Cuando me notificaron con la noticia de que debía enfrentar un juicio por nada menos que genocidio, no pude evitar sonreír. Yo que no congeniaba con mi padre cuando él quería enseñarme a cazar y no me hacía gracia los conejos o las perdices o las vizcachas que traía como trofeos, ahora era nada menos que un hombre acusado del peor de los crímenes que se pueden cometer: el genocidio.
Ironías de la vida sin duda alguna. No se explican con facilidad, porque simplemente suceden. Me dejaron todo un escrito donde los acusadores hablaban de muertos y heridos, causados, por el neoliberalismo, por racismo, por razones históricas de sometimiento de los aimaras, y al final simplemente porque junto con otros ciudadanos fui Ministro de Servicios Financieros.
Que esta cartera no tenga ninguna relación de responsabilidad con la administración de un conflicto, parecía que no era un detalle mayor, sino una insignificancia a la que darle importancia era simplemente un error.
Debía entender que los hombres encargados de estudiar las leyes y su manera de administrarlas, tenían que tomar en cuenta, que yo no tenía antecedentes de violencia en mi conducta, que estaba en una cartera de gobierno técnica y que al final mi permanencia en el Gabinete era de 60 días, de agosto a octubre. Con esto y el hecho de que el mismo Fiscal reconoce que no participé en los hechos de fuerza ni fui parte de los responsables que tomaron decisiones en esos días, bastaba para sentir la tranquilidad suficiente de que esa notificación era nada más que una formalidad sin ninguna posibilidad de éxito conmigo.
Con ese convencimiento, me presente a declarar en Sucre y demostrar que como Ministro de Servicios Financieros firmé un Decreto Supremo por el cual se encargaba al Ministro de Defensa a que resguarde una caravana de cisternas con gasolina para abastecer a la ciudad de La Paz.
Debía haber sospechado entonces que esas declaraciones, los descargos y todo lo que fuera de hacer, no era nada más que una burla, porque nada de lo dijera o explicara serviría para que suspendan el juicio en mi contra o al final para que me declaren inocente de semejante acusación.
Pero testarudo como mi abuelo José Archondo, fui al juicio para decir lo único que tenía que decir: soy inocente, no hay pruebas de mi participación en un genocidio y han transcurrido más de tres años sin que yo haya realizado ninguna gestión para entorpecer las averiguaciones que hizo el Fiscal en todo ese tiempo, por tanto este juicio a precluido.
Y aunque parezca mentira la Corte Superior de Justicia me respondió que el Código de Procedimiento Penal no servía sino de referente en este caso. En otras palabras se me iba a juzgar con el mejor criterio de unos jueces sobre cuyas cabezas pendían juicios por prevaricato.
Y solo entonces, cuando las instancias de explicación se agotaron decidí buscar refugio, para no ser manoseado ni tratado injustamente y peor sentenciado por algo que no hice ni fue de mi responsabilidad.
Entonces pregunto: ¿Cómo la institución denominada Derechos Humanos, se hace la sorda, ciega y muda en mi caso?, ¿cómo tiene la desfachatez de enviar cartas a mandatarios pidiendo que me nieguen el refugio?
Ahora que ha transcurrido el tiempo suficiente, cuando todos se dan cuenta de que la justicia es una manzana podrida en manos de los verdaderos responsables de esos hechos por los cuales se pretende sentenciarme, puedo gritar con fuerza y con la frente en alto por mis derechos, que han sido pisoteados, mancillados y desconocidos.
Nunca tuve miedo de enfrentar la Justicia, pero la justicia que se administre con imparcialidad y con la ley en la mano, no la justicia administrada por unos cipayos del Gobierno, compuesto por ciudadanos que si tienen una hoja de vida manchada con hechos de sangre y de violencia, los cuales quieren juzgarme, como si fuera parte de su pandilla.
Antes muerto que entregarme a la manos de los verdaderos genocidas.
