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Condenan a certificadora de prótesis mamarias


2017-01-20 - 13:14:16
El tribunal de comercio de Toulón, sur de Francia, condenó este viernes a la compañía alemana de control TÜV, certificadora de las prótesis mamarias fraudulentas PIP, muchas de ellas vendidas en América Latina, a indemnizar con 60 millones de euros a 20.000 demandantes.

“El monto definitivo será fijado tras una pericia, pero desde ya está condenado a pagar 3.000 [euros por demandante]”, explicó Laurent Gaudon, representante de unas 7.000 querellantes.

La mayoría de demandantes en esta causa son latinoamericanas, aunque también participan ocho distribuidores de prótesis PIP en el extranjero.

El escándalo de las prótesis mamarias de la compañía francesa Poly Implant Prothèse (PIP) fue descubierto en marzo de 2010.

La empresa utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico en vez del gel Nusil autorizado, que declaraba utilizar. La certificadora alemana se limitaba controlar los documentos del fabricante, y no la silicona utilizada.

En 2013, el tribunal de comercio de Toulón había condenado a la empresa a pagar 3.400 euros a 1.700 demandantes, a la espera de una pericia para determinar los daños sufridos por cada una de estas víctimas.

Pero ante la corte de apelación de Aix en Provence (sur), TÜV fue eximida de cualquier responsabilidad en el caso. Un recurso contra este fallo está en curso.

“Estas decisiones son totalmente contradictorias con las posiciones tomadas por las jurisdicciones y autoridades que estudiaron el fondo del caso PIP”, reaccionó en un comunicado la abogada de TÜV Cécile Derycke.

“El tribunal de comercio de Toulón persiste en ignorar los elementos muy claros del dosier PIP que establecen que el organismo TÜV Rheinland (…) cumplió con su misión”, agregó, anunciando que apelará la decisión.

Las prótesis de PIP eran fabricadas en Francia, pero el 84% de la producción era exportada.

Decenas de miles de prótesis fraudulentas fueron vendidas en el mundo, muchas de ellas en América Latina.

En Argentina, por ejemplo, unas 300 afectadas presentaron una demanda colectiva por 54 millones de dólares en 2013, aunque luego la justicia francesa estimó que la póliza de seguros de PIP sólo cubría a las ciudadanas francesas.

Brasil, por su parte, había prohibido años atrás la importación de las prótesis de PIP, entre otras marcas europeas, por decisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

En Venezuela, la Alianza de Usuarios y Consumidores (Anauco) anunció hace más dos años que unas 4.000 venezolanas usuarias de prótesis de esta marca francesa también preveían realizar una querella colectiva.

Las autoridades francesas dieron cuenta de 18.000 mujeres a las que se debió retirar los implantes.

LA PATILLA

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