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Dante N. Pino Archondo

Pido la renuncia del presidente


2017-12-07 - 20:33:07
Las decisiones políticas tienen siempre efectos jurídicos. Por eso los poderes que constituyen el Estado de Derecho emiten leyes, decretos y resoluciones que convierten la voluntad política en una norma de aplicación obligatoria y por tanto de cumplimiento por parte de los gobernados. Si esto no fuera así, las decisiones políticas no tendrían efecto alguno en el comportamiento social.

Digo esto porque en uno de tantos intercambios por las redes sociales, un ciudadano me dijo que la Resolución del TCP estaba mal pero que eso no le quitaba al gobierno su carácter constitucional y no habría que andar despertando demonios. La posición de este ciudadano mostraba un descontento con lo actuado por el TCP, pero no le asignaba a ello ningún efecto legal, algo así como si hubiera sido un mero chiste del tribunal de mal agrado, pero nada más. Otro ciudadano ex presidente de la republica dijo que habiéndose producido la resolución señalada no había otra cosa que prepararse para enfrentar al presidente Evo Morales en las próximas elecciones y pedía la unidad de la oposición.

Inclusive algún comentarista dijo que era peligroso actuar políticamente ahora porque el efecto de la resolución será el 2019 y hasta entonces el gobierno era constitucional y las movilizaciones podían ser acusadas de conspirativas.

Es importante aclarar esto. Tenemos que remitirnos a los conceptos básicos de lo que se entiende por Estado de Derecho, es decir al acuerdo primario del soberano de constituir una ley de la cual emana la base jurídica sobre la que se edificará la estructura de gobierno y se establecerán los derechos y deberes de la sociedad, es decir de establecer una constitución de carácter político y que conforma el Estado.

La constitución política del Estado no es entonces cualquier cosita que se puede tomar en serio o en broma y se puede acatar o no dependiendo el humor que uno tenga. Tocar la constitución es meterse con el asunto más delicado y serio que conforma el pacto social. Gracias a la constitución política del Estado una sociedad puede mantener el orden y la convivencia que aseguren la continuidad del Estado y por tanto de la república. Por eso nadie puede colocarse por encima de ella, ningún ciudadano independientemente de su condición social, religiosa o cultural sea gobernante o gobernado puede desconocerla y tanto es así que ninguna norma dictaminada por cualquiera de los órganos de poder, o de las estructuras de gobierno sub nacional puede entrar en contradicción con la constitución o no estar de acuerdo con lo que ella manda y determina.

Es la base sobre la que se edifica la institucionalidad del Estado. Esto es lo que ha sido grotescamente manoseado por el gobierno del presidente Morales, no solo con la última resolución del TCP sino ya hace varias veces y años atrás. Recapitulemos esas violaciones sistemáticas a la Constitución por el presidente Morales: la ley de necesidad de la reforma el año 2004 que solo permitía la reforma parcial de la constitución se aplicó para la reforma total de la misma, eso ya fue inconstitucional en si mismo. La nueva Constitución aprobada el año 2009 no permitía al presidente Morales ser re electo pero el TCP emitió una resolución inconstitucional indicando que la elección primera del presidente Morales correspondía a la “inexistente República de Bolivia” y lo habilitó, a pesar de que el presidente firmó un documento secreto con la OEA como testigo de que no sería el 2014 nuevamente candidato, lo fue, en clara violación constitucional, y todo esto no se puede tomar como algo pasajero o como un incidente en la vida política boliviana. Al contrario siguiendo con su ruta inconstitucional el presidente Morales apostó con el referéndum del 21 de febrero de 2016 para seguir siendo candidato para las elecciones del 2019, perdió ese referéndum y en una demostración concreta de que a él no le importa la constitución, es decir, la ley del leyes, obliga al TCP a violarla nuevamente exigiendo con movilizaciones cocaleras a la misma puerta del tribunal que emitan la resolución por la cual se declara a la constitución inconstitucional, un contrasentido que no puede pasarse por dará como si fuera un chiste de mal gusto. Este ha sido un acto grave cometido por el Gobierno en una demostración total de que no le importa la ley y que considera sus ambiciones personales como derechos humanos que están por encima de los derechos del soberano.

Las consecuencias jurídicas que se derivan de esta decisión política, es la ruptura del pacto social, es decir el Gobierno ha renegado de la ley de leyes y por tanto ha hecho saltar por los aires el Estado de Derecho. El efecto inmediato es su conversión en un gobierno de facto, porque no está sustentado en el orden constitucional.

Esta es la dimensión de lo obrado y siendo así resulta incomprensible que haya quienes quieran todavía ver al actual gobierno como un gobierno constitucional, que esperan al 2019 para recién enterarse de que no lo es, o que traten de ganar espacios políticos asumiendo de que lo hecho, hecho está.

Los bolivianos no podemos caer en la estupidez y menos en la inocentada de creer que nada a pasado y que todo sigue igual. ¡Se ha violado la constitución! Si no somos capaces de darnos cuenta de la magnitud de este hecho entonces nos merecemos todo lo que después se venga.

El Gobierno del presidente Morales no dará un paso atrás, siempre ha estado dispuesto a violentar la ley para continuar en usufructo del Poder. Puestas las cosas de esta manera el pueblo debe pedirle la renuncia, porque ha dejado de ser Presidente Constitucional ha traicionado la voluntad del soberano y ha colocado sus intereses por encima de los intereses del pueblo boliviano. No somos los que pensamos de esta manera subversores, ni estamos conspirando, ya que es el mismo presidente Morales el que ha renegado de su condición constitucional, al haber traicionado su juramento en el seno de la Asamblea Legislativa de respetar y hacer respetar la constitución.

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