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Alejandro A. Tagliavini

De cómo el Estado combate a la pobreza


2015-11-11 - 19:55:36
Un fallo de la Suprema Corte mexicana autoriza el consumo, cultivo, transporte y posesión de marihuana a una asociación de fumadores sin ánimo de lucro, lo que allana el camino para que otros reclamen lo mismo. El tribunal ha privilegiado la libertad por sobre los efectos en la salud. Insólitamente, sólo el PRD de izquierda apoya la “legalización”, la no criminalización de los ciudadanos. El presidente iniciará un debate y, aunque su opinión es contraria, aceptaría la “legalización” dentro de un marco regulatorio.

Como nunca he consumido drogas “ilegales” ni soy especialista, no puedo dar mi opinión personal, pero muchos científicos de prestigio han hablado de lo terriblemente dañinas que son. En cualquier caso, definitivamente la solución no pasa porque el Estado las prohíba coactivamente porque solo logrará una excusa para que los funcionarios decidan arbitrariamente -corrupción de por medio- quién puede y quién no usar estas drogas.

Es creíble el testimonio del hijo del capo de las drogas Pablo Escobar, en el sentido de que Frank Sinatra era socio de su padre. Y más creíble que “la DEA (agencia antidrogas) cobraba a mi papá ‘impuestos’ para permitir que la cocaína entrase en EE.UU.” ‘Hecha la ley, hecha la trampa’ describe el sabio refrán en cuanto a lo que ocurre cuando coactivamente se pretende desviar el curso natural de los hechos: una ley coactiva solo promoverá la corrupción ya que los forzados se verán tentados a sobornar para conseguir lo que no pueden hacer naturalmente.

Según un informe del Imco, compuesto por académicos y ejecutivos mexicanos, el 63% de los empresarios considera que la corrupción es parte de la cultura del país. Irónicamente, de no ser por los sobornos muchos negocios no podrían existir y la pobreza social sería superior. El 70% dice que sus gobernantes no cumplen la ley y el 77% no confía en la policía y el 60% tampoco en los jueces.

El problema con la coacción -basado en el poder policial y militar, el monopolio de la violencia estatal- es que desvirtúa el desarrollo natural de las cosas y, por tanto, destruye. Probablemente, el caso más irónico sea el del “combate a la pobreza” con estas armas: el Estado impone impuestos a los ricos para solventar programas de promoción y ayuda social.

Pero los impuestos necesariamente son derivados hacia abajo –subiendo precios, bajando salarios, etc.- y terminan pagándolos los pobres a quienes les vuelve solo una parte ya que el resto se pierde en corrupción y otros gastos. Créame, se lo digo con toda seriedad después de investigar el tema, así es imposible erradicar la pobreza y los políticos lo saben, pero como no quieren reconocer su ineptitud, ignoraran e intentarán tapar el problema sin importarles que la gente muera. Remarco: sin importarles que la gente muera.

A tal punto es así que muchos políticos -y no es broma- creen que la solución es asesinar a los pobres. Corría la década de los 90 en Perú, y el presidente Alberto Fujimori creó el "Programa de salud reproductiva y planificación familiar 1996-2000". Todavía hoy, con más de 2.000 denuncias registradas y una cifra estimada de más de 300.000 mujeres y hombres esterilizados -se desconocen cuantas fueron forzadas, la mayoría mujeres analfabetas que sólo hablan quechua- el actual Gobierno no pone el énfasis que debería en la investigación. Es que no le conviene del todo, al fin de cuentas, son políticos.

*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California
https://twitter.com/alextagliavini (@alextagliavini)

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