- #Bolivia
- 2024-05-12
-
-
-
Loading
Loading
[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]
Santa Cruz
La Bancada de Diputados de Poder Democrático Social (Podemos) y la Brigada de Santa Cruz presentaron dos denuncias ante el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, contra el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Gral. Luís Trigo y el Comandante de la Policía Nacional, Gral. Miguel Vásquez.
Ambas autoridades fueron denunciadas por violar los derechos humanos y la Constitución Política del Estado (CPE) al amenazar a los ciudadanos que participarán del referéndum autonómico del 4 de mayo en el departamento de Santa Cruz y por las acciones de represión en la ciudad de Camiri.
El jefe de bancada, Oscar Antonio Franco y los Diputados Ronald Moreno y Carlos Pablo Klinsky explicaron a Albarracín que el saldo de más de 20 camireños heridos por una acción represiva de las FFAA es producto del incumplimiento del gobierno de un acuerdo firmado con esa población el 5 de marzo de 2007, por el Ministro de Hidrocarburos y Energía, Carlos Villegas Quiroga y la Ministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Susana Rivero.
Los parlamentarios cruceños pidieron que cese la injusta "intervención militar" a la ciudad de Camiri y se restituyan las garantías y derechos constitucionales de todos los pobladores de esa ciudad.
A su vez, el diputado Klinsky presentó otra denuncia contra el Comandante de las FFAA y el Comandante de la Policía Nacional, la misma que está referida a la violación de los derechos fundamentales de las personas, a la Constitución Política del Estado e Incumplimiento de deberes formales.
El 24 de marzo el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Luis Trigo, advirtió con sancionar a quienes impulsen el Referéndum del 04 de mayo en Santa Cruz, expresando opiniones de carácter político sobre lo que es Autonomía y Federalismo. En la misma línea, el Comandante de la Policía Nacional declara que no custodiará los recintos electorales cuando se realice el Referéndum del 04 de mayo
Esta denuncia señala que de parte de la autoridad castrense y policial existe incumplimiento a la norma Constitucional y violación a los Derechos y Garantías de las personas, pese a que ambas responsabilidades están establecidas en nuestra Constitución y en Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Bolivia.
Según la Carta Magna vigente, las FFAA tienen la obligatoriedad constitucional “De Defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales; asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado…(Art. 208)â€.
La Constitución también establece que “la organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera, y está sujeta a las leyes y reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por ley†(Art. 209).
En el caso de la Policía Nacional, nuestra Constitución le da el siguiente rol: “La Policía Nacional, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional. Como institución no delibera ni participa en acción política partidaria Art. 215).
