unidad del aparato estatal en el momento más crítico de desabastecimiento generalizado.

El Dato de Cierre es que la determinación de Roger Mariaca de lavar las manos de la Fiscalía ante el conflicto en las rutas obligará al Ejecutivo a recalibrar la activación del Estado de excepción, sabiendo que cada captura o contingencia en las carreteras carecerá del aval del Ministerio Público en el momento del impacto.

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